El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha renovado este martes el mandato de la misión de la ONU en República Democrática del Congo (MONUSCO) hasta el 20 de diciembre de 2023 y ha dado ‘luz verde’ a levantar el requisito de notificación para suministros de equipo militar y asistencia.
«La MONUSCO mantendrá una dotación máxima autorizada de 13.500 efectivos militares, 660 observadores militares y oficiales de Estado Mayor, 591 agentes de Policía y 1.410 miembros de unidades de policía constituidas, e invita a la Secretaría a considerar la posibilidad de seguir reduciendo el personal militar de la MONUSCO», reza el texto.
Las dos resoluciones, presentadas por la misión francesa ante la ONU, han sido aprobadas por unanimidad y permitirán a la MONUSCO prestar asistencia a las autoridades congoleñas de cara a las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 20 de diciembre de 2023.
El Consejo de Seguridad también ha decidido levantar la obligación de notificar al Comité 1533 «cualquier envío de armas o material relacionado», así como «cualquier prestación de asistencia, servicios de consultoría o capacitación en relación a actividades militares».
«Reitera que las medidas establecidas en el párrafo 1 de la resolución 1807 (2008) siguen aplicándose a todas las personas y entidades no gubernamentales que realicen actividades en el territorio de la República Democrática del Congo. Decide que dejará de aplicarse el requisito de notificación mencionado en el párrafo 5 de la resolución 1807 (2008)», se desprende de la resolución.
La MONUSCO, según el documento, se ha marcado tres objetivos prioritarios, que tienen que ver con la protección de la población civil trabajar en el desarme, la desmovilización, la reintegración y la estabilización, así como acelerar la reforma del sector de la seguridad.
El Vaticano condena a un obispo francés acusado de acoger refugiados a cambio de favores sexuales
El Vaticano condenó al obispo emérito de Cayena (Guayana Francesa), Emmanuel Lafont, por tráfico de seres humanos con agravantes, ayuda a la residencia ilegal y abuso de confianza con agravantes sobre un joven emigrante de origen haitiano.
Según publicó el diario francés ‘La Croix’, a Lafont –quien había sido obispo de Cayena hasta 2020– el Vaticano le retiró hace dos meses el permiso para ejercer el sacerdocio, prohibiéndole ejercer actividades pastorales y encontrándose bajo arresto domiciliario en la Francia continental. Lafont «tiene prohibido ejercer cualquier actividad pastoral, llevar su insignia episcopal, entrar en contacto con sus conocidos de Guayana Francesa así como con jóvenes emigrantes», tal y como ha confirmado la Conferencia Episcopal Francesa (CEF).
Según las investigaciones, Lafont está acusado de haberle dado cobijo en la casa episcopal a cambio de favores sexuales. La investigación canónica contra Lafont, abierta en abril de 2021, había sido «a causa de rumores y acusaciones formuladas contra él en relación con actitudes inapropiadas hacia adultos», tal y como recoge ‘La Croix’, que también confirma la apertura en Francia de una investigación civil contra el eclesiástico.
Como fruto de la investigación, el Dicasterio para los Obispos ha prohibido al prelado ejercer cualquier tipo de ministerio público, llevar las insignias episcopales o comunicarse con los fieles de Guyana o con los jóvenes migrantes a los que habría acogido a cambio de favores sexuales. Además, se encuentra, como fruto de la pena canónica, el arresto domiciliario en territorio de la Francia continental.
Estas medidas han sido alabadas por la Asociación para la Verdad, la Transparencia y la Moralización -un colectivo constituido en 2020 tras la renuncia de Lafont- en la diócesis de Guyana. Para el presidente de dicha entidad, Patrick Louis-Ferdinand, es «importante tener un pensamiento emocionado para estas presuntas víctimas».
Los talibán vetan el acceso a la universidad a las mujeres en Afganistán
Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán han prohibido este martes «hasta nuevo aviso» la admisión de mujeres en las universidades públicas y privadas de todo el país, informó la agencia afgana de noticias Jaama Press.
El Ministerio de Educación Superior ha emitido este martes un breve comunicado, consultado también por la cadena de televisión Tolo, en el que insta a suspender la admisión de mujeres en las instituciones educativas superiores.
El ministro para Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, Mohamad Jalid Hanafi, ha precisado este mismo martes que la reapertura de centros educativos, cerrados desde que los talibán llegaron al poder, «depende en gran medida de la creación de un ambiente cultural y religioso decente».
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha afirmado poco después en su perfil oficial de Twitter que esta decisión «vergonzosa» es una violación al «derecho a la educación» de las mujeres y las niñas en Afganistán. «Los talibanes dejan claro todos los días que no respetan los derechos fundamentales de los afganos, especialmente de las mujeres», ha agregado.
Las autoridades talibán han hecho frente a críticas por el cierre de centros educativos y la exclusión de las alumnas de los mismos, en medio de una batería de medidas discriminatorias contra las mujeres que las alejan de sus puestos de trabajo y rigen aspectos de su vida diaria.
Desde agosto, las autoridades han impedido que las alumnas de curso superior a sexto se reincorporen a clase, algo que sí han autorizado a los alumnos. En febrero terminó el proceso de reapertura de universidades tras la imposición de una segregación por sexos en las aulas.
