Cardama “no me parecía la mejor opción”

El contralmirante retirado Gustavo Musso compareció ante la Comisión Especial de la Asamblea General que investiga el proceso de adquisición de patrulleros oceánicos (OPV) y dejó una serie de definiciones que vuelven a poner bajo la lupa la adjudicación realizada al astillero español Cardama.

Durante una extensa comparecencia, el exjefe del Estado Mayor General de la Armada ratificó los cuestionamientos que había formulado en 2023 sobre la capacidad técnica y los antecedentes del constructor español, defendió el informe que elaboró cuando ocupaba funciones en la Armada y confirmó que la primera propuesta presentada por Cardama al gobierno uruguayo ascendía a 68 millones de euros, cifra que posteriormente aumentó.

Musso había sido uno de los principales jerarcas navales que se opuso a la selección del astillero gallego para construir los patrulleros destinados a la Armada Nacional, al punto tal que, presentó renuncia a su cargo por este tema. A lo largo de su intervención, Musso sostuvo que su principal preocupación era minimizar riesgos para el Estado uruguayo en una inversión de decenas de millones de dólares destinada a renovar capacidades estratégicas de la Armada.

El exjerarca explicó que su evaluación no se limitó al diseño del buque ofrecido, sino también a la experiencia y capacidad del constructor. “Si tengo que arriesgar en favor de la Armada, bueno, no me parecía la mejor opción”, afirmó al referirse a Cardama. Musso recordó que históricamente la Armada había manejado un criterio básico para la adquisición de OPV: optar por embarcaciones ya probadas o por proyectos respaldados por experiencia previa comprobable.

Según señaló, el objetivo era evitar que Uruguay se transformara en el primer cliente de un proyecto sin antecedentes. A su juicio, Cardama no ofrecía las garantías necesarias en ese sentido.

El exjefe del Estado Mayor dijo que consultó información pública disponible en España, incluyendo registros del Ministerio de Industria, y que no encontró antecedentes de construcción de patrulleros oceánicos ni de embarcaciones militares equivalentes por parte del astillero. Además, aseguró que detectó inconsistencias entre la información que manejaba la Armada y las respuestas brindadas por la empresa. “Cardama no tenía antecedentes de construcción naval en ningún buque similar a una OPV”, sostuvo. También afirmó que, según los datos que consultó, el astillero tenía embarcaciones sin entregar desde hacía más de una década, situación que consideró una señal de alerta para un proyecto de la magnitud que pretendía Uruguay.

Un informe que mantiene vigencia

Uno de los puntos centrales de la comparecencia giró en torno al informe elaborado por Musso el 31 de mayo de 2023, pocos días después de la reunión de la Junta de Almirantes que analizó las distintas propuestas. Ese documento se transformó posteriormente en una pieza clave de la controversia política, porque establecía una valoración crítica de Cardama y priorizaba otras alternativas. Consultado sobre el origen de ese trabajo, Musso defendió su contenido y explicó que fue elaborado en su condición de jefe del Estado Mayor General de la Armada, cuya función es asesorar al comandante en jefe sobre riesgos y cursos de acción.

En ese marco, aseguró que informó verbalmente al entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, sobre sus reparos antes de la decisión final.  “Si hay que cuidar las arcas públicas, por lo menos que quien esté enfrente tenga antecedentes vinculantes a lo que se pide”, argumentó.

La visita a Vigo

Otro aspecto relevante de la declaración fue la referencia a la visita realizada al astillero Cardama por representantes uruguayos antes de la definición de la compra. Musso explicó que la Armada preparó cerca de noventa preguntas destinadas a conocer en detalle la experiencia, infraestructura y capacidad financiera de la empresa. Según relató, el objetivo era verificar si la realidad del astillero coincidía con la información disponible en fuentes públicas.

A partir de las respuestas recibidas, afirmó que sus dudas no se disiparon.

Por el contrario, sostuvo que las contestaciones reforzaron las interrogantes existentes sobre la capacidad de la empresa para ejecutar el proyecto. “El riesgo era iniciar un patrullero y nunca terminarlo”, afirmó.

El exjerarca remarcó que la preocupación principal no era una cuestión teórica, sino la eventual pérdida de tiempo y recursos para una Armada que llevaba años intentando concretar la adquisición de patrulleros oceánicos.

Entre los datos nuevos que surgieron en la sesión figura la confirmación de que Cardama presentó una propuesta inicial antes incluso de que existiera un llamado formal. Musso relató que recibió personalmente esa documentación por intermedio del entonces comandante de la Armada.

La primera oferta de Cardama, explicó, consistía en una propuesta elaborada según criterios definidos por la propia empresa y que no coincidía con varios de los requerimientos manejados por la Armada.

Posteriormente, al responder preguntas de los legisladores, confirmó que el valor de esa primera propuesta era de 68 millones de euros. El exjerarca señaló que el incremento posterior del precio se produjo entre esa presentación inicial y la instancia en que la Junta de Almirantes analizó las distintas alternativas. “El cambio de costo inicial se produce entre la primera llegada de la oferta y una vez que se vota”, declaró.

La referencia coincide con los cuestionamientos formulados por algunos legisladores sobre la evolución económica de la propuesta, que posteriormente alcanzó los 82,5 millones de euros. Musso sostuvo además que Cardama fue la única empresa que modificó su propuesta en esa etapa temprana del proceso.

La carta del embajador español

Uno de los momentos más tensos de la comparecencia estuvo vinculado a una carta remitida por el embajador de España en Uruguay, Santiago Jiménez Martín, a solicitud de autoridades uruguayas. Esa nota fue utilizada durante el proceso de evaluación para respaldar la reputación de Cardama. Según recordaron varios legisladores, el diplomático señalaba que la empresa era “un astillero español civil fiable y conocido” que había trabajado anteriormente para el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de España. Musso relativizó el alcance de esa comunicación.

El contralmirante sostuvo que su preocupación estaba centrada exclusivamente en la capacidad constructiva de la empresa y no en otras actividades que pudiera haber desarrollado. A su entender, la carta no aportaba elementos concretos que demostraran experiencia en construcción de OPV o de buques militares equivalentes.

“Mi interés está centrado en qué respaldo me daba esa nota en cuanto a la capacidad constructiva de Cardama como astillero y no como varadero dedicado a reparaciones”, afirmó. El exjerarca incluso sostuvo que el embajador probablemente desconocía el alcance específico de las consultas que se estaban realizando o que se refería a otros trabajos efectuados por la empresa. Para Musso, la existencia de vínculos comerciales o servicios prestados a organismos españoles no equivalía a acreditar experiencia en construcción naval militar.

Una votación dividida

Musso también aportó detalles sobre la discusión interna que se produjo en la Junta de Almirantes. Según relató, de los seis almirantes participantes, dos manifestaron preferencia por Cardama, mientras que los otros cuatro se inclinaron por distintos oferentes. Él mismo votó por Gondán como primera opción, Cardama como segunda y Kership como tercera. Sin embargo, recordó que la decisión final correspondía al comandante en jefe de la Armada. “El comandante podía tomar la que quisiera”, señaló.