La comisión investigadora que analiza el proceso de contratación y posterior rescisión del contrato para la construcción de las patrullas oceánicas (OPV) con el astillero español Cardama ingresó este lunes en una etapa decisiva. Lejos de despejar las dudas sobre la actuación del Estado, la comparecencia del exdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, profundizó las diferencias entre oficialismo y oposición, que realizaron interpretaciones completamente opuestas sobre un mismo testimonio. Mientras el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, sostuvo que la declaración confirmó la ausencia de controles sobre las garantías presentadas por la empresa y reforzó los argumentos que llevaron al actual gobierno a rescindir el contrato, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, aseguró que las respuestas de Martínez demostraron exactamente lo contrario: que el procedimiento seguido por la administración anterior fue transparente, garantista y ajustado a derecho.Las diferencias no son menores. De la valoración que la comisión haga de esos testimonios dependerán las conclusiones políticas sobre uno de los procesos de contratación más controvertidos de los últimos años en el ámbito de la Defensa Nacional.
Oficialismo: «No hubo controles»
Para Garlo, la comparecencia de Martínez aportó elementos que respaldan la decisión adoptada por el actual gobierno de rescindir el contrato con Cardama. El legislador sostuvo que el exjerarca confirmó que durante la administración anterior no existieron controles financieros ni notariales sobre el proceso de constitución de la garantía de fiel cumplimiento presentada por EuroCommerce Limited (una sociedad disuelta y catalogada como empresa «fantasma»), empresa vinculada a la operación.
«El gobierno anterior no realizó ningún tipo de control financiero ni notarial del proceso de constitución de las garantías», afirmó Garlo al término de la sesión. Según explicó, esa ausencia de verificaciones permitió que se aceptara una garantía que posteriormente fue considerada inválida, situación que terminó siendo uno de los fundamentos centrales de la rescisión contractual. A juicio del diputado frenteamplista, también quedó establecido que las sucesivas prórrogas otorgadas para la presentación de las garantías fueron decisiones adoptadas directamente por el entonces ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, y no como consecuencia de recomendaciones técnicas o jurídicas. «Eran decisiones políticas», resumió.
Garlo señaló además que, según la declaración de Martínez, tampoco existió un asesoramiento específico de su parte respecto de la validez de la documentación presentada por la empresa. Para el legislador, ello confirma que no se realizaron las comprobaciones necesarias sobre la existencia, solvencia y antecedentes de las sociedades involucradas ni sobre la autenticidad de la documentación aportada. «Existieron por lo menos desprolijidades desde el punto de vista procedimental que derivaron en esta situación», sostuvo. No obstante, evitó adelantar conclusiones definitivas sobre eventuales responsabilidades políticas. Subrayó que la comisión continúa recabando documentación y testimonios y que será recién al finalizar la investigación cuando puedan determinarse responsabilidades concretas.
Oposición: «El proceso fue transparente»
La lectura realizada por el diputado Pablo Abdala fue diametralmente opuesta. El diputado nacionalista calificó la comparecencia de Martínez como «muy provechosa» y sostuvo que el exdirector general respondió con solidez todas las preguntas formuladas por los integrantes de la comisión. A partir de ese testimonio, aseguró que quedó confirmado que el gobierno anterior actuó con prudencia y transparencia durante todo el proceso de contratación. Según explicó, uno de los aspectos más relevantes fue la decisión de contratar al estudio jurídico Delpiazzo para analizar las garantías, aun cuando, a su entender, el Ministerio de Defensa no estaba obligado legalmente a hacerlo.
Recordó además que el ministerio rechazó distintas alternativas presentadas por Cardama, solicitó reiteradas correcciones e incluso evaluó la posibilidad de rescindir el contrato antes de aceptar la garantía finalmente presentada. Para Abdala, todo ello demuestra que la administración anterior extremó las precauciones y actuó con criterios garantistas. Uno de los principales cuestionamientos del legislador estuvo dirigido a la resolución adoptada por el actual gobierno para rescindir el contrato. En particular, sostuvo que durante la comparecencia quedó desvirtuada la afirmación de que la garantía de reembolso también incumplía las condiciones contractuales.
A su juicio, esa interpretación debilitó la posición jurídica del Estado uruguayo frente al litigio internacional iniciado por Cardama. «El gobierno terminó invocando un presupuesto falso», afirmó.
Abdala sostuvo además que espera con expectativa la comparecencia de la ministra Sandra Lazo para profundizar sobre distintas decisiones adoptadas durante la actual administración y aclarar, según dijo, algunas contradicciones detectadas en sus declaraciones públicas.
Próximas comparecencias
Pese a las profundas diferencias políticas, ambos legisladores coincidieron en un aspecto: las próximas comparecencias serán decisivas para el trabajo de la comisión. Ya quedó establecido un calendario que comenzará con la comparecencia del exministro de Defensa Javier García. Posteriormente será convocado el también exministro Armando Castaingdebat y, más adelante, concurrirá la actual titular de la cartera, Sandra Lazo. Para el oficialismo, esas instancias permitirán contrastar responsabilidades políticas respecto de las decisiones adoptadas durante la ejecución del contrato. Para la oposición, en cambio, serán la oportunidad de confrontar los fundamentos utilizados por el actual gobierno para disponer la rescisión del negocio con Cardama.
Por otra parte, la comisión investigadora prevé incorporar la versión de propietario del astillero Cardama. Según informó el diputado Pablo Abdala, el empresario no concurriría personalmente, pero manifestó su disposición a responder por escrito un cuestionario elaborado por los integrantes de la comisión.
El contador Enrique Damián Galó postergó su comparecencia por un sumario en trámite
La comisión investigadora también tenía previsto recibir este lunes el testimonio del exdirector de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa, contador Enrique Damián Galó Tortorella, quien finalmente no compareció. Según explicó el diputado Pablo Abdala, el exjerarca solicitó postergar su concurrencia debido a que actualmente se encuentra en curso una investigación administrativa dispuesta por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, de la que surgió la recomendación de instruirle un sumario. Galó argumentó que ese procedimiento aún no concluyó y, por tratarse de una actuación de carácter reservado, consideró conveniente esperar su finalización antes de brindar declaraciones ante la comisión parlamentaria.
