La oposición confirmó la convocatoria de tres ministros al Parlamento. Para abordar asuntos vinculados a la seguridad pública, una sanción a una fiscal y el conflicto laboral en el puerto de Montevideo. Carlos Negro y José Carlos Mahía concurrirán a comisiones, mientras que Juan Castillo será convocado bajo el régimen de interpelación.
El ministro del Interior, Carlos Negro, tiene prevista su comparecencia para el 22 de setiembre ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. La convocatoria, promovida por el diputado nacionalista Pablo Abdala, apunta a conocer los avances del Plan Nacional de Seguridad. Que fue presentado seis meses antes, y las medidas contra el narcotráfico.
Abdala también buscará información sobre la presencia y el avance de organizaciones criminales brasileñas en Uruguay, particularmente el Primer Comando Capital (PCC).
Por otra parte, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, deberá responder ante el Parlamento por la decisión de anular la sanción impuesta a la fiscal Stella Alciaturi, vinculada al caso del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi. La convocatoria fue impulsada por el senador colorado Andrés Ojeda.
Alciaturi había sido sancionada por publicaciones en redes sociales anteriores a 2019, consideradas contrarias al Partido Nacional. El Ministerio de Educación y Cultura fundamentó la anulación en que no se había podido comprobar que la fiscal fuera la autora de esas publicaciones.
La tercera convocatoria corresponde al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. El diputado colorado Adrián Juri anunció que cuenta con los respaldos necesarios de legisladores del Partido Nacional, el Partido Independiente, Identidad Soberana y Cabildo Abierto para promover su interpelación por el conflicto portuario.
Juri adelantó que presentará la moción ante el plenario y que, además de la situación del puerto, pretende abordar otros asuntos relacionados con distintas ramas de la actividad industrial.
Desde el Frente Amplio cuestionaron la convocatoria a Castillo. Al considerar que el conflicto portuario ya fue resuelto mediante un acuerdo con una vigencia de cinco años.
