La bancada der diputados del Frente Amplio presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 36 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 1974, con el objetivo de revisar las agravantes de los delitos vinculados a estupefacientes. La iniciativa impulsada por los legisladores Alejandro Zavala y Magela Rinaldi, también plantea derogar el artículo 60 de la misma norma, para evitar contradicciones en la legislación vigente.
Según se explica en la exposición de motivos, el proyecto retoma una propuesta elaborada por el jurista Diego Camaño y apunta a “atender la situación generada en el sistema carcelario a partir de la modificación normativa de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020”, que endureció las penas para quienes intentaran ingresar drogas a las cárceles. De acuerdo con los fundamentos, “quienes resultaron mayoritariamente penadas en estos casos fueron mujeres”. El texto señala que el cambio busca “atender la grave situación de las personas privadas de libertad, sobre todo respecto de las mujeres privadas de libertad”.
El proyecto sustituye el artículo 36 del Decreto-Ley 14.294, manteniendo las circunstancias agravantes, como la entrega de drogas a menores, su aplicación sin consentimiento o la comisión del delito en centros educativos, sanitarios o deportivos, pero elimina la fijación de una pena mínima. Además, deroga expresamente el artículo 60 para “despejar cualquier posible duda interpretativa”.
En los antecedentes legislativos se recuerda que la ley 17.016 de 1998 había introducido un artículo que regulaba las agravantes sin establecer penas concretas, lo que generó confusión interpretativa. Con la aprobación de la ley 19.889 en 2020, mas conocida como la LUC, se volvió a un régimen más severo, estableciendo un mínimo de cuatro años y un máximo de quince, lo que, según los proponentes, “implica una distorsión en el régimen de dosimetría penal”.
La exposición de motivos incorpora datos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y del Comisionado Parlamentario Penitenciario para describir los efectos de la normativa vigente. En 2024, el sistema penitenciario “llegó a atender a 1.322 mujeres privadas de libertad, con los mismos recursos con que atendía en 2019 a menos de la mitad”. El comisionado Juan Miguel Petit reportó que mientras la población carcelaria general creció un 5,2% entre 2021 y 2022, “la cantidad de mujeres presas se incrementó en un 13% en el mismo período”.
El documento también menciona que el 80% de las mujeres privadas de libertad en la Unidad Nº 9 se encontraban recluidas por delitos vinculados con estupefacientes y que 68 niños y niñas vivían con sus madres en cárceles al momento del relevamiento de junio de 2025.
Los autores subrayan que el proyecto “no busca resolver la compleja temática de los estupefacientes sino atacar un problema urgente”, restituyendo al juez la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la prisión, especialmente para mujeres imputadas por delitos leves de drogas o en situación de embarazo o lactancia. La propuesta se enmarca en la estrategia nacional de reforma penitenciaria y procura, según se indica en el texto, “modificar la normativa, sin dejar de contemplar la reprochabilidad de este delito”, pero evitando que la pena mínima de cuatro años sea de cumplimiento obligatorio. En la pasada legislatura los senadores colorados Carmen Sanguinetti, Raúl Batlle y Pablo Lanz elaboraron un proyecto de ley sobre Delitos relativos a estupefacientes en el que se pretendía dar solución al problema generado.
Que los jueces analizen cada situación
El diputado del Frente Amplio Alejandro Zavala expresó que el proyecto apunta a corregir los efectos de la Ley de Urgente Consideración en materia de estupefacientes. Señaló que la iniciativa elimina el artículo 74 de la LUC y “retoma la redacción anterior de la ley de narcóticos”, ya que el tema “estaba regulado” en esa norma y la modificación posterior generó problemas de aplicación.
Zavala sostuvo que el propósito es devolver a los jueces la posibilidad de valorar las circunstancias de cada situación. Dijo que se busca “recuperar la capacidad judicial de analizar las condiciones de vida de las personas involucradas, en especial de las mujeres que han pasado a integrar en mayor número la población carcelaria femenina tras los cambios legales introducidos por la LUC”.
El legislador indicó que muchas de las mujeres condenadas por ingresar drogas a los centros penitenciarios lo hacen bajo presión o en contextos de vulnerabilidad, al señalar que “con frecuencia son parejas o familiares de personas privadas de libertad, y actúan en situaciones de coacción o violencia social”. Agregó que el planteo no implica justificar el ingreso de sustancias prohibidas, sino revisar la proporcionalidad de las sanciones. “No se trata de decir que esté bien ingresar marihuana a las cárceles, sino de entender que una pena mínima de cuatro años resulta excesiva y debería permitir un análisis judicial más equilibrado”, expresó.
Como siempre las consecuencias de la prisión en mujeres las pagan los niños En general son madres solas De ahí que dar herramientas y organización a las mujeres reditúa más a la sociedad que ayudar a los hombres
El primer problema es el económico y el segundo la soledad que enfrentan en la crianza de sus hijos
Habría que dar más apoyo de todo tipo a las Cooperativas de producción de mujeres y prepararlas para las mismas
Las mujeres son importantisimas para el ingreso de la droga a las cárceles, por eso hay que luchar que no sea tomado como delito.
BUENO !! PUERTAS ABIERTAS PARA EL INGRESO DE DROGAS A LAS CÁRCELES !!
ah..entonces al final el titere resulto ser un narco?
Uruguay es otro narco estado? LLamamos al Comando Sur?