Cinco de las principales compañías navieras que operan en el puerto de Montevideo trasladaron al gobierno su “profunda preocupación” por las consecuencias del conflicto laboral que afecta a la terminal especializada de contenedores (TCP) y advirtieron que la situación está comprometiendo la imagen internacional de Uruguay como plataforma logística regional.
La advertencia fue formulada en una carta fechada el 22 de setiembre y dirigida a seis integrantes del Poder Ejecutivo: la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry; el ministro de Economía, Gabriel Oddone; el ministro de Trabajo, Juan Castillo; la ministra de Industria, Fernanda Cardona; el ministro de Ganadería, Luis Alfredo Fratti Silveira; y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. El documento está firmado por representantes de Maersk Uruguay, CMA CGM Uruguay, Hapag-Lloyd Uruguay, Ocean Network Express (ONE) y Cosco Shipping Lines Uruguay.
Las empresas, en su condición de “usuarios habituales y estratégicos” de la terminal, expresaron su alarma ante un escenario que califican como de “extrema incertidumbre y parálisis” y sostuvieron que las medidas adoptadas en el marco del conflicto laboral impiden garantizar un funcionamiento mínimo efectivo y eficaz de los servicios marítimos de contenedores.
Uno de los datos destacados por las navieras es que, según su relevamiento, en lo que va de 2026 el puerto de Montevideo acumula más de 35 días con afectaciones operativas de diversa índole.
Las compañías señalan que las interrupciones provocan “severos perjuicios económicos y comerciales” debido a la detención sorpresiva de actividades y a la imposibilidad de movilizar las cargas. A su entender, las demoras prolongadas en Montevideo “quiebran la continuidad y previsibilidad de las operaciones”, afectando a los distintos actores de la cadena portuaria y logística y, en última instancia, a los clientes finales.
Pero el principal llamado de atención está relacionado con el posicionamiento internacional de Uruguay.
Las cinco navieras sostienen que la situación está profundizando la pérdida de operaciones de trasbordo y afirman que ello está provocando un “daño severo” al prestigio internacional de Uruguay. En particular, advierten que el país comenzó a ser percibido por operadores globales “como un enclave logístico inseguro, inestable y poco confiable comercialmente”.
Según las empresas, las interrupciones obligan a modificar itinerarios y buscar alternativas fuera de Montevideo. Las navieras también advierten sobre el “riesgo para la continuidad de las fuentes de trabajo”. Frente a este escenario, las cinco compañías solicitan a las autoridades una “mediación activa” para alcanzar una solución de fondo y restablecer la previsibilidad de las operaciones.
Acá en éste tema hay tres culpables: 1) el GOBIERNO DE LUIS LACALLE POU QUE CEDIÓ EN MONOPOLIO LA CONCESIÓN DEL PUERTO DE MONTEVIDEO HASTA EL AÑO 2081 a UNA SOLA EMPRESA.
2) LA EMPRESA
3) LOS TRABAJADORES.
Por algo existen las leyes ANTIMONOPOLIOS