En medio de tensiones económicas y sociales, alimentadas por el bloqueo estadounidense contra la isla y el descontento social, el gobierno cubano presentó el Programa Económico y Social 2026, un plan que introduce cambios estructurales en el modelo económico sin precedentes en los últimos años. La principal herramienta de gestión económica sustituye al plan de 2025 con un enfoque más ambicioso: no se trata solo de «corregir distorsiones», sino de transformar la relación entre Estado, territorio y actores económicos.
Por primera vez, los 168 municipios tendrán facultades para aprobar sus propias micros, pequeñas y medianas empresas; se eliminarán gradualmente subsidios universales y la soberanía energética se convierte en prioridad absoluta. El documento también revela las duras limitaciones del momento: un crecimiento del PIB previsto del 1 %, apenas suficiente para no profundizar la contracción; fija la disponibilidad de medicamentos del cuadro básico en el 50 %; reconoce una reducción del déficit habitacional que apenas roza las 11.000 viviendas nuevas frente a un déficit estimado en medio millón; y admite que la prioridad número uno es recuperar un sistema eléctrico que sigue siendo vulnerable.
El Primer Ministro de la República Manuel Marrero Cruz aseguró —al comunicar el texto gubernamental — que la actualización presentada surge de la consulta y el debate con más de 2 millones de personas, en asambleas, encuentros y colectivos laborales.
El programa 2026 introduce transformaciones estructurales que operan entre descentralización y control. Por un lado, los 168 municipios reciben facultades inéditas para aprobar mipymes y cooperativas no agropecuarias sin intervención del gobierno central, una medida que busca dinamizar las economías locales desde abajo y que tiene la ventaja de acercar la toma de decisiones a las realidades territoriales. Pero el mismo documento refuerza paralelamente los mecanismos de control sistemático y un seguimiento estricto a las relaciones comerciales entre el sector estatal y el no estatal.
En paralelo, la economía cubana avanza hacia una dolarización parcial reconocida como política explícita, institucionalizando una realidad que durante años se movió en los márgenes. La ventaja de esta medida es que permite ordenar los flujos de divisas, canalizar remesas y capturar recursos que antes circulaban en la informalidad; la desventaja es que profundiza la brecha entre quienes tienen acceso a divisas y quienes dependen exclusivamente del peso cubano cuyo salario medio mensual se proyecta en 7.091 pesos, menos de 60 dólares al cambio oficial.
También en el frente empresarial, la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, subordinado directamente al Consejo de Ministros, introduce por primera vez un tratamiento diferenciado para las 2.803 empresas estatales según su misión, con la facultad de aplicarles regulaciones distintas en materia de recursos, gestión laboral y comercio exterior, lo que podría acabar con décadas de rigidez centralizada.
En la esfera financiera, el gobierno apuesta por la bancarización como herramienta de transparencia fiscal: la eliminación de comisiones por depósito de efectivo y los incentivos a los pagos digitales buscan que más de 6,9 millones de usuarios utilicen pasarelas nacionales, reduciendo la evasión fiscal y ampliando la base tributaria, aunque el salto de confianza requiere que un sistema bancario con limitaciones tecnológicas y desconfianza ciudadana acumulada esté a la altura.
Finalmente, el programa fija por primera vez una cifra concreta para la participación privada: las formas de gestión no estatal deberán aportar el 15 % de la economía en 2026, un reconocimiento explícito de que el sector privado es una pieza clave del entramado productivo. La ventaja es que abre la puerta a incentivos diferenciados y encadenamientos con empresas estatales; la desventaja, que la integración viene acompañada de un ordenamiento estricto del comercio exterior, fiscalización de precios y aplicación de impuestos especiales que mantienen difusa la línea entre integración y subordinación.
En el terreno social, el programa fija prioridades que marcan un camino de supervivencia ante una profunda crisis. La energía es declarada prioridad número uno, con la meta de recuperar 572 MW en termoeléctricas y alcanzar un 15 % de participación de fuentes renovables, sin embargo, el bloqueo a los hidrocarburos busca agudizar la situación del Sistema Electroenergético Nacional. En salud, la meta es mantener la mortalidad infantil en 7,5 por mil —una de las más bajas del mundo— pero la disponibilidad de medicamentos del cuadro básico se fija en apenas el 50 %, una cifra que revela las duras limitaciones del sistema de suministros. En alimentación, el programa apuesta por la autosuficiencia municipal con la meta de que los territorios satisfagan al menos el 90 % de su demanda local, aunque la producción per cápita de viandas, hortalizas, granos y frutales se proyecta en 45 libras anuales. Y en vivienda, se prevén 10.796 nuevas unidades frente a un déficit estimado en más de medio millón, un dato que confirma que el problema habitacional desafía los plazos cortos.
Cuba transita el 2026 con un programa que reconoce límites mientras promete cambios estructurales. El desafío es arduo y reconoce la participación de todos los ciudadanos…
Ahora se dice que se liberaron 2000 pesos políticos Es importante seguir en esa línea y apoyo internacional para mejorar la estructura Van a hacer una Planta de Biometano con la basura Apoyo a las Pymes y una ruta de salida para la apertura democratica
Uruguay puede apoyar enviando técnicos lecheros y ganaderos a la isla