El gobierno presentará una nueva ampliación de la denuncia penal ante la Justicia competente contra el astillero español Cardama, como consecuencia de las irregularidades detectadas en el fallido proceso de adquisición de dos buques de patrullaje oceánico (OPV). El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, confirmó que la administración central accedió a documentos probatorios clave procedentes de España que ratifican de forma fehaciente la falsificación material de las pólizas y avales bancarios presentados originalmente por la firma extranjera bajo el concepto de garantía de fiel cumplimiento del contrato original.
El jerarca detalló que el Poder Ejecutivo cuenta actualmente con actas notariales que contrastan de forma directa las piezas documentales apócrifas entregadas por el director de la empresa constructora, Mario Cardama, con los registros institucionales originales del sistema financiero de la península ibérica. Frente a este escenario, Díaz puntualizó que las acciones jurídicas del Estado se dirimirán a través de cuatro vías simultáneas: la comisión investigadora parlamentaria instalada en el Poder Legislativo, el proceso penal en la Fiscalía, la solicitud de un arbitraje en el ámbito internacional y la interposición formal de una demanda civil resarcitoria ante los tribunales domésticos.
El marco contractual suscrito entre las partes estableció expresamente la jurisdicción legal de la República Oriental del Uruguay para la resolución de cualquier tipo de controversia comercial o jurídica. Por tal motivo, los equipos letrados de la Presidencia formalizarán la demanda e incorporarán las nuevas evidencias materiales inmediatamente después del levantamiento de la feria judicial menor de julio. En paralelo, las autoridades de Defensa e Interior mantienen avanzadas las misiones técnicas de prospección con otros proveedores internacionales para concretar la compra definitiva de las embarcaciones de patrullaje marítimo.
¿ Y no se podrá ampliar con algún compatriota ?