El gobierno de Yamandú Orsi ingresó en la etapa final de definición para la adquisición de una nueva patrullera oceánica (OPV) para la Armada Nacional y prevé realizar el anuncio público entre octubre y noviembre. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, confirmó que el Poder Ejecutivo trabaja con un “plan concreto de acción” y ratificó, de esta forma, la información adelantada por Diario La R sobre la decisión de avanzar con una sola plataforma, en lugar de las dos unidades previstas originalmente.
La definición se produce después de la rescisión del contrato con el astillero español Francisco Cardama, que había sido contratado durante la administración de Luis Lacalle Pou para construir dos patrulleras oceánicas. El Poder Ejecutivo resolvió dejar sin efecto el acuerdo luego de detectar incumplimientos contractuales y cuestionamientos sobre las garantías presentadas por la empresa.
Díaz evitó referirse en detalle a Cardama debido a que el caso continúa abierto en distintos ámbitos. Existe un litigio civil, un arbitraje internacional y denuncias penales promovidas por el Estado uruguayo. A esto se suma el material remitido por la Comisión Investigadora del Parlamento a la Justicia Penal.
El jerarca fue categórico al referirse a las garantías. Según sostuvo, “no cabe absolutamente ninguna duda” de que una de ellas era falsa y calificó el documento como una “garantía trucha”. También señaló que la segunda garantía presentada no cumplía con las exigencias establecidas en el contrato.
La Justicia deberá determinar las eventuales responsabilidades de las personas y empresas involucradas y, en particular, si Cardama tenía conocimiento de las irregularidades. Para el gobierno, en cambio, existe una consecuencia que considera acreditada: “el Estado uruguayo fue estafado”, afirmó Díaz.
En paralelo, Uruguay procura recuperar los fondos entregados al astillero. En la respuesta presentada ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el Estado reclamó la devolución de €28.794.500 ya pagados a Cardama, además de otros conceptos vinculados al perjuicio provocado por la frustración del contrato.
Una sola OPV
Mientras continúa la disputa jurídica, el gobierno decidió avanzar por otra vía para resolver una de las necesidades operativas de la Armada: incorporar una nueva patrullera oceánica.
La definición política es adquirir una sola OPV nueva, dejando en suspenso la posibilidad de comprar dos o incluso tres unidades, alternativas que habían sido consideradas en distintas etapas. La intención oficial es que la operación pueda concretarse antes de finalizar 2026, bajo un esquema de Estado a Estado, aunque esto no impediría que participe un astillero especializado en la construcción del buque.
De acuerdo con la información manejada por Diario La R, el costo estimado de la nueva plataforma se encuentra actualmente en el entorno de los US$100 millones, aunque la cifra todavía no está cerrada. El monto dependerá de las características definitivas del buque, el equipamiento que se incorpore y las condiciones de contratación.
Entre las alternativas analizadas aparecen propuestas de Colombia, Francia y Corea del Sur. Por Colombia participa Cotecmar con el diseño OPV-93; por Francia intervienen Naval Group y el astillero Kership; mientras que Corea del Sur está representada por HD Hyundai Heavy Industries con la plataforma HDP-2200. Los tres países ya habían participado en el proceso anterior para la eventual construcción de dos patrulleras destinadas a Uruguay. Aquel procedimiento terminó sin adjudicación, pero dejó a las autoridades con información técnica y comercial sobre las distintas propuestas.
