El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha acusado a las autoridades ruandesas de matar a 1.500 civiles desde principios de diciembre, coincidiendo con la ofensiva lanzada por el Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Kigali, apenas días después de que los presidentes congoleño y ruandés firmaran en Washington un acuerdo que incluía un alto el fuego.
«Además de más de 500.000 desplazados, el número provisional de muertos en las operaciones ruandesas, que han implicado el uso de bombas y drones suicidas a lo largo del eje Kamayola-Uvira desde principios de diciembre, ha ascendido a más de 1.500», reza un comunicado publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño.
Kinshasa, que ha denunciado la «continua ocupación ilegal de su territorio por parte de las tropas ruandesas» en el marco de los avances del M23, ha subrayado que «estos actos constituyen una flagrante agresión a la soberanía nacional, una grave y reiterada violación del Derecho Internacional y un deliberado incumplimiento de los compromisos regionales e internacionales». En este sentido, el Ejecutivo congoleño ha hecho hincapié en que estas acciones «están empeorando drásticamente una situación humanitaria y de seguridad ya crítica, exponiendo directamente a la población civil a una violencia generalizada», mientras que ha reiterado su determinación de «restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio nacional y de exigir responsabilidades, sin excepción, a los autores e instigadores de estos crímenes». «El Gobierno exige la retirada inmediata, efectiva, verificable e incondicional de las tropas ruandesas de Uvira y de todos los territorios congoleños ocupados, de conformidad con la resolución 2773 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el acuerdo de paz en Washington, así como el cese inmediato de todas las operaciones contra la población civil», ha manifestado.
