Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto, abogados de Castillo, presentaron el martes un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiendo la liberación del exmandatario encarcelado sin una sentencia desde hace más de cuatro meses.
Detención que en este recurso se califica como “injusta, ilegal, arbitraria e inconstitucional”. Se denuncia que el expresidente sufre en prisión un trato “hostil y degradante” y se exige que cese ese comportamiento de las autoridades. Asimismo, se recuerda que no se le permite hablar telefónicamente con su esposa y sus dos hijos menores, exiliados en México, y se demanda que “se reconozca el urgente derecho a la comunicación con su familia”.
Castillo tiene una segunda prisión preventiva, en este caso de tres años, por cargos de corrupción que están en investigación. Voceros del gobierno, en una abierta intervención política en la Justicia, pidieron se dicte esta segunda prisión preventiva para evitar que Castillo salga libre en caso de que se caiga su detención por rebelión en las instancias internacionales.
