La construcción planteó al gobierno una agenda de desafíos que incluye acelerar las inversiones en infraestructura, mejorar la productividad, ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer la presencia de las empresas uruguayas en los mercados internacionales. Los planteos fueron realizados durante la celebración del Día de la Construcción, en el Club de Golf, con la participación del presidente Yamandú Orsi y del expresidente Julio María Sanguinetti, además de autoridades nacionales y representantes empresariales y sindicales.
El presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU), Alfredo Kaplan, destacó la incidencia de la inversión inmobiliaria en la actividad económica y reclamó instrumentos que permitan dinamizar nuevos proyectos. Kaplan señaló que la inversión privada en construcción se ubica en torno a los US$ 3.500 millones anuales y destacó su capacidad para generar empleo directo e indirecto. Según los datos presentados, el sector ocupa a unos 58.000 trabajadores directos y produce un impacto significativo sobre otras actividades vinculadas.
El dirigente también llamó la atención sobre los cambios demográficos y su relación con la demanda de vivienda. Mientras que hace 25 años los hogares uruguayos estaban integrados, en promedio, por 3,9 personas, actualmente esa cifra se ubica en torno a 2,3. La reducción del tamaño de los hogares supone una necesidad de más viviendas para una población que no necesariamente crece al mismo ritmo.
En ese contexto, Kaplan defendió la continuidad de los instrumentos de promoción de la inversión inmobiliaria, en particular la ley de vivienda promovida, que ha contribuido a desarrollar proyectos en barrios como Cordón, Centro y La Blanqueada. También reclamó extender hasta 2030 los beneficios destinados a proyectos de menor dimensión económica, cuyo plazo vigente, según señaló, se aproxima a su vencimiento.
Otra de las propuestas consistió en establecer mecanismos que faciliten la aprobación de proyectos cuando la Administración no formule observaciones dentro de un plazo determinado. Kaplan planteó que, transcurridos cuatro meses sin objeciones, pudiera operar un mecanismo de aprobación tácita, con el objetivo de reducir demoras administrativas.
Asimismo, solicitó extender la devolución del IVA a proyectos de inversión de entre US$ 1 millón y US$ 5 millones. La medida, sostuvo, permitiría incorporar nuevas iniciativas y ampliar las oportunidades para empresas que no participan de los emprendimientos inmobiliarios de mayor escala.
Kaplan también se refirió a la evolución de los precios inmobiliarios en relación con los salarios y la unidad indexada, y planteó la necesidad de observar las condiciones de acceso a la vivienda en un mercado donde los costos y los ingresos no siempre evolucionan de la misma manera.
Productividad, tecnología y seguridad
El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, destacó que la construcción representa alrededor del 10% del producto interno bruto si se considera su impacto indirecto y emplea a unos 56.000 trabajadores directos. Además, estimó que existen cerca de 8.000 obras activas en el país, distribuidas entre Montevideo, Maldonado, Canelones y el resto del territorio.
Señaló que, después de tres años de dificultades, la actividad mostró una evolución positiva durante los dos últimos trimestres. Entre los factores que contribuyen a ese comportamiento mencionó nuevos proyectos industriales, inversiones en centros de datos y algunas obras públicas.
No obstante, advirtió que el crecimiento de la actividad debe acompañarse de mejoras en la productividad y la competitividad. En esa línea, propuso crear un observatorio de productividad con participación de empresarios, trabajadores y universidades, que permita analizar el desempeño del sector e identificar oportunidades de mejora.
La incorporación de tecnología, inteligencia artificial y robótica, junto con la formación de los trabajadores, constituye otro de los desafíos. Para Ruibal, la transformación de los procesos constructivos requiere fortalecer las capacidades laborales y promover una mayor articulación entre las empresas y las instituciones educativas.
El dirigente valoró, además, el acuerdo laboral alcanzado con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), con una vigencia de cinco años, que incorporó cambios relacionados con la jornada de 40 horas y una mayor flexibilidad en la organización de los horarios. Consideró que este tipo de entendimientos puede contribuir a mejorar el funcionamiento del sector, siempre que exista disposición al diálogo entre las partes.
Ruibal también dedicó parte de su intervención a la seguridad laboral y reconoció que la construcción mantiene problemas que deben ser enfrentados. En ese sentido, sostuvo que las empresas tienen una responsabilidad directa en la prevención de accidentes y en la mejora de las condiciones de trabajo.
Una política de infraestructura
Uno de los principales planteos de la Cámara fue avanzar en la creación de una Agencia de Infraestructura que permita coordinar, planificar y dar continuidad a los proyectos estratégicos. La propuesta apunta a que las decisiones no dependan exclusivamente de los ciclos de gobierno, sino que respondan a una planificación de largo plazo.
Ruibal indicó que la iniciativa podría ponerse en marcha en marzo de 2027 y mencionó la posibilidad de que la estructura se vincule con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).
La Cámara también propone constituir un Consejo de Política de Infraestructura con participación privada, tomando como referencia experiencias de otros países de la región, entre ellos Chile. La intención es contar con un ámbito permanente de análisis y propuestas que contribuya a definir prioridades, evaluar necesidades y promover acuerdos sobre las obras que el país requiere.
Para el sector empresarial, la planificación resulta fundamental en un país que busca atraer nuevas inversiones productivas y consolidar su inserción internacional. Las obras viales, ferroviarias, energéticas y logísticas deben acompañar el crecimiento de la producción y facilitar el acceso a los mercados.
En esa línea, Ruibal consideró que las nuevas inversiones en energía abren oportunidades para la construcción y para el desarrollo de proveedores nacionales. También llamó a mantener una discusión constructiva sobre la competitividad, en particular en torno a las iniciativas legislativas que puedan incidir en las condiciones de actividad de las empresas.
Empresas uruguayas en el exterior
La internacionalización fue otro de los ejes de la intervención de Ruibal. Sostuvo que las empresas uruguayas cuentan con capacidades que pueden aprovecharse en otros mercados y propuso promover su participación en proyectos fuera del país, especialmente en la región.
Para avanzar en esa dirección, planteó la necesidad de articular acciones con el gobierno, Uruguay XXI y el Banco República, mediante instrumentos de apoyo, financiamiento y garantías que permitan a las empresas competir en mejores condiciones.
El objetivo es ampliar las oportunidades de negocios, diversificar los mercados y aprovechar la experiencia acumulada por las firmas locales en distintas especialidades de la construcción. La iniciativa también busca que el sector no dependa exclusivamente de la evolución del mercado interno.
Sánchez: Uruguay debe avanzar más rápido
Durante su intervención, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, coincidió en que la construcción cumple un papel central en la economía, tanto por el empleo que genera como por sus efectos sobre otras actividades productivas. También sostuvo que la infraestructura es determinante para un país cuyo crecimiento depende, en buena medida, de la producción y las exportaciones.
“El Uruguay precisa ir más rápido”, afirmó el secretario de la Presidencia al referirse a la necesidad de concretar proyectos y aprovechar las oportunidades que se presentan en sectores como la energía, los alimentos y los centros de datos.
Sánchez destacó la importancia de preservar la confianza entre los actores políticos, sociales, empresariales y sindicales como condición para sostener las inversiones y alcanzar acuerdos que trasciendan las diferencias.
En relación con los centros de datos, señaló que los nuevos proyectos requieren coordinación entre el gobierno, las empresas, los ministerios y las empresas públicas. Ese tipo de inversiones, explicó, exige atender no solo las condiciones para su instalación, sino también las necesidades de generación y transmisión de energía y de conectividad.
El secretario mencionó una cartera de más de US$ 4.700 millones en proyectos estratégicos identificados en áreas como electricidad, carreteras y ferrocarriles. A esa agenda se suman iniciativas de movilidad metropolitana por unos US$ 500 millones, así como inversiones en infraestructura social.
En materia ferroviaria, defendió la necesidad de conectar el Ferrocarril Central con otras líneas y mejorar la integración logística del territorio. También aludió a la posibilidad de desarrollar un puerto seco en Rivera y fortalecer las conexiones con Paraguay y con los corredores vinculados a la hidrovía y al Atlántico.
La infraestructura, sostuvo, debe pensarse como una red que facilite el movimiento de mercancías y mejore la competitividad de la producción uruguaya. Esto requiere coordinar las inversiones públicas y privadas y establecer prioridades de acuerdo con las necesidades de desarrollo del país.
Vivienda e infraestructura social
Sánchez también se refirió a los desafíos habitacionales y a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población que reside en asentamientos. En ese ámbito, mencionó recursos del orden de los US$ 700 millones y una población cercana a las 190.000 personas en condiciones de precariedad habitacional.
El gobierno, añadió, se ha fijado como objetivo alcanzar 69.000 soluciones habitacionales. Para avanzar, consideró necesario combinar distintas herramientas y ampliar las alternativas disponibles para los hogares, entre ellas los mecanismos de alquiler con opción a compra, que podrían facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes.
La infraestructura educativa también formó parte de su exposición. Sánchez planteó que la inversión en centros educativos y la mejora de las oportunidades de formación deben integrarse a una estrategia más amplia de desarrollo, especialmente frente a las diferencias socioeconómicas que inciden en la continuidad y finalización de la educación media.
Por último, sostuvo que Uruguay debe explorar instrumentos financieros capaces de movilizar el ahorro nacional y los recursos de los uruguayos residentes en el exterior hacia proyectos de infraestructura de largo plazo.
La propuesta apunta a ampliar las fuentes de financiamiento disponibles y generar mecanismos que permitan canalizar recursos hacia inversiones estratégicas.
Los planteos de los empresarios y del gobierno coincidieron en la necesidad de vincular la construcción con una agenda más amplia de desarrollo.
A qué Constructoras le pagaba Leiva en el Cambio de Gandini???
Ha habido un Silencio Sepulcral. y no puede ser que la necesidad de ganancias prostituya la Consciencia.
Aunque el. i el de Construcción es asombrosamente excepcional, me interesa conocer el ESQUEMA por el cual Leiva pagaba facturas de Constructoras con dinero de Narcos y las Constructoras como pagaban las facturas a los narcos, con Propiedades?
PORQUE HA SALPICADO PARA TODOS LADOS, MENOS PARA EL ESQUEMA DE LAVADO EN SI MISMO!!!