En un esfuerzo por controlar la creciente sobrepoblación de perros y gatos, el gobierno uruguayo ha decretado la creación del Programa Nacional de Control Reproductivo (PNCR), que establece la esterilización obligatoria de todos los animales de compañía en el país. Esta medida, implementada en 2023, busca abordar una problemática crítica que afecta tanto al bienestar animal como a la salud pública.
El decreto reconoce que la relación actual de animales de compañía con respecto a la población humana supera los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere un animal por cada diez habitantes. En Uruguay, se estima que hay cerca de dos millones de perros y gatos, lo que ha llevado a situaciones de abandono y riesgo sanitario, incluyendo ataques a personas y la transmisión de enfermedades.
El PNCR, que opera bajo el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), priorizará las zonas con mayor concentración de perros y gatos. Las autoridades podrán rescatar o capturar animales en la vía pública para esterilizarlos, identificarlos con microchips y registrarlos en el Registro Nacional de Animales de Compañía (Renac). Aquellos que no sean reclamados por sus dueños podrán ser dados en adopción o albergados.
A pesar de esta regulación, surge la pregunta sobre el manejo de las jaurías. Las jaurías, compuestas generalmente por perros abandonados o ferales*presentan desafíos significativos para la seguridad pública y el bienestar animal. La estrategia del PNCR no aborda directamente la esterilización de estos grupos, lo que podría ser un punto crítico en la implementación del programa.
El decreto establece que hay excepciones a la obligatoriedad de la esterilización, como en el caso de criadores que justifiquen su actividad ante un veterinario. Sin embargo, esta excepción no se extiende a la identificación y registro de los animales, que se mantienen obligatorios para todos.
La ONG Animales sin Hogar celebró en su momento la implementación de este programa, elogiando el compromiso del gobierno con el bienestar animal y recordando esfuerzos previos, como la prohibición de las carreras de galgos. La ONG ha expresado su deseo de un Uruguay sin superpoblación de perros y gatos y una sociedad más consciente del maltrato animal en un futuro cercano.
El PNCR también contempla campañas de sensibilización sobre la tenencia responsable y las “Cinco Libertades” reconocidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que promueven el bienestar de los animales. Estas incluyen el derecho a estar libres de hambre, miedos, enfermedades, malestar físico y la libertad de expresar comportamientos normales.
En conclusión, mientras el PNCR representa un avance significativo en la gestión de la población de animales de compañía en Uruguay, el desafío de las jaurías requerirá un enfoque complementario y coordinado entre el gobierno, las ONGs y la comunidad para garantizar el bienestar de todos los animales y la seguridad de la población.
El ejemplo de Canelones
La Intendencia de Canelones se enfrenta al desafío de las jaurías de perros y animales sueltos mediante la implementación de prácticas no letales y estrategias de reeducación, a pesar de las limitaciones impuestas por la Ley de Urgente Consideración (LUC) a los gobiernos departamentales. Esta innovadora aproximación busca no solo el control de la población animal, sino también el bienestar y la convivencia en las comunidades.
Históricamente, Canelones contaba con una normativa propia que facilitaba la aplicación de la Ley de Bienestar Animal a nivel local. Sin embargo, la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) ha modificado este panorama, estableciendo una reserva de la ley que limita las funciones de las intendencias en cuanto al manejo de la fauna. Así, la Intendencia ha redirigido sus esfuerzos hacia la colaboración con el INBA en el Plan Nacional de Castración, co financiando el 50% de los costos de castración, lo que ha permitido esterilizar entre 7,000 y 7,500 perros en el departamento.
Además de la castración, la Intendencia apoya a refugios de animales en condiciones precarias, proporcionando medicamentos, alimentos y atención veterinaria. Un aspecto clave de su estrategia es la concientización y educación sobre bienestar animal, enfocándose especialmente en los niños, quienes muestran una mayor receptividad hacia nuevas ideas y conceptos sobre el cuidado animal.
Por otra parte, el fenómeno de las jaurías y los perros sueltos es un desafío persistente en Canelones, al igual que en otros departamentos del país. No obstante, las autoridades locales sostienen que no existen perros salvajes en Uruguay; la mayoría de estos animales tienen o han tenido un dueño, y muchos provienen de hogares que los han abandonado.
Para abordar este problema, la Intendencia ha implementado cursos de capacitación para personal de intendencias y del Ministerio del Interior, buscando fortalecer las competencias en el manejo de estas situaciones. En un esfuerzo por incorporar técnicas efectivas, se ha contratado a un veterinario portugués especializado en vida salvaje y captura de jaurías, quien introduce métodos no letales para la captura, esterilización y reeducación de los animales. Este enfoque incluye el uso de sedantes a distancia y el seguimiento de los animales a través de drones equipados con cámaras térmicas.
Aunque se han logrado capturar jaurías problemáticas, aún persisten desafíos, especialmente en áreas como Atlántida. La Intendencia ha compartido sus métodos con el Congreso de Intendentes, expresando su preocupación por la falta de respuestas efectivas desde el INBA. A pesar de las buenas intenciones detrás de la creación del instituto, se ha observado que carece de los recursos humanos y operativos necesarios para abordar las diversas realidades que se presentan en todo el país.
Necesidad de revisión y reformas
La situación actual ha generado un debate sobre la efectividad del INBA y la necesidad de revisar sus funciones y competencias. Con solo tres veterinarios para atender la demanda nacional, muchos en Canelones consideran que es insostenible depender de una oficina centralizada en Montevideo para resolver problemas que requieren atención inmediata en diferentes regiones del país.
Además, la falta de claridad legal en cuanto a la captura y manejo de animales ha llevado a complicaciones, donde el personal local se siente inhibido por el riesgo de consecuencias legales al actuar sin la orden del instituto. Como resultado, las autoridades locales abogan por una revisión y reforma del sistema actual para garantizar que las buenas intenciones detrás de la creación del INBA no se vean frustradas por resultados ineficientes.
En conclusión, mientras Canelones avanza en la implementación de prácticas no letales y de bienestar animal, se enfrenta a la necesidad urgente de reformar el marco legal y operativo que regula estas acciones. Solo a través de una colaboración efectiva y una revisión de las estructuras existentes se podrá avanzar hacia una solución sostenible para el control de jaurías y el bienestar de los animales en el departamento y en el país.