La situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios en Uruguay se ha vuelto crítica, reflejando desafíos económicos que han acumulado un déficit alarmante. La vicepresidente y gerenta general, contadora Virginia Romero, ha subrayado que la crisis económico-financiera que enfrenta la Caja ha alcanzado un punto límite, con el riesgo de quiebra a la vista. Según las autoridades de la institución, si no se implementan medidas urgentes de choque, es probable que a partir de junio o julio no haya fondos suficientes para cubrir las jubilaciones y pensiones de los afiliados.
Entre 2023 y 2024, la Caja acumuló un déficit de 108 millones de dólares, y ha estado operando con números en rojo durante los últimos cinco años. Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se intentó introducir un proyecto de ley exprés para equilibrar las cuentas, pero la propuesta no logró avanzar en el Parlamento.
Recientemente, el nuevo Poder Ejecutivo, liderado por Yamandú Orsi, ha presentado una nueva propuesta que ha sido comunicada a las autoridades de la Caja y que se encuentra en proceso de análisis por parte de la opinión pública. En este contexto, Virginia Romero ha explicado que, además de los aportes de los profesionales y la venta de timbres profesionales, la Caja ha estado obteniendo ingresos financieros de sus inversiones, aunque estas son limitadas.
Romero mencionó que la Caja cuenta con campos forestales arrendados que generan aproximadamente 2 millones de dólares al año. A pesar de la controversia sobre la eficacia de las inversiones realizadas, la gerenta aseguró que estas han sido «buenas» y han permitido mantener el presupuesto hasta el momento. Aun así, la necesidad de encontrar una solución sostenible es urgente, ya que la viabilidad de la institución y la seguridad financiera de sus afiliados están en juego.
La situación de la Caja es un claro reflejo de los desafíos más amplios que enfrentan muchas instituciones de este tipo en el contexto económico actual, donde es esencial implementar reformas que aseguren su futuro y la protección de los derechos de los profesionales jubilados. La presión sobre el gobierno y las autoridades competentes para abordar esta crisis no puede subestimarse, ya que el bienestar de miles de afiliados depende de soluciones efectivas y a tiempo.
Virginia Romero, en su análisis de la crítica situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, destacó que la dependencia de la rentabilidad de las inversiones ha llegado a un punto insostenible. «Hemos vivido de la rentabilidad durante unos cuantos años», expresó, pero reconoció que ha habido un cambio significativo. «Hubo un momento en el que la rentabilidad sola no era suficiente y tuvimos que empezar a vender los papeles», añadió. Actualmente, la Caja se encuentra en una posición precaria, con muy pocos activos restantes, concentrándose principalmente en letras de regulación monetaria, que son de fácil comercialización y garantizan una renta más segura. Romero también señaló que varios factores han contribuido a la crisis actual de la Caja. «Primero, la Caja se funda en 1954, en un contexto de ejercicio profesional que ha cambiado drásticamente. Hoy en día, muchos jóvenes que se gradúan eligen trabajar en relación de dependencia, lo cual no era común en el pasado, cuando la mayoría optaba por ser independientes», explicó la contadora.
Un dato alarmante es que de los 170,000 profesionales que hay en Uruguay, aproximadamente 110,000 no están aportando a la Caja. «Este es un factor muy importante», subrayó, ya que aunque la relación entre activos y pasivos puede parecer favorable, quienes efectivamente aportan pertenecen mayormente a las primeras categorías de aportación. La Caja cuenta con diez categorías, y la mayoría de los nuevos jubilados está retirándose en la categoría más alta, que corresponde a los sueldos más elevados.
Además, Romero enfatizó la necesidad de contar con un mayor número de profesionales que realicen aportes en las primeras categorías para poder cubrir las jubilaciones de aquellos que se retiran en la categoría más alta. «La gran mayoría de quienes se están jubilando lo hacen en la categoría 10, que representa nuestra mayor jubilación», detalló, lo que pone presión adicional sobre el sistema.
Este contexto revela no sólo la urgencia de implementar reformas que incentiven a más profesionales a contribuir al sistema, sino también la necesidad de un análisis más profundo sobre cómo el cambio en las dinámicas laborales ha afectado la sostenibilidad de la Caja. La situación actual exige una respuesta contundente y colaborativa entre los profesionales, las autoridades y el gobierno para garantizar un futuro viable para la Caja y la seguridad financiera de sus afiliados.
