Hoy en día, hay 285 defensores públicos -de oficio- en Uruguay, nucleados en la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU). La institución se declaró en conflicto el pasado martes 28 de febrero, en una decisión tomada en una asamblea general ordinaria. En esa reunión si se definió no afectar el servicio, ya que se entendió que «no se puede afectar a clientes que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad».
Carolina Camilo, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, y vicepresidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU), habló con Diario La R.
«La decisión fue por diferentes temas que venimos reclamando ya hace mucho tiempo sobre la carencia en definitiva del servicio de la Defensa Pública. Hay una pauta de varios temas que tienen que ver con la no ejecución de un presupuesto asignado por el Poder Judicial para la creación de 18 cargos (nueve para 2023 y nueve para 2024). También está todo lo que tiene que ver con deficiencias en la atención en los juzgados de género, sobre todo en San Carlos, más la situación de los juzgados de Maldonado y de otros puntos del país».
Dentro de esos reclamos se incluye también la no contratación de procuradores, las diferencias salariales que existen entre los defensores y los jueces cuando la ley los equipara y otros temas que se vienen tratando. «Hoy, tres semanas después no hemos avanzado demasiado en cuanto a alcanzar la solución en alguno de estos temas», dijo Camilo al Diario La R. Destacó que si hubo reuniones con las autoridades del Poder Judicial –la última el miércoles 7 pasado-, y pero que ahora «están a la espera» de conocer resoluciones.
En relación a la reunión con Doris Morales, presidenta de la Suprema Corte de Justicia –asumió el 1° de febrero-, expresó que «se mostró abierta y receptiva a los planteos, y nos pidió una lista de medidas que los defensores públicos entiendan a corto plazo se puedan tomar, a los efectos de solucionar alguno de estos problemas, y nos propuso seguir en contacto». El pasado jueves 16, los defensores públicos le enviaron a la presidenta de la Suprema Corte un correo electrónico en el que explican cuáles son las medidas más urgentes a atender por parte de la Suprema Corte (SCJ).
Camilo comentó también que desde el pasado 28 de febrero, han sido varios los dirigentes políticos que se han puesto en comunicación con la Asociación para conocer de primera mano porque se llegó a la declaración del conflicto. ADEPU se puso en contacto con la senadora del Partido Nacional, Carmen Asiain, «quien en su momento se comunicó con nosotros para decirnos que nos iban a dar los cargos en la Rendición de Cuentas del 2022, y allí le contamos la situación».
Posterior a esa comunicación, que fue en enero pasado, Asiain realizó averiguaciones con el Ministerio de Economía (MEF), y expresa en su cuenta de Twitter que «había encontrado la solución» para la creación de esos 18 cargos por parte del Poder Judicial. Pero, el Poder Judicial respondió a los defensores que eso no es así, y que nadie les informó nada sobre ninguna solución al tema. «Estamos en el medio de una situación. Por un lado nos dicen que está resuelto y por el otro lado nos dicen que no hay solución formal», explicó Camilo.
Consultada acerca de que sucederá si el tiempo transcurre y no hay solución a los temas planteados, dijo que «vamos monitoreando la situación, e iremos analizando si avanzamos o no, y allí definiremos si tomamos medidas paulatinas y progresivas». Señaló además que en abril próximo seguramente se haga un análisis de como continúa el conflicto, de manera tal de definir si las características del mismo se mantienen o se modifican.
