La pobreza infantil en Uruguay volvió a ubicarse en el centro del análisis tras la presentación de la actualización metodológica de las mediciones oficiales en 2025. Los nuevos datos introducen cambios que permiten observar con mayor precisión no solo los ingresos de los hogares, sino también las condiciones de vida en distintas dimensiones que inciden en el desarrollo.
Hasta 2024, el país contaba con una única medición oficial de pobreza basada en ingresos. Ese indicador, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta Continua de Hogares, utilizaba una metodología vigente desde 2006. La actualización incorpora dos herramientas, una nueva línea de pobreza monetaria, ajustada a los patrones actuales de consumo, y un índice de pobreza multidimensional que amplía el análisis hacia otras privaciones.
Según la nueva estimación, en 2024 había 230.000 niños, niñas y adolescentes viviendo en hogares por debajo de la línea de pobreza monetaria. La cifra equivale a una tasa de 29%, la más alta entre los distintos grupos etarios y aproximadamente el doble de la registrada en la población adulta. El dato confirma una tendencia persistente: la pobreza en Uruguay se concentra con mayor intensidad en la infancia.
El informe subraya que esta situación no se explica por una mayor cantidad de hijos en los hogares de menores ingresos. De hecho, el 70% de las familias en situación de pobreza tiene uno o dos niños. La diferencia radica en la relación entre necesidades y recursos: los hogares con niños enfrentan mayores gastos asociados al cuidado, la alimentación, la educación y la salud, sin que necesariamente cuenten con ingresos suficientes para cubrirlos.
En este contexto, la actualización metodológica busca captar con mayor detalle esas condiciones. La nueva línea de pobreza monetaria redefine el umbral de ingresos mínimos en función de los cambios en los hábitos de consumo, lo que permite una medición más acorde a la realidad actual. Sin embargo, el principal cambio conceptual está dado por la incorporación del índice de pobreza multidimensional (IPM).
El IPM evalúa cinco dimensiones, educación, condiciones habitacionales, servicios y bienestar en la vivienda, protección social y empleo. Cada una de estas dimensiones se desagrega en tres indicadores específicos, lo que conforma un total de quince variables. Un hogar es considerado en situación de pobreza multidimensional cuando presenta privaciones en al menos cuatro de esos indicadores.
Bajo este enfoque, 220.000 niños, niñas y adolescentes viven en hogares con pobreza multidimensional. Al igual que ocurre con la medición por ingresos, este grupo concentra la mayor prevalencia. El dato refuerza la idea de que la pobreza no puede entenderse únicamente en términos monetarios, sino como un fenómeno que involucra múltiples dimensiones que condicionan las oportunidades.
El análisis combinado de ambas mediciones permite distinguir distintas situaciones dentro de la población infantil. El 60% de los niños, niñas y adolescentes vive en hogares que no presentan pobreza ni monetaria ni multidimensional. En contraste, un 12% se encuentra en hogares con ingresos insuficientes, pero sin privaciones significativas en otras dimensiones. Otro 11% presenta la situación inversa: no es pobre por ingresos, pero sí registra carencias en aspectos vinculados a la vivienda, la educación o el acceso a servicios.
Finalmente, el 17% de la población infantil enfrenta ambas formas de pobreza de manera simultánea. Este grupo concentra las situaciones más críticas, en las que se combinan bajos ingresos con múltiples privaciones estructurales.
La existencia de estos distintos perfiles evidencia que los ingresos no alcanzan por sí solos para describir la situación social. También muestra que una parte relevante de la infancia experimenta condiciones de vulnerabilidad que no quedan reflejadas en las mediciones tradicionales. En ese sentido, la incorporación del enfoque multidimensional permite visibilizar realidades que antes quedaban parcialmente ocultas.
Los resultados también permiten observar que las privaciones no se distribuyen de forma homogénea. Las dimensiones vinculadas al empleo y la protección social, así como las condiciones de la vivienda, aparecen entre los factores que más inciden en la pobreza multidimensional. Estas variables están asociadas a dinámicas estructurales del mercado de trabajo y al acceso desigual a servicios básicos.
A su vez, el peso de la pobreza en la infancia plantea desafíos específicos para las políticas públicas. A diferencia de otros grupos etarios, las carencias en los primeros años de vida tienen efectos acumulativos que pueden extenderse en el tiempo y afectar trayectorias educativas, laborales y de salud.
En este escenario, la actualización de las mediciones no modifica el diagnóstico de fondo, pero sí lo vuelve más preciso. Los nuevos indicadores confirman una tendencia sostenida: la pobreza en Uruguay tiene un peso desproporcionado en la infancia y combina factores económicos con privaciones en múltiples dimensiones.
La información disponible abre nuevas posibilidades para el diseño y la evaluación de políticas. Al identificar con mayor claridad las distintas formas que adopta la pobreza, también permite orientar intervenciones más específicas. En ese marco, el desafío no se limita a reducir los niveles de ingreso insuficiente, sino a abordar de manera integral las condiciones que afectan el bienestar y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
La persistencia de estos niveles de pobreza infantil, aun en contextos de crecimiento económico en distintos períodos, refuerza la idea de que se trata de un fenómeno estructural. La nueva medición no introduce ese diagnóstico, pero lo confirma con mayor nivel de detalle y evidencia empírica.
La pobreza multidimensional en Uruguay muestra mayores incidencias en el interior del país (21.4%) en comparación con Montevideo (15.1%), destacando el rezago educativo, la informalidad laboral y el hacinamiento como los componentes críticos según el INE Uruguay. Para combatir estas brechas, el Estado utiliza políticas enfocadas en transferencias monetarias a través de las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM-PE) y la red de centros CAIF.
