Los gobiernos pasan, los pobres quedan

Cada vez que las lluvias golpean con fuerza, miles de compatriotas quedan expuestos, pierden sus pertenencias y deben abandonar sus hogares. La emergencia se atiende, pero el problema estructural permanece. Pasan los gobiernos, cambian los discursos y los pobres siguen bajo agua.

Hay imágenes que deberían avergonzarnos como sociedad. Familias evacuadas, niños trasladados, adultos mayores dejando sus casas y trabajadores que pierden en pocas horas aquello que construyeron durante años.

El Estado aparece, como corresponde. Llegan los operativos, los refugios, los alimentos, los colchones y la asistencia. Pero aparece, una vez más, cuando el agua ya entró.

Y allí surge la pregunta que la política debería responder: ¿por qué seguimos administrando emergencias que conocemos desde hace décadas?

No se trata de cuestionar la asistencia. Todo lo contrario. La respuesta frente a una inundación debe ser rápida, humana y eficiente. Pero una política pública no puede considerar un éxito evacuar a una familia que ya fue evacuada anteriormente. El verdadero éxito sería lograr que esa familia nunca más tuviera que abandonar su hogar por la misma causa.

Uruguay ha tenido gobiernos de todos los signos políticos. Han cambiado presidentes, ministros, intendentes y equipos técnicos. Se han anunciado planes, obras y programas. Sin embargo, determinadas situaciones permanecen.

Cuando un problema atraviesa distintas administraciones, deja de ser solamente responsabilidad del gobierno de turno. Se convierte en una deuda del Estado.

Y esa deuda tiene rostros.

Son los rostros de quienes viven con miedo cada vez que comienza una lluvia intensa. Son las familias que saben que una tormenta puede significar perder muebles, documentos, ropa, electrodomésticos, herramientas de trabajo y años de esfuerzo.

La inundación puede ser un fenómeno natural. La pobreza y la vulnerabilidad no lo son.

Que una familia permanezca durante décadas en una zona de riesgo, sin una solución habitacional definitiva, sin infraestructura suficiente o sin una planificación territorial adecuada, es el resultado de decisiones políticas o de la ausencia de ellas.

También debemos preguntarnos cuánto cuesta no prevenir.

Porque se habla permanentemente del costo de las obras, pero pocas veces se calcula cuánto cuesta evacuar, alojar, alimentar y asistir nuevamente a las mismas familias. Cuánto cuesta reconstruir viviendas, reparar caminos e infraestructura. Y cuánto cuesta, sobre todo, mantener generaciones enteras atrapadas en la vulnerabilidad.

La política no puede limitarse a aparecer cuando llega la emergencia. No puede reducirse a la fotografía del funcionario recorriendo el barrio inundado ni al comunicado anunciando la cantidad de evacuados.

La política debería comenzar antes de que llegue el agua.

Planificar, construir, relocalizar cuando sea necesario, mejorar el saneamiento, ordenar el territorio y garantizar viviendas dignas también es gobernar. Uruguay tiene capacidades técnicas e institucionales para hacerlo. Lo que muchas veces falta es continuidad y una mirada que vaya más allá del período electoral.

Porque cada cinco años cambian los gobiernos, pero la pobreza no cambia con el calendario electoral.

Pasan los gobiernos. Quedan los pobres.

Quedan esperando una vivienda digna. Quedan esperando infraestructura. Quedan esperando que alguien transforme la emergencia permanente en una solución definitiva. Y mientras desde Montevideo se discuten presupuestos, cargos, encuestas y próximas elecciones, en Salto, Cerro Largo y otros puntos del país hay compatriotas pensando en algo mucho más elemental: dónde dormir, cómo salvar sus pertenencias y cuándo podrán volver a casa.

No podemos seguir naturalizando esta realidad. La emergencia pasa. El agua baja. Las cámaras se retiran. Pero las familias quedan. Y si después de tantas décadas seguimos viendo a nuestros compatriotas bajo el agua, entonces debemos tener el coraje de decirlo.

No estamos solamente ante un problema climático. Estamos ante un fracaso de la política.