Paraguay enfrenta una crisis que golpea el fundamento de cualquier economía: la confianza. La destitución y prisión de Santiago Peña, su posterior arresto domiciliario y la asunción de Pedro Alliana abren una etapa cuya legitimidad dependerá de las respuestas que reciban los ciudadanos. El relevo presidencial, por sí solo, no devuelve el dinero ni esclarece lo ocurrido.
El derrumbe de Ueno Bank dejó a depositantes, jubilados y trabajadores con dificultades para acceder a sus recursos. La investigación anunciada por la Fiscalía abarca la supervisión de la entidad, la gestión de su crisis y la colocación de fondos públicos. Allí debe concentrarse el esclarecimiento: en las decisiones, los controles y las responsabilidades concretas.
Una economía puede exhibir crecimiento, atraer capitales y multiplicar sus anuncios de modernización. Pero estos avances quedan expuestos cuando las garantías institucionales no ofrecen la misma solidez. La inclusión financiera pierde su sentido si incorporar ciudadanos al sistema no viene acompañado de una protección efectiva de sus ahorros.
La primera obligación de las nuevas autoridades es dar certezas. Cada afectado necesita saber cuánto podrá recuperar, mediante qué procedimiento y en qué plazo. La información debe ser pública, comprensible y verificable. La angustia de una familia que necesita pagar alimentos, medicamentos o alquiler no puede quedar atrapada entre comunicados y disputas partidarias.
También corresponde determinar quién autorizó las colocaciones de dinero estatal, con qué fundamentos y bajo qué evaluación de riesgo. Administrar recursos públicos exige una responsabilidad superior. Si hubo advertencias desatendidas, omisiones o decisiones incompatibles con esa obligación, deberán establecerse mediante documentos y actuaciones independientes.
Peña niega haber cometido irregularidades. Esa posición debe ser recogida y su derecho de defensa respetado. La destitución política y una medida de detención no equivalen a una condena penal. Precisamente por la gravedad del caso, la Justicia debe actuar con pruebas, independencia y garantías.
Sería igualmente inadmisible que la salida del presidente sirviera para clausurar las preguntas sobre los demás actores. Una investigación seria debe alcanzar a todos los responsables que la evidencia identifique, cualquiera sea su cargo, patrimonio o pertenencia partidaria.
Para Uruguay y el Mercosur, lo ocurrido merece atención. La confianza regional se construye con instituciones capaces de controlar, corregir y sancionar. Ningún socio gana con la fragilidad del vecino.
Paraguay tiene por delante una prueba decisiva. La respuesta debe medirse en ahorros restituidos, información abierta y responsabilidades esclarecidas. La credibilidad no regresará con una ceremonia de asunción: deberá recuperarse con hechos.
