El informe 2022 de Amnistía Internacional (AI) para Uruguay en su informe de 2022 advierte sobre el debilitamiento de garantías constitucionales para el ejercicio de libertades básicas y la inseguridad alimentaria que padece el 7% de la población. Que se traduce en que las personas no tienen para comer.
En materia de inseguridad alimentaria y reactivación de las ollas populares, el informe de AI recoge que “hay un 7% de la población, según informe de la FAO, que tiene inseguridad alimentaria, esto es que no tiene garantizada la alimentación, las raciones diarias necesarias y balanceadas para una alimentación saludable y con todos los nutrientes que eso implica”.
El informe da cuenta del caso Astesiano en lo que tiene que ver con las denuncias sobre posibles actos de vigilancia, habiendo muchas implicancias “desde el punto de los Derechos Humanos” que guardan estrecha relación con “los episodios de vigilancia ilegal”, y añade “las restricciones vinculadas a la libertad de expresión y de prensa en particular”.
Amnistía Internacional habla de “debilitamiento del sistema de garantías porque se supone que aparece el derecho a la privacidad, que para disponer del aparato del Estado, para realizar el seguimiento de una persona debe mediar una orden judicial, esto no se hace de común acuerdo en una conversación haciendo un supuesto uso del acercamiento o el acceso a las diversas instituciones públicas; esto para AI es un elemento de gran alerta a seguir observando”.