Caso Cardama: el gobierno amplía la denuncia penal

El gobierno uruguayo resolvió ampliar por segunda vez la denuncia penal presentada ante la Fiscalía contra el astillero español Cardama, en el marco del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas destinadas a la Armada Nacional. La nueva ampliación incorpora una pericia técnica que, según informó el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, concluye que la garantía presentada por la empresa no contiene una firma digital válida y presenta indicios de falsificación.

Díaz explicó que la ampliación se sustenta en un informe solicitado por el Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio del Interior, centrado específicamente en el documento de garantía presentado por el astillero —a través de la firma Euro Commerce— como respaldo del cumplimiento contractual. De acuerdo con los resultados de esa pericia, la firma incluida en la garantía “no es original” y se detectaron “tres documentos con la misma firma calcada, en el mismo sello y en el mismo lugar”.

Se trata de la segunda ampliación de la denuncia penal ante la Fiscalía. La primera había sido presentada el pasado 28 de noviembre, cuando representantes del Área Jurídica de Presidencia aportaron, entre otros elementos, un informe de un notario español que también advertía sobre la presunta falsedad de los documentos vinculados a la garantía. Ese conjunto de actuaciones derivó, además, en la solicitud de un informe jurídico adicional para evaluar los cursos de acción del Estado.

En declaraciones públicas, Díaz sostuvo que la administración recibe informes semanales sobre el avance del contrato y que, en base a esa información, se constatan “incumplimientos por parte de la empresa” en la construcción de las patrulleras, así como un “cúmulo de irregularidades” en torno al proceso de compra. El jerarca afirmó que, de haberse tratado de una operación realizada por un gobierno del Frente Amplio, la situación habría generado un fuerte cuestionamiento político.

Rescisión unilateral

Paralelamente a la ampliación de la denuncia penal, el Poder Ejecutivo analiza la posibilidad de rescindir de forma unilateral el contrato con Cardama. Esa opción surge a partir de un informe jurídico encargado a la catedrática de Derecho Administrativo y docente de la Universidad de Montevideo, Cristina Vázquez, en el que se examinan las alternativas legales disponibles frente a las observaciones realizadas sobre la garantía.

Según trascendió, el informe plantea dos caminos posibles. El primero es la renegociación del vínculo contractual bajo nuevas condiciones que permitan subsanar las irregularidades detectadas. No obstante, ese escenario aparece como complejo, teniendo en cuenta que se habrían producido al menos siete intentos fallidos de validación de la garantía y que no fue posible acceder a información financiera ni a una calificación de riesgo de la entidad emisora por parte del Banco Central del Uruguay. Estas circunstancias, según el análisis jurídico, implican una pérdida significativa de confianza y una eventual vulneración del principio de buena fe contractual.

La segunda alternativa planteada en el informe es la rescisión unilateral del contrato por parte del Estado, en atención a la gravedad de los incumplimientos y a la necesidad de proteger el interés público. De acuerdo con Vázquez, esta opción se encuentra prevista en el artículo 70 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), que habilita a la administración a poner fin anticipado a un contrato en determinadas condiciones.

El informe jurídico también señala que, en caso de una rescisión por incumplimiento del constructor, resultaría aplicable la cláusula contractual que establece la transferencia automática al Estado uruguayo de la propiedad de las obras realizadas hasta el momento.

Durante la reciente interpelación en el Senado a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, el propio ministerio presentó un informe jurídico elaborado por su asesor letrado, Alfredo Maeso, en el que se analizan los incumplimientos vinculados a la constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Según ese dictamen, las irregularidades detectadas podrían habilitar legalmente al Estado a rescindir de forma unilateral el vínculo con el astillero español.