El objetivo era esclarecer casi cien denuncias por estafa presentadas en todo el país entre diciembre de 2020 y junio de 2022, que seguían un mismo «modus operandi».
Una de las modalidades utilizadas era ofrecer préstamos a través de redes sociales. Los estafadores creaban una cuidada publicidad engañosa, utilizando logotipos de empresas, direcciones comerciales y números de contacto. Esta modalidad se dirigía principalmente a personas que no podían acceder a préstamos convencionales debido a su historial crediticio.
Una vez que las víctimas se ponían en contacto, los estafadores les solicitaban información personal, como fotografías de sus documentos de identidad, recibos de sueldo y otros documentos, simulando el inicio de un proceso administrativo para el préstamo. Después de comunicarles la aprobación previa del préstamo, les enviaban una copia del contrato y otros documentos con membrete de la supuesta «Financiera» y aparentemente avalados por asesores legales. Se les pedía que firmaran y sellaran el contrato, y lo devolvieran.
Posteriormente, los estafadores informaban a las víctimas que debían enviar una determinada cantidad de dinero para cubrir los gastos administrativos, timbres y obtener la autorización del clearing. Les aseguraban que el dinero les sería reembolsado una vez que se depositara el préstamo concedido. Los números de identidad a los que las víctimas enviaban el dinero para estos gastos pertenecían a diversas personas, que en muchos casos no eran las mismas que figuraban como titulares de los teléfonos. Estas personas se encargaban de cobrar el dinero y, en ocasiones, proporcionaban cuentas bancarias para realizar transferencias.
Después de que la víctima realizara el primer envío de dinero, los estafadores planteaban nuevos obstáculos y solicitaban más pagos. Esta secuencia se repetía varias veces hasta que la víctima se daba cuenta de la estafa y presentaba una denuncia. En numerosos casos, las víctimas llegaron a enviar más de 25.000 pesos.
Otra modalidad utilizada por la organización delictiva era la venta de electrodomésticos, teléfonos móviles y otros artículos en la misma red social. Utilizando perfiles falsos, ofrecían estos productos a un precio inferior al del mercado para atraer a las víctimas. Una vez que estas realizaban la compra, se les solicitaba enviar el dinero a través de redes de cobranza o transferencias bancarias, prometiéndoles el envío posterior de la mercancía. Sin embargo, una vez que recibían el dinero, los estafadores eliminaban todo contacto con la víctima y la bloqueaban, sin enviarles el producto.
La investigación reveló que ambas modalidades eran planificadas por una organización delictiva compuesta por varias personas, algunas de ellas parientes o amigos, que desempeñaban diferentes roles dentro de la organización.
En total, lograron recaudar aproximadamente 5.821.000 pesos, enviando al exterior (principalmente a Colombia) 2.740 dólares y 473.693 pesos.
Como resultado de la investigación, se realizaron un total de 19 detenciones, nueve hombres y diez mujeres, en Montevideo, Maldonado, Colonia, San José, Tacuarembó y Canelones. Todos ellos fueron condenados como «coautores penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir, con concurrencia fuera de la reiteración, con un delito continuado de estafa». Se les impusieron diferentes régimenes de libertad a prueba, que oscilaban entre seis y doce meses.
