“Ante la iniciativa que propone construir una isla en el Río de la Plata conectada con Punta Gorda que fuera considerada de recibo por el Poder Ejecutivo, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay entiende necesario realizar los siguientes comentarios, que aporten a la discusión colectiva. La Ciudad es permanencia y cambio. Montevideo ha registrado crecimientos y alteraciones a través de la historia, producto de la acumulación del proceso de construcción y sustitución edilicia, otras por intervenciones de infraestructura y espacios públicos de gran impacto que definieron su impronta particular. Ese curso de transformación continua no desconoce operaciones singulares, algunas de ellas de gran impacto, como fue la construcción de la propia Rambla”, dice el inicio de la declaración.
Sin embargo, la Sociedad considera que la propuesta de la isla MVD 360 no representaría una innovación. “Más bien refiere a la copia de un modelo que se transfiere desde otros países con realidades muy diferentes, tanto sociales como económicas que lejos de aportar al mejoramiento de los problemas de Montevideo, más bien puede empeorarlos y generar otros”, manifestó la SAU.
“El decreto presidencial, al argumento del beneficio de la inversión privada y la generación de empleo, solo agrega -sin especificar mayores fundamentos o fuentes especializadas- que el emprendimiento será de beneficio para Montevideo y su paseo costero, lo cual resulta al menos dudoso. Entonces, ante la propuesta difundida públicamente, entendemos necesario compartir con la ciudadanía una serie de interrogantes, aclarando además que no hemos sido consultados ni hemos tenido a la vista un proyecto avanzado ni estudios de impacto alguno”, se explica en el comunicado.
La Sociedad de Arquitectos se pregunta si es necesario crear nuevo suelo urbano. Ante esa interrogante responde que “Montevideo dispone de áreas vacantes diseminadas en la enorme extensión de su planta urbana dotada de todos los servicios. Algunas quedaron desocupadas por efecto del cambio de usos, o por dificultades operativas, como es el caso de las propiedades del Estado, otras por el juego especulativo del mercado inmobiliario. La ampliación de ciudad en cualquiera de sus modalidades implica un costo a mediano y largo plazo”
Acerca de quiénes son los destinatarios de hacer uso de este proyecto, el texto señala que “La población de Montevideo no solo no crece, como sucede en todo el país, sino que particularmente puede registrar en un futuro inmediato tasas negativas. Salvo que se piense en importar población, un emprendimiento radicado en un solo punto de la ciudad determinaría un corrimiento de población que hoy habita en otros lugares, con el consiguiente perjuicio en la calidad de vida y sostenibilidad económica para las zonas que se abandonan”.
Con respecto a si la propuesta está dentro de los instrumentos nacionales y departamentales, para los Arquitectos, para la SAU “Uruguay se ha caracterizado por insistir en exhibir en la región una imagen de país sensato con un marco institucional garantista donde la planificación y transparencia de sus procesos de desarrollo sean los pilares que otorguen continuidad y sinergia a las políticas públicas y den seguridad, minimizando costos y riesgos, al desempeño de la inversión privada”.
“Sabido es, que la coyuntura de globalización pos-pandemia, establece condiciones que estresan el encuentro de oportunidades para la radicación de inversiones de capital e intensifican la búsqueda de espacios económicos que ofrezcan, ya no ganancias, sino simples perspectivas de sostenibilidad de los fondos invertidos en el tiempo. Estas dos coordenadas, colocan a Uruguay en un escenario seguro y apetecible, pero también muchas veces empujan a los gobiernos, hacia la flexibilización de sus prácticas, comprometiendo la vigencia de los marcos normativo-institucionales”, expresa un párrafo de la nota.
“En resumen, vemos con preocupación la consideración de propuestas aisladas que desconocen los procesos de planificación territorial y ambientales en curso, que generarán sin lugar a dudas impactos ambientales, paisajísticos, de movilidad y segregación social inconvenientes y probablemente irreversibles”, concluye el texto.
