Según el Consejo Directivo Central de la APU, la iniciativa es «notoriamente regresiva, autoritaria y violatoria de principios constitucionales elementales», afectando severamente la «libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa». El comunicado expresa la preocupación de la APU por el avance de esta ley a través de lo que denominan como una «votación express en el Senado» que «sorprendió hasta la propia vicepresidenta de la República».
La APU critica que el gobierno sigue sin escuchar el «enfático pronunciamiento de decenas de instituciones, organismos y autoridades nacionales e internacionales» que rechazan esta normativa. Entre las entidades que han expresado su oposición se mencionan la UNESCO, el Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), entre otras.
El comunicado señala que esta ley «se empuja contra viento y marea en plena contienda electoral». La APU también menciona que, si bien algunos partidos de la coalición gobernante, como el Partido Colorado y Cabildo Abierto, apoyan el proyecto, lo hacen con la «convicción de que el Presidente de la República vetará el polémico artículo» que afecta a los medios de comunicación. La APU critica que esta convicción se basa en «estándares de libertad de expresión y de prensa de suma gravedad» y considera que esta definición política con «convicciones tan enfáticas y contrapuestas» es “risible”. Además, el Consejo Directivo Central de la APU manifiesta: «exhortamos, una vez más, al sistema político y en particular a los partidos integrantes de la coalición de gobierno» a no avanzar en una norma que consideran «a todas luces inconveniente». El comunicado cierra con un llamado a los diputados para que reflexionen sobre la decisión que están tomando y no acompañen con su voto esta iniciativa. «Les estaremos inmensamente agradecidos», concluye el Consejo Directivo Central de la APU.
La Asociación de la Prensa Uruguaya expresa de esta manera su firme oposición a la nueva Ley de Medios, argumentando que representa un retroceso en la libertad de prensa y expresión en el país, y solicita a los legisladores que reconsideren su apoyo a esta normativa.
Polémico artículo
Una disposición añadida al proyecto en el mes de mayo mientras el articulado estaba bajo estudio del Senado, a solicitud de Cabildo Abierto, está provocó desacuerdos dentro de la coalición de gobierno. Esta disposición, que obliga a radios y canales de televisión a proporcionar información política «imparcial», se encuentra en el artículo 72 del texto aprobado el martes 14 en el Senado. El artículo establece que “los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.
Bueno, si Manini no se puede dar un gusto, tampoco…
Te has dado cuenta que tus comentarios «SIEMPRE SON AL PEDO» SIN SENTIDO , SIEMPRE TROLEANDO LAS 24 HORAS .