El reclamo coloca a la administración de Francisco Legnani frente a una pregunta que ya no puede eludir: ¿con qué facultades jurídicas dispone Canelones de un patrimonio que nació condicionado al uso público?El conflicto por el Parque Roosevelt dejó de ser solamente una discusión ambiental.Ahora también es patrimonial, jurídica y política.
Graciela Ortega García Lagos, descendiente de la familia vinculada a la donación de las tierras, dirigió una carta al intendente Francisco Legnani denunciando que desde 2011 “se viola, no se respeta e infringe” la cláusula que estableció las condiciones bajo las cuales el predio fue entregado.
La afirmación es de enorme gravedad. Según su planteo, la tala de árboles, la instalación de establecimientos privados, el deterioro y la falta de preservación contradicen el espíritu y las condiciones de aquella donación.
Pero existe un elemento todavía más importante: la descendiente plantea que el incumplimiento podría llevar a la familia a promover la revocación de la donación. Eso deberá determinarlo jurídicamente quien corresponda. No puede darse por sentado que la familia tenga hoy automáticamente derecho a recuperar el inmueble.
Pero tampoco puede ignorarse la advertencia.Canelones debe mostrar los documentos. El Parque Roosevelt no fue originalmente donado a la Intendencia de Canelones para transformarlo en una reserva de terrenos disponibles para sucesivos proyectos.
Las tierras fueron entregadas al Estado bajo determinadas condiciones y con una finalidad pública.Ahí aparece la pregunta que la administración Legnani debe responder documentalmente: ¿Qué derechos recibió exactamente Canelones sobre esas tierras?. ¿El dominio? ¿La administración? ¿El derecho de explotación?. ¿La facultad de conceder parcelas a privados?.¿Puede modificar el destino de determinadas áreas?.
No alcanza con afirmar que la Intendencia administra el parque. Administrar y disponer son conceptos jurídicamente diferentes. Si Canelones posee títulos que habilitan sus decisiones, debe publicarlos. Si existen documentos posteriores que modificaron o extinguieron las condiciones originales de la donación, también deben conocerse.
El problema no empezó con Legnani. También sería incorrecto cargar toda la responsabilidad histórica sobre el actual intendente. La propia denunciante sitúa el comienzo de los presuntos incumplimientos en 2011, durante administraciones anteriores.
Pero Legnani heredó el problema y hoy tiene la responsabilidad institucional de responder. No puede ampararse simplemente en decisiones anteriores si actualmente continúan proyectos, concesiones o intervenciones cuestionadas. El Parque Roosevelt es además uno de los espacios verdes estratégicos del área metropolitana. Por eso cada tala, construcción o cesión territorial tiene consecuencias que exceden una decisión administrativa. Se afecta el patrimonio público, paisaje, biodiversidad y territorio.
Una pregunta incómoda
Existe entonces una cuestión que debería llegar a la Junta Departamental, al Ministerio de Ambiente y eventualmente a la Justicia: ¿Puede utilizarse para emprendimientos privados un territorio que fue entregado al Estado precisamente para constituir un parque público?
No estamos afirmando que toda actividad privada dentro del Roosevelt sea necesariamente ilegal. Estamos diciendo algo diferente.Canelones tiene la obligación de demostrar que cada intervención es compatible con el régimen jurídico del inmueble y con las condiciones que determinaron su incorporación al patrimonio público.
La carta de Ortega García Lagos obliga a abrir esa discusión.
La Intendencia debería publicar la escritura original, las posteriores modificaciones, los actos de transferencia desde el Estado, los padrones involucrados, las concesiones existentes, sus plazos y contraprestaciones, además de las autorizaciones ambientales correspondientes. La transparencia aquí no puede ser parcial. Porque si la tierra fue donada para beneficio de toda la sociedad, la sociedad tiene derecho a saber cómo, por quién y bajo qué título está siendo utilizada. El Roosevelt no pertenece políticamente a Legnani, ni perteneció a Carámbula, ni pertenece a ningún gobierno departamental. Los gobiernos pasan.El patrimonio público queda.
Y cuando una familia que hace más de un siglo entregó esas tierras para beneficio colectivo advierte que el espíritu de aquella donación está siendo vulnerado, la respuesta institucional no puede ser el silencio. Canelones tiene ahora la palabra. Pero esta vez deberá responder con documentos.
Hay un punto especialmente potente para una segunda nota: reconstruir padrón por padrón qué superficies del Roosevelt están actualmente concedidas o destinadas a proyectos privados, quiénes son los beneficiarios, desde cuándo, por cuánto tiempo y qué paga cada uno. Eso permitiría pasar de una denuncia general a un verdadero mapa patrimonial del Parque Roosevelt.
Tala y árboles marcados
La controversia por la tala tiene dos situaciones que conviene no mezclar. Los vecinos denunciaron árboles marcados en la zona prevista para el driving range y anunciaron acciones judiciales; paralelamente, otra tala reciente corresponde a las obras del MTOP en Avenida de las Américas y Racine.
Legnani y la polémica por los emprendimientos
Francisco Legnani defendió públicamente la instalación de la carpa de espectáculos, mientras vecinos sostienen que el problema forma parte de un proceso más amplio de utilización de sectores del parque por privados.
