La situación de los trabajadores de la salud en Casa de Galicia se ha vuelto un tema candente en la opinión pública. Con un fallo reciente a favor de los ex empleados, la incertidumbre y la espera por justicia se intensifican, dejando a muchos en un limbo laboral y emocional.
Alejandra Cobal, ex trabajadora de Casa de Galicia, compartió su experiencia en un momento decisivo. La doctora María Eugenia Ferrer Sugo emitió un fallo que reconoce el derecho de los trabajadores a recibir el importe correspondiente por despido, un derecho que se les había negado desde el cierre de la institución en 2024. Aunque este fallo representa un rayo de esperanza, la ansiedad persiste, dado que el Banco de Previsión Social (BPS) tiene un plazo de 15 días para apelar.
Cobal enfatiza que la situación es compleja, ya que, de los 400 empleados afectados, 298 están representados por el abogado Álvaro Ferrín, mientras que otros grupos han optado por diferentes representantes legales. Este panorama ha creado una fragmentación en la lucha por sus derechos. Muchos de sus compañeros optaron por un subsidio de 170.000 pesos en 2025, una decisión tomada en medio de una crisis económica que obligó a algunos a cerrar ciclos prematuramente.
“Es injusto que haya diferencias entre nosotros. Todos éramos parte de Casa de Galicia y merecemos lo mismo”, expresa Cobal, reflejando la frustración de un grupo que, en total, sumaba cerca de 2.000 funcionarios, entre los cuales 1.200 eran no técnicos y el resto médicos.
La ex trabajadora sostiene que es crucial que el BPS no interponga una apelación y que, finalmente, puedan cobrar lo que les corresponde por ley. La ley 19.690 está diseñada para proteger a los trabajadores en situaciones como la que enfrentan, y Cobal espera que el nuevo gobierno y los dirigentes del BPS cumplan con sus responsabilidades sin discriminación.
“Han pasado casi cinco años y es tiempo de que podamos lograrlo”, concluye Cobal, con un mensaje de esperanza que resuena entre sus compañeros.
La espera por justicia se ha convertido en un proceso desgastante, no solo a nivel legal, sino también emocional. Mientras los ex trabajadores de Casa de Galicia continúan su lucha, la comunidad se mantiene atenta a cómo se desarrollará esta situación que pone de manifiesto la necesidad de un sistema de salud más justo y equitativo para todos sus profesionales. La incertidumbre sigue presente, pero la determinación por obtener lo que les corresponde es firme.
Recordando
En materia laboral, el esquema diseñado por el Gobierno de Lacalle Pou estableció la redistribución de trabajadores hacia las mutualistas que recibieron a los afiliados. Para los trabajadores no médicos se fijaron criterios de proporcionalidad, mientras que para los médicos se acordó un mecanismo específico de incorporación.
Pero la incorporación laboral fue parcial y conflictiva. En abril de 2022 los extrabajadores denunciaban que las instituciones habían recibido los afiliados y las correspondientes cápitas, pero todavía no estaban incorporando al personal comprometido.
El problema se prolongó. En diciembre de 2023, de unos 1.240 trabajadores no técnicos dados de baja al cierre, 745 estaban trabajando en otras mutualistas, mientras que 235 no tenían ningún tipo de ingreso, según declaraciones recogidas por Diario La R.
Y apareció además el segundo gran problema: los créditos laborales y las indemnizaciones por despido. El proceso de liquidación dejó una masa importante de trabajadores con dificultades para cobrar la totalidad de lo que se les adeudaba. En 2023 se discutió incluso una solución legislativa para cubrir parte de esos créditos laborales, que terminó generando un fuerte conflicto político y gremial.
