Según dio a conocer el Ministerio del Interior a través de su sitio web, la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol forma parte de una misión orientada al intercambio con fuerzas del orden y organismos vinculados a la investigación y respuesta frente a delitos asociados a la pesca y otras actividades conexas, organizada por el Programa sobre Delitos contra el Medio Ambiente de Interpol.
En el encuentro hicieron presencia los Subdirectores de la Policía Nacional, Comisario Comisario General (R) Julio Sena y Comisario General Robert Taroco; el Director Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional, Comisario General (R) Pablo Lotito; y el Director General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, Comisario Mayor Juan Álvez.
La tarea está direccionada a todos los ministerios del Estado y organismos que tienen competencia en la pesca ilegal y delitos conexos. Estos incluyen la trata, la explotación laboral, el trabajo forzoso, también puede ser utilizado para trasladar sustancia a través de esos buques que transportan la pesca ilegal. Según explicó el Director General de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas e Interpol “los desafíos que enfrentamos no tienen fronteras y requieren respuestas coordinadas con los canales que ofrece Interpol”,.
A través de iniciativas coordinadas y eventos de esta índole, Álvez aseveró que «se refuerza el compromiso de nuestra nación hacia la protección de los recursos naturales. La inclusión de representantes de varias organizaciones, tanto nacionales como internacionales, evidencia que los retos que enfrentamos trascienden fronteras y necesitan respuestas conjuntas mediante los caminos que facilita Interpol».
Juan Álvez afirmó que «este encuentro constituye una excelente oportunidad para intercambiar experiencias, buenas prácticas y habilidades técnicas que nos ayudan a mejorar nuestras estrategias de investigación y fortalecer mecanismos efectivos de cooperación operativa».
El objetivo es fomentar la cooperación internacional y demostrar que el canal de Interpol es un canal seguro que se ofrece para intercambiar información no solo con la Policía Nacional, sino con todos los organismos que trabajan en investigar y detectar este tipo de delitos.
La lucha global contra la pesca ilegal y delitos conexos en el mar revela una asimetría entre las naciones desarrolladas y los países en desarrollo, donde la falta de recursos y la evasión jurídica en alta mar perpetúan la impunidad. Mientras que mercados de alto consumo como la Unión Europea y Estados Unidos implementan sistemas avanzados de trazabilidad y sanciones comerciales estrictas, las regiones como América Latina enfrentan la pérdida masiva de biodiversidad y la proliferación de redes de crimen organizado que explotan a tripulaciones vulnerables.
Esta brecha económica y operativa sabotea los esfuerzos de gobernanza marítima internacional, ya que los barcos pesqueros ilícitos simplemente trasladan sus operaciones hacia zonas con menor capacidad de patrullaje, aprovechando los vacíos legales para camuflar pescado capturado con mano de obra esclava dentro de la cadena de suministro global.
Esta disparidad de recursos financieros determina el éxito o fracaso de la vigilancia marítima en las distintas regiones del planeta. El Norte Global dispone de constelaciones de satélites de radar de última generación y procesa datos avanzados mediante inteligencia artificial en tiempo real para predecir delitos y monitorear flotas a gran escala. Por el contrario, el Sur Global, carece del presupuesto básico para el combustible de sus lanchas patrulleras y depende de observaciones visuales humanas obsoletas.
Esta falta de recursos tecnológicos provoca que las agencias de defensa pesquera operen sin conexión a las redes policiales internacionales y sin la capacidad de interceptar las embarcaciones criminales que violan sus Zonas Económicas Exclusivas.
El contraste más crítico radica en el marco legal aplicable según la bandera de la embarcación y el rigor de las normativas de los países costeros. Los Estados comprometidos con la legalidad marítima exigen inspecciones obligatorias bajo el estándar del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, implementan registros biométricos de los tripulantes y obligan a la transmisión ininterrumpida de sistemas de localización satelital.
En el ámbito humanitario, las redes de criminalidad organizada explotan de manera diferenciada las crisis socioeconómicas globales para abastecer crónicamente a las flotas pesqueras de mano de obra barata o esclava.
América Latina enfrenta la presencia constante de masivas flotas pesqueras extranjeras, principalmente de origen asiático, que se posicionan de manera estratégica en el límite de las Zonas Económicas Exclusivas de países como Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Estas flotas operan en los márgenes de la legalidad internacional, utilizando puertos de la región para reabastecerse y realizar transbordos de carga que ocultan tanto la captura indiscriminada de recursos como las condiciones de esclavitud moderna a las que someten a tripulaciones compuestas por migrantes de diversas nacionalidades.
La respuesta de los países sudamericanos ha avanzado hacia la cooperación mediante la creación de alianzas para el intercambio de datos satelitales, pero la inmensidad del océano Pacífico supera con creces la capacidad de patrullaje físico de sus armadas.
El Océano Atlántico Sur, frente a las costas de Argentina y Uruguay, presenta una dinámica igualmente alarmante marcada por el uso de puertos estratégicos como Montevideo para el soporte logístico de estas flotas.
En el plano institucional y normativo, América Latina sufre de una fragmentación que impide una defensa coordinada de sus fronteras marítimas. Mientras que algunos países de la región han ratificado convenios clave de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo en la pesca, la implementación práctica de estas leyes en el mar abierto es casi inexistente debido a que los ministerios de trabajo rara vez coordinan sus acciones con las fuerzas navales o las autoridades de migración.
Asimismo, la crisis migratoria regional proporciona un suministro constante de mano de obra vulnerable que los traficantes captan con facilidad bajo falsas promesas de empleo. Para revertir esta situación, los desafíos urgentes de la región no solo exigen una mayor inversión en tecnologías de monitoreo, sino también la unificación de criterios jurídicos para tomar medidas estrictas a quienes inculpan estas normas.
