La decisión del Ministerio de Salud Pública de declarar reservados durante quince años los informes elaborados por los interventores del CASMU no constituye un simple acto administrativo. Es una decisión política de enorme trascendencia institucional que instala una pregunta inquietante: ¿qué información considera el Estado que los uruguayos no pueden conocer hasta el año 2041?
En una democracia madura, la transparencia es la regla y el secreto la excepción. Sin embargo, cuando el tema involucra a una de las principales instituciones de asistencia médica del país, con cientos de miles de usuarios, miles de trabajadores y una intervención impulsada por el propio Poder Ejecutivo, el camino elegido parece ser exactamente el inverso: cerrar los archivos, levantar un muro de silencio y postergar durante década y media el acceso a información producida con recursos públicos.
No se trata únicamente del CASMU. Lo que está en discusión es la forma en que el Estado entiende el derecho de los ciudadanos a controlar la actuación de sus gobernantes. Cada informe elaborado por los interventores fue producido en representación del interés público. Cada conclusión, recomendación o advertencia pertenece al debate democrático, no a un archivo cerrado bajo llave.
La reserva por quince años difícilmente pueda interpretarse como una medida menor. Es un plazo que excede varios períodos de gobierno, alcanza a futuras administraciones y priva a la ciudadanía de evaluar decisiones cuyos efectos se sentirán mucho antes de que esos documentos puedan conocerse. Cuando la información llega demasiado tarde, deja de cumplir su función de control. La transparencia diferida es, muchas veces, una forma de opacidad.
El argumento de proteger intereses institucionales merece una explicación pública sólida y específica. Porque si la finalidad es preservar información sensible, el ordenamiento jurídico ya prevé mecanismos para resguardar datos estrictamente confidenciales sin necesidad de mantener en reserva la totalidad de documentos que revisten un evidente interés público. La amplitud y duración de la medida son, precisamente, las que despiertan interrogantes.
Más llamativo aún resulta el contexto temporal. La resolución aparece cuando el futuro del CASMU continúa siendo objeto de discusión política, financiera y sanitaria. Mientras pacientes, funcionarios, acreedores y la propia opinión pública intentan comprender el verdadero estado de la institución, el Estado responde restringiendo el acceso a la principal fuente de información producida durante la intervención. En lugar de despejar dudas, la decisión inevitablemente las multiplica.
Toda administración pública tiene derecho a fundamentar decisiones excepcionales. Lo que no debería ocurrir es que una decisión de semejante impacto se convierta, además, en un factor adicional de desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la transparencia.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, como máxima responsable política de la cartera, tiene el deber institucional de explicar las razones jurídicas y administrativas que sustentan una resolución de esta naturaleza. En una República, la responsabilidad política no desaparece detrás de un expediente administrativo. Por el contrario, exige dar la cara cuando una decisión afecta el acceso ciudadano a información de interés público.
El problema de fondo trasciende incluso al CASMU. Si el Estado puede declarar reservados durante quince años los informes elaborados en una intervención de semejante relevancia, ¿qué mensaje reciben los ciudadanos sobre el control democrático de la administración? ¿Dónde queda el principio de publicidad de los actos públicos? ¿Hasta qué punto la reserva deja de proteger intereses legítimos para transformarse en un mecanismo que limita el escrutinio ciudadano?
La confianza pública no se construye ocultando información. Se fortalece cuando los gobiernos aceptan que sus decisiones pueden y deben ser examinadas por la sociedad. Las democracias no se debilitan por el exceso de transparencia; se debilitan cuando el poder considera que la información pertenece al gobierno y no a los ciudadanos.
El CASMU atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. Precisamente por ello, el país necesita más información, más rendición de cuentas y más debate público, no menos. Si los informes de los interventores contienen diagnósticos, advertencias o recomendaciones relevantes para comprender la situación de la institución, mantenerlos fuera del alcance de la ciudadanía durante quince años no disipará las sospechas. Las profundizará.
Porque cuando el Estado opta por el silencio en asuntos de interés público, la discusión deja de centrarse únicamente en aquello que permanece oculto. Comienza, inevitablemente, a girar en torno a una pregunta mucho más incómoda: ¿qué razones justifican que la verdad deba esperar quince años para conocerse?
ALERTA !!! Este gobierno se ha convertido en el artífice del secretismo. Un día si y otro también nos enteramos de nuevos «temas reservados» que han convertido una excepción en la regla. CUIDADO !!! Así han comenzado gobiernos de triste memoria.