El panorama de los derechos humanos en Uruguay «presenta desafíos estructurales» y el Informe Anual 2025 de Amnistía Internacional Uruguay sostiene que el sistema de garantías atraviesa un proceso de debilitamiento. Según el documento, esta situación se manifiesta en una gestión pública que con frecuencia «llega tarde, llega mal o actúa con negligencia». El Informe Anual 2025 visibiliza avances en la promoción y defensa de derechos humanos, pero también evidencia serios deterioros que impactan en la población más vulnerable.
Se indica que la discusión del presupuesto nacional para el periodo 2025-2029 marcó la agenda del año. El informe señala que los recursos asignados no son suficientes para respaldar los compromisos en áreas críticas. Bajo la premisa de que «los derechos se financian», la organización advierte que, sin el respaldo económico adecuado, «los compromisos asumidos solo serán palabras correctas que quedarán en el papel, sin efectos reales en la vida de las personas». Sectores como la salud mental, la lucha contra la violencia de género y la reforma penitenciaria carecen de la inversión necesaria para garantizar el pleno ejercicio de derechos.Infancia y adolescencia en riesgo
Uno de los puntos indicado por AI con mayor registro de fallas es el sistema de protección de menores, particularmente aquellos bajo tutela estatal. Los registros oficiales indican señala el informe que entre 2020 y 2025 fallecieron «114 personas bajo protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), 20 de ellos durante 2025». Estos acontecimientos se consideran «déficits estructurales en la prevención, la evaluación del riesgo, la coordinación interinstitucional y la supervisión efectiva de las medidas de protección».
En otra parte del informe se indica que el sistema carcelario alcanzó cifras históricas en diciembre de 2025, con un total de «16.496 personas privadas de libertad». Esta cifra sitúa a Uruguay con la mayor tasa de encarcelamiento en América del Sur. También se indica que «Amnistía Internacional constata importantes obstáculos en el acceso a servicios de salud mental en Uruguay. Esto puede verse reflejado, entre otros indicadores, en el aumento sostenido de la tasa de suicidio desde el año 2000». De acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Salud Pública en julio de 2025, 764 personas se quitaron la vida en 2024, lo cual implica una tasa de suicidio de 21,35 por cada 100.000 habitantes.2
En materia de género, el informe califica a Uruguay como un país «inseguro y hostil para las niñas, niños, adolescentes y mujeres». A pesar de la existencia de la Ley 19.580 (denominada Ley de Género), se adivierte que la falta de fondos impide la implementación de juzgados especializados en todo el territorio. Amnistía Internacional demanda «acelerar y garantizar la implementación efectiva» de esta norma, asegurando que los recursos se traduzcan en una «cobertura territorial suficiente y en respuestas oportunas para las víctimas».
También se indica que «la impunidad estructural existente» sobre los hechos acontecidos durante el último régimen cívico-militar «permanece incambiada, lo que repercute en magros avances en el hallazgo de las personas detenidas desaparecidas y en garantizar acceso a la memoria, verdad, justicia y reparación a las víctimas y sus familiares. Si no se producen avances significativos en esta materia, el Estado uruguayo continuará fallando en brindar garantías de no repetición a la población».
