La decisión del presidente Yamandú Orsi de revocar la reducción de la sanción a la médica anestesista María Inés Miralles, restableciendo así la inhabilitación original de cinco años para el ejercicio de la profesión, generó una inmediata e intensa reacción en las redes sociales, con un epicentro marcado en la plataforma X.
Lo que comenzó como una rectificación administrativa “firmada en conjunto” con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, rápidamente trascendió los despachos oficiales para convertirse en el principal foco de discusión política del país, impulsado por una catarata de publicaciones de dirigentes de la oposición, analistas y cientos de usuarios que interpretaron la medida como una desautorización explícita a la titular de la cartera sanitaria y reclamaron su renuncia inmediata.
El origen del conflicto se remonta a octubre de 2023, cuando la pediatra Soledad Barrera ingresó a quirófano para someterse a una cirugía de vesícula. Durante el procedimiento quirúrgico, la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y un daño neurológico severo e irreversible que la dejó en estado vegetativo hasta su fallecimiento, ocurrido meses después, en agosto de 2024. La investigación posterior determinó la responsabilidad por mala praxis de la anestesista interviniente, María Inés Miralles, quien terminó siendo condenada en la órbita de la Justicia penal por el delito de homicidio culposo.
En el plano administrativo, la Comisión Honoraria de Salud Pública resolvió inicialmente, en diciembre de 2024, imponerle a Miralles una suspensión de cinco años para ejercer la medicina. Sin embargo, el escenario dio un giro inesperado en octubre de 2025, cuando el Ministerio de Salud Pública (MSP), bajo la conducción de Lustemberg y en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo, resolvió rebajar la sanción de cinco a tres años.
Aquella decisión provocó una profunda crisis institucional: once médicos y profesores presentaron su renuncia a la Comisión Honoraria en señal de protesta y discrepancia con la jerarca, mientras la familia de la víctima denunciaba haber quedado al margen de una resolución que consideraban injusta e infundada.
El punto de inflexión llegó este martes 10 de noviembre de 2026. Tras analizar un recurso de revocación interpuesto por la madre de la pediatra fallecida, Iris Rosario Barrera Collazo, quien reclamó que se había reducido la pena sin darle vista previa a la familia, violando la normativa administrativa, el presidente Orsi firmó una nueva resolución dejando sin efecto la rebaja de la sanción y restituyendo los cinco años de inhabilitación originales. Acto seguido la ministra anunció que fue una decisión tomada en conjunto y que no está en los planes que ella renuncie.
Según explicaron las autoridades, la enmienda se sustentó en la incorporación de nuevos elementos probatorios derivados de la causa penal, pericias de Medicina Legal, actuaciones internas dentro de la mutualista SMI, donde surgieron hechos graves como modificaciones en la historia clínica y antecedentes de conductas irregulares de la profesional, y un nuevo dictamen jurídico.
En declaraciones públicas, el propio presidente Orsi reconoció que el MSP había sido «inducido a error» por el asesoramiento legal inicial de la cartera, un criterio que la Jurídica de Presidencia no compartió, lo que llevó a ambos jerarcas a acordar la rectificación.
En X el debate se polarizó con una virulencia inusitada, consolidándose una lectura dominante: mientras una amplia mayoría celebró el paso dado por el presidente de la República, el grueso de los dardos apuntó contra la permanencia de la ministra al frente del MSP.
Arco político en las redes
Desde el sector político opositor, los principales referentes del Partido Nacional utilizaron sus cuentas oficiales en X para amplificar el reclamo de dimisión y anunciar que llevarán el tema al Parlamento. Uno de los mensajes más contundentes y compartidos provino del diputado nacionalista Federico Casaretto (@Fedecasaretto), quien fue designado por su bancada, con el apoyo ya confirmado del Partido Colorado, como miembro interpelante para llamar a sala a la ministra.
Bajo el título en mayúsculas «CASO ANESTESISTA: BIEN ORSI / LUSTEMBERG SE TIENE QUE IR», Casaretto celebró que el mandatario revocara lo que calificó como una «mala decisión» de la jerarca, recordando que tres meses atrás se lo habían solicitado formalmente junto a los legisladores José Luis Satdjian y Amin Niffouri.
En su extenso hilo, el diputado argumentó que la resolución presidencial deja políticamente desautorizada a Lustemberg y cuestionó la versión oficial sobre la aparición de nuevos elementos: «No vale ahora decir que se enteraron de nuevos elementos, porque todo se le informó cada vez que concurrieron al Parlamento».
En sintonía con esa ofensiva, el diputado y exsubsecretario de Salud Pública José Luis Satdjian (@JoseSatdjian) desplegó una serie de publicaciones apuntando a la demora en la rectificación y al deterioro de las garantías sanitarias. «Un año después. La ministra tendría que haberse dado cuenta de su error hace mucho tiempo, y arreglarlo ella. Seguimos sin saber los verdaderos motivos por los que actuó fuera de todo criterio. Nos demostraron que el MSP actual no da garantías para los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud», escribió Satdjian.
El reconocimiento puntual al gesto del presidente de la República también encontró eco en figuras públicas fuera de la bancada blanca, como el dirigente colorado y exembajador Washington Abdala (@turkabdala), quien expresó en X: «Bien el presidente Orsi. Estas son las cosas que imponen respeto. Me gusta reconocer eso».
Sin embargo, el tono más ácido de la conversación digital provino de cientos de ciudadanos comunes que inundaron las tendencias de X cuestionando la narrativa de la «decisión conjunta» y exigiendo la salida inmediata de Lustemberg. Muchos usuarios pusieron el foco en la renuncia de los integrantes de la Comisión Honoraria y en lo que consideraron una desautorización pública imposible de disimular. «¡Basta de cinismo! Los 11 médicos que renunciaron a la Comisión de Salud Pública fueron ignorados por la Ministra Lustemberg. La Ministra debe renunciar, el Presidente la desautorizó», publicó la usuaria @mjmuqueen.
En la misma línea, @JGSanPer calificó el episodio como «bochornoso a esta altura» y reclamó que el mandatario solicite la renuncia cuando las cosas no salen como deben ser, mientras que otros perfiles como @JorgePreliasco y @Marcelo97570748 insistieron en que la dimisión debería ser inmediata y cuestionaron que el proceso se demore.
Mientras tanto, el oficialismo intenta cerrar filas destacando que la anestesista nunca llegó a ejercer durante el lapso en que rigió la rebaja de la sanción y que el Ejecutivo supo escuchar el reclamo de la familia Barrera.
Difícil la decisión del Presidente, que debe optar entre respaldar a once profesores médicos dignos o la mafia blanca. Y para los que viven viendo fantasmas y sintiéndose perseguidos, aquí nada tiene que ver la política.