En el marco del Mes de la Concientización en Ciberseguridad, que se celebra anualmente durante el mes de octubre, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) puso en marcha una amplia batería de iniciativas públicas orientadas a fortalecer la seguridad digital en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del Uruguay.
Este sector de la economía nacional abarca a la mayor parte del tejido productivo y comercial del país, por lo que su exposición ante amenazas cibernéticas representa un desafío prioritario para la estabilidad económica, la protección de datos y la confianza en los servicios digitales. La campaña institucional impulsada por Agesic busca sensibilizar a directivos y trabajadores sobre la necesidad de integrar la seguridad de la información directamente en la estrategia de negocios, superando la visión tradicional que concibe a la ciberseguridad como un simple gasto informático o un trámite técnico secundario.
Por el contrario, se plantea como un pilar imprescindible para garantizar la continuidad operativa ante incidentes, resguardar la reputación de la marca, asegurar la confianza de los clientes y potenciar la competitividad en mercados cada vez más digitalizados. Para brindar herramientas concretas y aplicables a organizaciones de diversa escala, la agencia estatal promueve la adopción del Marco de Ciberseguridad (MCU) 5.0.
Este instrumento técnico de referencia nacional toma como base conceptual el Cybersecurity Framework 2.0 elaborado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos, adaptando sus recomendaciones al marco regulatorio uruguayo y en particular a la normativa vigente en materia de protección de datos personales y seguridad informática.
El MCU 5.0 articula la gestión integral del riesgo cibernético a través de un ciclo continuo compuesto por seis funciones operativas: Gobernar, Identificar, Proteger, Detectar, Responder y Recuperar. Con el propósito explícito de que las pequeñas estructuras empresariales no tengan que diseñar estrategias complejas desde cero ni destinar presupuestos inalcanzables, el marco incorpora los denominados «perfiles comunitarios». Estas acciones puntuales dirigidas al sector privado no funcionan de forma aislada, sino que se encuentran alineadas con los objetivos de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC) 2024–2030. Aprobada por el Consejo Asesor Honorario de Seguridad de la Información (CAHSI), la estrategia nacional constituye la hoja de ruta integral de Uruguay para consolidar un ciberespacio seguro, resiliente, abierto y confiable.
La construcción de esta política pública representó un hito de gobernanza colaborativa en el que participaron activamente más de 120 instituciones pertenecientes al sector público, la industria privada, la academia y la sociedad civil, sumado al apoyo de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el Caribe (LAC4).
La ENC articula sus metas en ocho pilares estratégicos: gobernanza institucional, actualización del marco normativo, prevención y persecución de ciberdelitos, ciberdefensa nacional, protección de infraestructuras de información crítica, fomento de la cultura de la ciberseguridad, desarrollo del ecosistema e industria tecnológica local, y posicionamiento en la política internacional sobre la materia.
En estos espacios se analizan los riesgos asociados a la migración y uso de servicios en la nube, las tácticas de mitigación y respuesta operativa ante ataques de ransomware o secuestro de datos, la adopción responsable y segura de herramientas de inteligencia artificial en entornos corporativos, la formación de talento calificado y el impacto financiero directo que puede acarrear una filtración de información o una interrupción no planificada de los sistemas.
