El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto será el miembro interpelante en la convocatoria a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que promoverá la bancada nacionalista en la Cámara de Representantes por su actuación en el caso de Soledad Barrera, la pediatra fallecida luego de una intervención quirúrgica de vesícula. El legislador adelantó que el objetivo será examinar las decisiones adoptadas por la cartera y las razones que llevaron a reducir de cinco a tres años la inhabilitación profesional de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo.
La resolución de promover la interpelación fue adoptada por la bancada del Partido Nacional, después de varias comparecencias de la ministra ante comisiones parlamentarias durante el último año. Casaretto sostuvo que en esas instancias se le advirtió reiteradamente a Lustemberg sobre lo que considera un error en la decisión administrativa, sin que la jerarca modificara su posición. El planteo parlamentario se produce luego de que el presidente Yamandú Orsi revocara la resolución del Ministerio de Salud Pública que había reducido la sanción y restableciera los cinco años de inhabilitación dispuestos originalmente por la Comisión Honoraria de Salud Pública. La decisión presidencial, firmada también por la ministra, hizo lugar al recurso presentado por la madre de Barrera y confirmó la sanción inicial.
Casaretto manifestó su acuerdo con la resolución presidencial. Recordó que en agosto, junto a los diputados José Luis Satdjian y Amin Niffouri, había remitido un pedido de informes al presidente de la República para solicitar su intervención, luego de que el Parlamento no lograra convencer a la ministra de revisar la reducción de la sanción.
«Nosotros compartimos la decisión. Lo que no compartimos es que mantenga el cargo a una ministra que queda absolutamente desautorizada», afirmó. Para el legislador, la controversia no se limita a la modificación de la cantidad de años de inhabilitación. Considera que la decisión tuvo consecuencias institucionales y afectó la confianza de la ciudadanía en la autoridad sanitaria. En ese sentido, cuestionó las declaraciones de Lustemberg acerca de que la resolución no había provocado perjuicios.
«¿Se olvida que durante nueve meses la familia de Soledad Barrera, aparte de haber perdido a su hija, ha tenido que andar en tribunales, en el Colegio Médico, en Presidencia de la República y en el Ministerio clamando para que su decisión se revirtiera?», planteó. El diputado también hizo referencia a la renuncia de 11 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, entre ellos catedráticos y docentes de distintos grados académicos, que habían manifestado discrepancias con la decisión ministerial. Según Casaretto, esas dimisiones constituyeron una señal de la dimensión del conflicto y de la falta de respaldo técnico que, a su entender, tuvo la resolución de Lustemberg.
«Hubo 11 catedráticos, grado cinco y grado cuatro, referentes de la medicina, que renunciaron por sentirse desautorizados por la ministra. Trataron de convencerla del error que cometía», señaló.
La responsabilidad política
Uno de los principales ejes de la interpelación será, según adelantó Casaretto, determinar cómo se llegó a la decisión de reducir la sanción y qué responsabilidad le corresponde a la ministra. El diputado cuestionó que Orsi haya explicado que el Ministerio de Salud Pública fue inducido a error por el asesoramiento recibido, y consideró que esa explicación no resulta suficiente para deslindar responsabilidades.
«Si algo nadie cree en Uruguay es que la ministra Cristina Lustemberg haya sido inducida a error», afirmó. Recordó que la jerarca fue legisladora durante varios períodos, que tuvo responsabilidades anteriores en el área de la salud y que conoce el funcionamiento de la cartera. También cuestionó la actuación de los servicios jurídicos del ministerio y la relación de confianza entre la ministra y sus principales colaboradores. En particular, hizo referencia a la designación del director de Jurídica, Martín Esposto, y a las respuestas que Lustemberg había dado en anteriores comparecencias parlamentarias cuando fue consultada sobre el respaldo a sus decisiones.
Para Casaretto, resulta difícil de explicar que el presidente de la República haya debido revertir una resolución adoptada por la titular de la cartera. «El presidente de la República, que es un profesor de Historia, le está enmendando la plana a la ministra», sostuvo. El legislador consideró que el respaldo político de Orsi a Lustemberg no resuelve el problema. «Entiendo que políticamente quieran tenerla en el ministerio y que haya una decisión política de que no caiga como ministra, pero es insostenible esta situación», afirmó.
La sanción y el reclamo de la familia
La discusión sobre la duración de la inhabilitación también estará presente en el planteo parlamentario. La Comisión Honoraria de Salud Pública había dispuesto inicialmente cinco años de suspensión para Miralles. Posteriormente, la ministra redujo ese plazo a tres años, decisión que fue cuestionada por la familia de Barrera y por integrantes de la comisión. Casaretto dijo que, de acuerdo con los antecedentes que conoce, una mayoría de los integrantes de la comisión era partidaria de aplicar la sanción máxima de diez años, aunque finalmente se llegó por unanimidad a la resolución de cinco años. El diputado evitó pronunciarse sobre el reclamo de la familia, que ha planteado una inhabilitación más prolongada, y señaló que no ha mantenido contacto directo con la madre de Soledad ni con la anestesista. Explicó que recibió algunos mensajes del padre o padrastro de la víctima, pero que ha procurado mantenerse al margen de las posiciones particulares de las partes.
A juicio de Casaretto, la gravedad de los hechos atribuidos a Miralles y la condena judicial no justificaban una reducción de la sanción administrativa.
Consultado sobre posibles medidas para evitar que se repitan situaciones de este tipo, recordó el planteo del senador Pedro Bordaberry sobre la posibilidad de filmar las operaciones quirúrgicas, una iniciativa que generó debate y que, a su entender, merece ser considerada junto con otras propuestas.
«El Uruguay va a tener que empezar a analizar estos temas y ahí va a ser importante la presencia de las cátedras», señaló. Consideró que las instituciones académicas y los especialistas deben participar en una discusión sobre los mecanismos de control y prevención.
El legislador planteó que el caso de Barrera debe servir para promover una discusión más profunda sobre los controles en los bloques quirúrgicos, la seguridad de los pacientes y los mecanismos para detectar situaciones que puedan poner en riesgo la vida de las personas. «Lo que sirve es que primero se haga justicia, pero después que esto no haya sido en vano y que no vuelva a repetirse», expresó.
En cuanto a los respaldos parlamentarios, Casaretto indicó que realizó consultas con el Partido Colorado, el Partido Independiente e Identidad Soberana, cuyos representantes le manifestaron su apoyo a la iniciativa. No había mantenido contactos con Cabildo Abierto y señaló que ese sector resolverá su posición en el momento de la interpelación.
Renunció el director de Jurídica del MSP tras la resolución de Orsi
El director de Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), Martín Esposto, renunció este jueves a su cargo, luego de la resolución adoptada por el presidente Yamandú Orsi en el caso de Soledad Barrera.
La dimisión se produjo después de que Orsi resolviera restablecer la inhabilitación profesional por cinco años de María Inés Miralles, la anestesista condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra. De esta manera, el mandatario revocó la decisión de la ministra Cristina Lustemberg, que había reducido de cinco a tres años la sanción dispuesta originalmente por la Comisión Honoraria de Salud Pública.
Esposto presentó su renuncia luego de conocerse la decisión presidencial. La dimisión fue aprobada en las últimas horas por el director general de Secretaría de la cartera, Rodrigo Márquez.
Otro payaso para el circo. Mejor que expliquen la corrupción de Cardama.
Es un hecho que se debe INVESTIGAR y recordemos que ésto le pasó a una PEDIATRA , no quiero pensar si a uno del montón nos pasa. Que debe haber CONTROLES INDEPENDIENTES en las operaciones :¡¡¡¡NO HAY DUDAS DE ELLO !!!
La Sociedad de Anestésico Quirúrgico: SE OPONE .
¿PORQUÉ SERÁ?