La comisión investigadora sobre el proceso de adquisición de patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada Nacional retoma esta semana una fase decisiva, centrada en el período que va desde 2020 en adelante con eje en la rescisión del contrato. En ese marco, crece la expectativa por la comparecencia este lunes del almirante retirado Jorge Wilson, considerado un actor central en el proceso que derivó en la contratación del astillero español Cardama en 2023.
El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, señaló a Diario La R que el testimonio de Wilson “permitirá arrojar luz” sobre aspectos clave del procedimiento, en particular sobre cómo se desarrolló la evaluación de propuestas técnicas y económicas que culminaron en la selección de la empresa. Según explicó, el proceso incluyó el trabajo de equipos técnicos de la Armada, que analizaron distintas ofertas y elevaron recomendaciones al mando político.
Abdala sostuvo que de la comparecencia podría surgir la confirmación de que no existieron irregularidades en esa etapa y que la decisión se tomó dentro del marco legal, considerando variables técnicas y restricciones presupuestales previamente definidas por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, destacó que la recomendación final contó con respaldo mayoritario dentro de la Armada, incluyendo el voto de Wilson y del actual comandante en jefe.
Sin embargo, la investigación no se limita al proceso de adjudicación. Otro eje relevante apunta a la sanción aplicada posteriormente al propio Wilson por parte del Ministerio de Defensa, una decisión que la oposición considera jurídicamente cuestionable. Abdala afirmó que existen “dudas fundadas” sobre la legalidad de ese procedimiento, particularmente por la forma en que se llevó adelante la investigación interna. Según indicó, la ministra habría designado un grupo de trabajo integrado por personas sin vínculo funcional con el ministerio al momento de realizar las indagaciones. Este punto es considerado especialmente grave por la oposición, que entiende que se otorgaron potestades indebidas a actores externos a la estructura institucional.
“Se trata de personas que en ese momento no eran funcionarios ni tenían ninguna relación formal con el ministerio”, explicó Abdala, quien agregó que su incorporación se produjo tiempo después, bajo figuras como contratos de asesoría o pases en comisión. A su juicio, este hecho podría derivar en la nulidad de las actuaciones, incluyendo la sanción aplicada al almirante. El legislador también mencionó la existencia de posibles inconsistencias jurídicas adicionales, entre ellas eventuales problemas en los plazos de aplicación de sanciones, que podrían haber derivado en su prescripción. No obstante, consideró que el aspecto más relevante sigue siendo la legitimidad del procedimiento.
Brenta espera que Wilson aclare “inconsistencias”
Desde el oficialismo se quiere saber, entre otros aspectos, cómo surgió la oferta del astillero tras verificar que los documentos entregados por el Ministerio de Defensa no lo muestran. El senador Eduardo Brenta dijo que este proceso se inició aparentemente en el 2022, y que hay versiones diferentes de cómo se acercó Cardama al Estado Uruguayo y en realidad quién lo vinculó.
Brenta dijo por otra parte que hay muchos documentos que son reservados a partir del contrato que firmó el ex ministro de Defensa Javier García con Cardama, en la cual se establece una cláusula de confidencialidad. «Es que el Ministerio de Defensa o quienes han enviado material, cuando ese material está vinculado directamente al contrato, se envía como reservado para no violar el contrato y habilitar alguna clase de reclamo», sostuvo.
Destacó la relevancia de la comparecencia del almirante retirado Jorge Wilson en la comisión investigadora sobre la fallida compra de patrulleras oceánicas, al considerar que su testimonio puede aportar elementos centrales para conocer cómo se tomaron decisiones durante el proceso.
El legislador recordó que Wilson era el comandante en jefe de la Armada en el momento en que se desarrolló la compra directa a la empresa española Cardama, y que tuvo un rol importante en etapas sensibles del procedimiento. En particular, mencionó la habilitación de pagos vinculados a la denominada “cuaderna maestra”, un documento técnico clave en la construcción naval.
Según dijo existen inconsistencias en torno a las fechas de recepción de ese documento y la autorización del pago correspondiente, lo que genera interrogantes que la comisión buscará despejar. “Hay una serie de elementos que no coinciden”, afirmó, subrayando la necesidad de aclarar esos aspectos.
El senador también señaló que la estrategia de la bancada oficialista es comenzar la investigación “por el principio”, es decir, por el origen del vínculo entre el Estado uruguayo y el astillero Cardama. En ese sentido, indicó que hay versiones divergentes sobre cómo se produjo el primer acercamiento en 2022 y quién impulsó esa relación inicial.
Otro de los puntos que genera interés es el proceso de evaluación dentro de la Armada. Brenta hizo referencia a una reunión de oficiales en la que se votó la recomendación final y en la que, según indicó, se impuso una postura que no necesariamente representaba a la mayoría técnica más sólida. Wilson, como uno de los almirantes que apoyó la opción de Cardama, será consultado sobre los fundamentos de esa decisión.
“Queremos saber por qué se optó por un astillero que no tenía experiencia en este tipo de embarcaciones”, señaló Brenta, en alusión a que la empresa contaba principalmente con antecedentes en la construcción de barcos pesqueros.
La comisión, que cuenta con una extensa lista de convocados, prevé un trabajo prolongado y no descarta volver a citar a algunos comparecientes en función de lo que surja en las distintas declaraciones. El objetivo, según remarcó el senador, es avanzar “a fondo” en la investigación de un proceso que involucró una inversión cercana a los 90 millones de dólares y que finalmente fracasó.
En cuanto al acceso a la información, Brenta relativizó los cuestionamientos planteados por la oposición respecto al carácter reservado de parte de la documentación remitida por el Ministerio de Defensa. Explicó que esa condición responde a cláusulas de confidencialidad incluidas en el contrato firmado con Cardama, que obligan a mantener reserva sobre ciertos contenidos incluso más allá de la ejecución del acuerdo.
No obstante, aseguró que los legisladores tienen acceso a la totalidad de la información necesaria para investigar. “La comisión no está impedida de avanzar”, sostuvo, aunque reconoció que existe una discusión en curso sobre los límites para la difusión pública de esos datos.
Finalmente, Brenta afirmó que ya se ha recibido la mayor parte del material requerido —estimó que cerca del 90%—, lo que permitirá comenzar plenamente el trabajo en los próximos días. “Nadie impide el funcionamiento de la comisión”, concluyó.
Documentación
En paralelo, la comisión continúa analizando la documentación remitida por el Ministerio de Defensa. Abdala reconoció que en los últimos días se ha recibido un volumen significativo de información, aunque advirtió que aún persisten faltantes, especialmente en relación con el funcionamiento del grupo de trabajo que investigó el caso dentro de la cartera. “La ministra ha actuado de forma reactiva: cada vez que señalamos omisiones, se envía nueva documentación”, indicó. Sin embargo, aclaró que no todos los elementos solicitados han sido entregados en su totalidad. El caso adquiere mayor relevancia tras la decisión del gobierno de rescindir el contrato con Cardama en febrero de 2026, alegando incumplimientos graves y la presentación de garantías presuntamente falsas. La situación derivó en una denuncia penal por posible estafa y abrió la puerta a un eventual litigio internacional.
