En otro orden, la comisión investigadora sobre el caso Cardama sesionó este miércoles por la mañana para definir su régimen de trabajo, tras haber sido aprobada el pasado lunes en la Asamblea General. Finalmente, se resolvió que funcionará como comisión bicameral, luego de que la oposición planteara al Frente Amplio concentrar el análisis en una sola instancia y no en dos, como inicialmente se manejaba. El oficialismo impulsaba crearla en el Senado, mientras que la oposición proponía hacerlo en Diputados.
La presidencia de la comisión corresponde al senador nacionalista José Luis Falero, aunque no pudo asumir el cargo por el momento, según informó el diputado Pablo Abdala. Ante esa situación, la oposición propuso que Abdala ejerciera la titularidad de forma interina, pero la iniciativa fue rechazada por el Frente Amplio. En consecuencia, el senador frenteamplista Nicolás Viera quedó al frente de la comisión hasta que Falero pueda reintegrarse.
En rueda de prensa, el diputado nacionalista Gabriel Gianoli señaló que el Partido Nacional puso a disposición a “todos los actores que estuvieron en el tema”. Entre ellos mencionó a los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, así como a integrantes de los servicios financieros y jurídicos de esa cartera. La comisión contará con un plazo de seis meses para desarrollar la investigación.
La oposición también solicitó que se remita la denuncia presentada por el actual gobierno contra el astillero español Cardama, junto con toda la documentación vinculada a la rescisión del contrato. El empresario Mario Cardama figura en la lista de personas a convocar, aunque al tratarse de un particular no está obligado a comparecer.
Asimismo, deberán concurrir la ministra de Defensa, Sandra Lazo; el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz; y el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez. Desde la oposición no se descarta convocar también al expresidente Luis Lacalle Pou y al actual mandatario, Yamandú Orsi.
Parece evidente que el responsable de los «servicios financieros y jurídicos» del período anterior se dedicó a otra cosa en lugar de revisar a fondo lo redactado, aceptado y aprobado que terminó en una falsedad delincuencial proyectado por los médicos de Defensa. Los documentos se revisan por alguien que pueda prever sus consecuencias antes de ser firmados cosa que acá parece no haber ocurrido debido a otras razones que se desconocen, aunque sobraban los abogados para ello. Firmas falsas, garantías inexistentes, dudosa idoneidad de una de las partes, todo esto por demás es indefendible a menos que existan otros fuertes motivos que se desconocen por el momento.
Todo este trámite, que tiene más aspecto de circo, denuncia dos cosas: 1. que la interpelación convocada por la oposición a la Ministra Lazo, solamente fue un acto de espectáculo político, 2. los hechos en relación al caso Cardama son contundentes, y la negligencia del gobierno anterior subraya un verdadero escándalo que la oposición busca desesperadamente ocultar con una estrategia de dispersión informativa y estrés temático. Lo grave de todo esto, es que se intenta resolver por la vía del poder del relato. La verdad parece estar en riesgo.