La Asamblea General del Parlamento resolvió por unanimidad la creación de una comisión especial investigadora para analizar el proceso de adquisición de patrulleras oceánicas a la empresa española Cardama, un caso que ha generado fuerte repercusión política e institucional. La decisión fue adoptada este lunes durante una sesión extraordinaria, en la que se levantó el receso parlamentario y se aprobaron los asuntos entrados. La votación obtuvo el respaldo total del cuerpo: 127 votos en 127.
La comisión tendrá carácter bicameral, estará integrada por 17 legisladores y contará con un plazo inicial de seis meses para expedirse. Su cometido será investigar y analizar el proceso de compra de patrulleros oceánicos iniciado en 2010 y que se extendió hasta 2026, incluyendo el contrato firmado en diciembre de 2023 con el astillero español Cardama y su posterior rescisión por parte del actual gobierno.
El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani calificó la resolución como un hecho inédito en la historia parlamentaria. “Esto es una investigadora especial. Es la primera vez en la historia que se realiza una comisión especial de investigación”, afirmó durante la sesión. Según explicó, la comisión contará con representación de todos los partidos con presencia parlamentaria y estará compuesta por nueve legisladores del oficialismo y ocho de la oposición.
Caggiani detalló que, si bien el Frente Amplio tendrá mayoría numérica, la presidencia de la comisión será ejercida por un legislador del Partido Nacional, como parte de un acuerdo político alcanzado entre las distintas fuerzas. “La mayoría la va a tener el Frente Amplio, pero la presidencia la va a tener el Partido Nacional”, señaló, destacando el entendimiento como una “solución a la uruguaya” para esclarecer los hechos.
El legislador sostuvo que la investigación buscará aclarar “los pormenores de lo que sucedió con una compra que se anunció con bombos y platillos”, y que prometía tener las patrulleras navegando en un plazo de 18 meses. “Hoy tenemos más de 30 millones de euros invertidos y una chatarra en Galicia”, afirmó, en referencia al estado actual del proyecto y a la situación del material construido en España.
Alcance temporal y composición de la comisión
Uno de los puntos de discusión durante la negociación política fue el período a investigar. Finalmente, la comisión abarcará desde el año 2010 hasta 2026, una definición que, según Caggiani, respondió a un planteo del Partido Nacional. “Nosotros entendíamos que queríamos investigar sobre todo el proceso de compra de estas últimas patrullas oceánicas, pero resolvimos aceptar. No tenemos nada para ocultar”, subrayó.
La moción aprobada establece formalmente la creación de una Comisión Especial de la Asamblea General “a los efectos de investigar y analizar el proceso de adquisición de patrulleros oceánicos”, con un plazo de seis meses para expedirse. La integración será la siguiente: Nicolás Viera, Eduardo Brenta, Sebastián Sabini, Liliam Kechichian, Joaquín Garlo, Carlos Rodríguez, Tatiana Antúnez, María Inés Obaldia y Fernando Amado por el oficialismo; y Maximiliano Campo, Felipe Schipani, Gustavo Salle, Álvaro Perrone, Gerardo Sotelo, Pablo Abdala, José Luis Falero y Gabriel Gianoli por la oposición.
La Presidencia de la Asamblea General resolvió citar a la comisión para el próximo miércoles 25 de febrero de 2026 a las 9:00 horas, con el objetivo de instalar formalmente el órgano, designar presidente y vicepresidente, y fijar su régimen de trabajo.
El entendimiento político fue destacado por el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo, quien valoró que “primó la sensatez” al resolverse la conformación de una única comisión bicameral, evitando la instalación de dos instancias paralelas —una en cada cámara— que podrían haber superpuesto funciones y dilatado los tiempos de investigación.
Un contrato bajo sospecha
El caso Cardama remite al acuerdo firmado en diciembre de 2023 para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional. El contrato fue suscripto con el astillero español propiedad del empresario Mario Cardama, con sede en Vigo, durante la administración del entonces presidente Luis Lacalle Pou.
La iniciativa fue presentada en su momento como un paso clave para fortalecer la capacidad de patrullaje marítimo y la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, el proyecto comenzó a acumular cuestionamientos y derivó, ya bajo el nuevo gobierno, en la rescisión del contrato.
El actual presidente Yamandú Orsi resolvió poner fin al vínculo contractual tras detectar una serie de incumplimientos por parte de la empresa. La decisión fue adoptada en un Consejo de Ministros celebrado en la Torre Ejecutiva y se basó, según explicó el mandatario, en irregularidades graves que afectaban la validez del contrato.
“Esta es una acción que apunta a la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública”, sostuvo Orsi al anunciar la rescisión. El presidente recordó que el 22 de octubre de 2025 el gobierno había informado públicamente sobre la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. “Ahí nos encontramos con la sorpresa de que esa garantía no existía o, peor aún, que lo que teníamos era un documento falso”, afirmó.
Según detalló, tras esa constatación se notificó a la empresa y el propio astillero admitió que la garantía era inexistente. “Las garantías son las que permiten que el contrato entre en vigor”, subrayó Orsi, al explicar la gravedad del hallazgo. Posteriormente, el Poder Ejecutivo detectó nuevas irregularidades vinculadas a la garantía de reembolso, que tampoco cumplía con lo establecido en el contrato. “No era una póliza, sino un escrito de términos y condiciones”, indicó.
Acciones del Poder Ejecutivo y posibles citaciones
Tras recorrer un proceso administrativo que incluyó la posibilidad de subsanar los incumplimientos, el gobierno resolvió avanzar en cuatro líneas de acción: rescindir el contrato por incumplimientos graves e iniciar acciones por daños y perjuicios; procurar la recuperación del patrimonio del Estado uruguayo; definir responsabilidades institucionales e individuales; y avanzar en la adquisición de patrulleras oceánicas para la defensa de la soberanía nacional.
En paralelo, la comisión investigadora parlamentaria podría convocar a una amplia gama de actores. Entre las posibles citaciones no se descarta la comparecencia del propio Mario Cardama y de representantes del astillero español. En entrevista con el Diario La R, el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta recordó que los funcionarios públicos están obligados a concurrir ante una comisión investigadora, mientras que los actores privados pueden hacerlo de forma voluntaria, incluso mediante mecanismos virtuales.
Otro aspecto sensible será el acceso a la información vinculada a denuncias penales en curso. Desde el oficialismo se indicó que el Poder Ejecutivo se comprometió a remitir toda la documentación solicitada por el Parlamento, con la salvedad de aquellos materiales protegidos por el Código del Proceso Penal, cuya divulgación fue desaconsejada por la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Alternativas en estudio
Mientras se desarrolla la investigación parlamentaria, el gobierno explora alternativas para dotar a la Armada Nacional de patrulleras oceánicas de porte similar a las originalmente proyectadas. Orsi informó que se están manteniendo contactos con países que cuentan con astilleros públicos y privados, con el objetivo de ampliar el horizonte tecnológico y material.
Asimismo, anunció que se prevé la adquisición de herramientas complementarias para la vigilancia costera, en particular lanchas rápidas, un segmento en el que el Ejecutivo visualiza un “buen horizonte” de cooperación. A esto se suma un ofrecimiento por parte de Estados Unidos para la entrega de un navío que funcione como solución intermedia, mientras se define una alternativa definitiva.
Como pierden el tiempo estos parlamentarios mientras el pais espera que se pongan a trabajar seriamente y además menos acting para la cámaras que tampoco tienen mucho talento para eso, YA CANSAN !!!!!