Estados Unidos confirmó la muerte de once personas durante tres operativos militares realizados en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental, en el marco de su actual ofensiva contra el narcotráfico en América Latina. La información fue difundida por el Comando Sur estadounidense, que aseguró que las embarcaciones atacadas transitaban rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al contrabando de drogas.
Según el comunicado oficial, cuatro personas murieron en una primera lancha interceptada en el Pacífico oriental, otras cuatro en una segunda embarcación en la misma zona y tres más en un operativo realizado en el Caribe. Las acciones se desarrollaron el lunes por la noche y, de acuerdo con el mando militar, no se registraron heridos entre las fuerzas estadounidenses.
Las operaciones forman parte de la campaña militar denominada “Lanza del Sur”, iniciada en septiembre por la administración estadounidense, que define a los grupos vinculados al narcotráfico como organizaciones narcoterroristas. Desde entonces, más de 40 intervenciones de este tipo habrían dejado un saldo superior a 140 personas fallecidas, según cifras oficiales.
Sin embargo, los ataques generaron fuertes cuestionamientos. El Pentágono no presentó pruebas públicas que confirmen que las embarcaciones transportaban drogas ni que sus ocupantes estuvieran armados o representaran una amenaza inmediata. Imágenes difundidas por fuentes oficiales muestran al menos dos lanchas detenidas al momento de los impactos, con personas visibles a bordo.
Especialistas en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos advierten que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Señalan que no existe una guerra formalmente declarada ni autorización específica del Congreso estadounidense para el uso de fuerza letal contra estos actores, lo que pondría en duda la legalidad de los operativos.
La escalada militar se da en un contexto de creciente presencia naval de Estados Unidos en el Caribe y de mayor tensión regional, lo que reabre el debate sobre los límites del combate al narcotráfico y el respeto al derecho internacional.


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