El diseño urbanístico debe concebirse como un proyecto que esté dirigido a todas las personas que forman parte de las ciudades. Por otro lado, su objetivo principal tendría que ser la inclusión y la garantía de la accesibilidad universal. Un principio fundamental que busca asegurar que cualquier individuo, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, pueda acceder y utilizar de manera equitativa los entornos.
En este sentido, la accesibilidad se define como la capacidad de todas las personas. Sin importar su edad, habilidades o condición física, de acceder y utilizar de forma segura y autónoma los espacios y servicios públicos. Esto busca eliminar las barreras y obstáculos que limitan o impiden la participación plena de algunos individuos en la vida social, económica y cultural de la comunidad. No obstante, estas barreras no son únicamente físicas, sino que pueden ser sociales, como la falta de señalización clara. Así como la ausencia de capacitación en el personal para asistir a personas con discapacidad.
Actualmente es un tema que se debe llevar a debate y así lograr una planificación integral. Teniendo en cuenta esto, se requiere diseñar espacios públicos y edificios accesibles, garantizar una red de transportes que lo sea, e incluir mobiliario urbano pensado para todos. Por otra parte, la tecnología debe ser una aliada en este proceso para alcanzar un resultado basado que se ajuste a un mejor diseño con la accesibilidad pensada desde cero. Los espacios públicos constituyen el núcleo de la vida comunitaria urbana, para fomentar la cohesión social. Por definición, no deberían generar discriminación causada por el entorno construido.
Sin embargo, no siempre la realidad coincide con las aspiraciones. Pese a que la accesibilidad y la inclusión son temas recurrentes en organismos internacionales, aún no se logra materializar en varias áreas como es el caso de Uruguay. Esta aproximación deficiente genera espacios inaccesibles u hostiles para diversos grupos, lo que representa una pérdida de oportunidades para edificar una sociedad más equitativa. Esta perspectiva no siempre logra adaptarse a la diversidad de discapacidades, sean permanentes, temporales o contextuales.
Un ejemplo de esta tensión entre la norma y la práctica se encuentra en Montevideo. En noviembre de 2017, la Intendencia de Montevideo lanzó el 1er Plan de Accesibilidad en la ciudad. Este documento, se presentó como el primer instrumento de gestión que sistematizaba y organiza las políticas públicas para convertir a la capital uruguaya en una ciudad «libre de barreras». La iniciativa partía de la idea de que la accesibilidad debía concebirse como un sistema presente en cada etapa de la vida.
Esto va desde tomar un ómnibus hasta realizar un trámite, asistir a un espectáculo o disfrutar de un parque. El plan establecía como ejes fundamentales la movilidad eficiente, para asegurar un transporte y una infraestructura peatonal aptos para todos. El desarrollo urbano sostenible, incorporando normas de accesibilidad universal en cada nueva construcción pública. Así como la inclusión social y convivencia, promoviendo la participación activa de personas con discapacidad en la vida ciudadana. Sin embargo, a pesar de la solidez del planteamiento, varios años después la realidad en las calles de Montevideo dista mucho de aquella visión.
La capital sigue presentando barreras perceptibles ante los ojos de todos. Lo que para muchos es una rutina, para miles de personas se convierte en un desafío diario: baldosas rotas, rampas inexistentes o mal diseñadas, un parque de ómnibus donde una cantidad importante de unidades no son accesibles o no funcionan correctamente sus plataformas, y edificios públicos con accesos limitados. Uno de los mayores retos para la arquitectura es la enorme diversidad de las personas, sus necesidades y la manera de integrarlas en un diseño adecuado. A pesar de ello, es habitual encontrar errores de accesibilidad fácilmente evitables con un mínimo de sentido común o conocimiento técnico.
Entre los ejemplos más comunes se encuentran las rampas con una inclinación demasiado pronunciada, sin barandillas o con pavimentos resbaladizos. También es frecuente el error en puertas correderas donde el ancho libre de paso cumple la normativa, pero la instalación del tirador lo reduce en pocos centímetros. Lo justo para impedir el paso de una silla de ruedas. Otro fallo recurrente son los encaminamientos podotáctiles, diseñados para guiar a personas con discapacidad visual, que terminan abruptamente en un obstáculo o, simplemente, en la nada. Las plazas de aparcamiento adaptado con frecuencia son demasiado pequeñas. Esto no permiten abrir completamente la puerta para extraer una silla de ruedas o disponer del espacio lateral necesario para la rampa de un vehículo adaptado. Incluso, detalles tan pequeños como los tiradores del wáter pueden convertirse en barreras para personas con movilidad reducida en las manos.
Esta lista continúa con situaciones tan ilógicas como escaleras previas al acceso a una rampa o un ascensor, lo que convierte lo accesible en inaccesible. Los baños adaptados, correctamente diseñados en origen, a menudo se ven invalidados por el almacenamiento de objetos de limpieza en su interior lo que los vuelve no utilizables. Incluso la tecnología falla, ascensores modernos que se instalan sin indicadores sonoros, sin braille o sin botones accesibles. Lo que evidencia una gran omisión en una gran inversión. Por último, la señal colocada a una altura excesiva resulta ilegible para personas en silla de ruedas o con baja visión. Lo cual demuestra que no basta con que las señales sean accesibles en sí mismas. Sino que deben instalarse siguiendo criterios que garanticen la usabilidad del espacio para todos.
