En la zona de avenida Rivera y Solano López, en Malvín, el reclamo vecinal describe un deterioro del espacio público que exige atención urgente. Personas defecando y manteniendo relaciones sexuales a la vista de quienes transitan, animales en condiciones que generan preocupación y pedidos de intervención que, según lo informado, no logran modificar la situación.
Según el reclamo vecinal, las llamadas a la línea del MIDES terminan con una derivación a la Policía, mientras que al comunicarse con el 911 se les indica que corresponde acudir al MIDES. Los vecinos describen un circuito de derivaciones cruzadas en el que nadie ofrece una solución sostenida.
Ese ida y vuelta profundiza la frustración: quienes llaman para pedir ayuda quedan atrapados entre dos organismos que, según denuncian, se trasladan mutuamente la responsabilidad. La falta de coordinación deja el problema pendiente y desgasta la confianza en la respuesta estatal.
Son señalamientos graves. Necesitan una respuesta institucional que explique qué está ocurriendo y qué medidas se adoptaron. La incertidumbre no puede convertirse en una razón para prolongar la inacción.
Según el planteo recibido, se realizaron decenas de llamadas a la Policía, al Ministerio de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de Bienestar Animal. El cuestionamiento central es que esas gestiones no habrían producido una solución duradera. Los episodios se repiten y la frustración crece: pedir ayuda deja de generar confianza cuando el problema permanece.
El desgaste de reclamar
Una llamada puede atender una urgencia. La repetición de los pedidos revela la necesidad de una intervención con seguimiento. Si diferentes organismos reciben avisos sobre una misma zona, corresponde establecer quién coordina las actuaciones y qué sucede después de cada visita.
El reclamo describe una sensación de abandono. Para quienes conviven diariamente con estas situaciones, la distancia entre las competencias de una oficina y otra no resuelve nada. Necesitan saber a quién acudir, qué respuesta pueden esperar y cómo se evitará que los episodios vuelvan a ocurrir.
También aparece la percepción de que los policías están “atados de manos”. Esa expresión resume el malestar, pero requiere una explicación del Ministerio del Interior: qué actuaciones se realizaron, cuáles son sus límites y qué recursos sociales acompañan la intervención cuando el problema excede la respuesta policial.
La precariedad de la convivencia en Rivera y Solano López se agrava con una respuesta estatal que los vecinos describen como un circuito sin salida. Según el reclamo, el MIDES deriva los llamados a la Policía y el 911 vuelve a remitirlos al MIDES. Mientras las responsabilidades pasan de una oficina a otra, los episodios denunciados continúan y nadie ofrece una solución sostenida.
El deterioro alcanza a todos: a quienes viven en la calle, expuestos y sin una alternativa adecuada, y a quienes deben convivir con situaciones que afectan la higiene, la tranquilidad y el uso del espacio público. La falta de una intervención coordinada profundiza ambos problemas.
Para los vecinos, el abandono se expresa en esa repetición: llamar, explicar, ser derivados y volver a empezar. Un Estado que recibe el reclamo pero no articula una respuesta deja a las personas desprotegidas y la convivencia librada a su suerte.
La calle expone una responsabilidad pública
Las personas que viven a la intemperie necesitan asistencia, alojamiento y atención sanitaria. Su situación de vulnerabilidad no permite atribuirles colectivamente conductas delictivas. A la vez, los episodios denunciados deben abordarse para proteger tanto a quienes los protagonizan como a quienes utilizan el espacio público.
La presencia de animales en condiciones presuntamente precarias agrega otra dimensión al reclamo. Corresponde evaluar su estado mediante una inspección y determinar si necesitan atención o medidas de protección. El bienestar animal también exige una respuesta concreta.
La Policía, el MIDES, la Intendencia de Montevideo y el INBA tienen responsabilidades que deben articularse. La intervención pierde eficacia cuando cada organismo atiende una parte y nadie da seguimiento al conjunto.
El señalamiento vecinal coloca al Estado frente a preguntas precisas: cuántos avisos recibió, qué hizo ante ellos y por qué, según quienes reclaman, la situación continúa. Responderlas permitiría evaluar si hubo actuaciones insuficientes, dificultades de coordinación o necesidades que siguen sin atenderse.
