El enorme costo educativo de los conflictos creados por las autoridades del CFE

Son 219 jornadas-centro afectadas y alrededor de 401.996 días-estudiante comprometidos por la parálisis del proceso de enseñanza-aprendizaje durante meses: ese es el balance, a la fecha, del conflicto creado por las autoridades del CFE. A pocas semanas de finalizar los cursos de 2026, esa pérdida monumental no puede recuperarse dentro del calendario ordinario. Cuando en abril de 2025 asumieron Walter Fernández, Laura Donya y Martina Bailón como nuevas autoridades políticas del Consejo de Formación en Educación (CFE), nadie imaginaba la demolición de las políticas anteriores, la sucesión de conflictos con estudiantes, docentes, sindicatos y gremios, ni la enorme pérdida de tiempo educativo que marcaría su gestión. Las ocupaciones y suspensiones documentadas en el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y los seis Centros Regionales de Profesores (CeRP), sin incluir los IFD, permiten estimar, con apoyo de la IA, un mínimo de 219 jornadas-centro afectadas desde su asunción, concentradas mayoritariamente en 2026. Al multiplicar cada jornada afectada por la matrícula del centro correspondiente, se alcanzan 401.996 días-estudiante afectados. El IPA concentra unas 294.000 jornadas-estudiante, frente a unas 108.000 del conjunto de los seis CeRP, debido a su mayor matrícula, de 4.743 estudiantes.

Luego de demoler realizaciones del gobierno anterior, en octubre de 2025 el CFE promovió la reducción de 260 grupos y 12.000 horas, sobre todo en el interior para el 2026, lo que provocó una inmediata respuesta estudiantil y docente. El IPA se ocupó desde el 14 de octubre hasta mediados de noviembre; el CeRP del Este, desde el 3 de noviembre, durante 17 días; el CeRP del Centro acumuló 11 días de huelga y ocupación; y el CeRP del Norte llegó a 28 días de ocupación. Tras el acuerdo que fijó la reducción en 100 grupos y que el CFE tampoco cumplió, surgió otro conflicto en 2026: el CeRP del Norte, en Rivera, permaneció ocupado durante 22 días. La reducción de cursos y la imposición de un régimen semipresencial obligatorio generaban costos para los estudiantes, que perdían el acceso a la alimentación y disponían de menos cupos para cursar optativas. Un tercer conflicto se produjo en julio de 2026, cuando se conoció la aprobación de un mecanismo de entrega de títulos a docentes no titulados en ejercicio. El CeRP del Este se ocupó el 27 de julio y el del Suroeste, el 30 de julio; al 15 de septiembre, ya acumulaban 50 días sin clases. Estos conflictos sucesivos por la reducción de grupos, cambios de modalidad y entrega de títulos de cartón, fueron la base de largas ocupaciones y también generaron tensiones con cientos de estudiantes que querían estudiar y docentes que pretendían trabajar y que no podían ejercitar su derecho a estudiar y trabajar. Los datos públicos permiten construir un Índice Mensual de Afectación de la Presencialidad Estudiantil (IMAPE), que pondera los días afectados y la matrícula de cada centro, e identificar alrededor de 130.000 jornadas-estudiante afectadas.

                                                    Días perdidos por ocupaciones (2025-2026)

Nota: No incluye todos los paros docentes nacionales o parciales, asambleas con suspensión de cursos, ni otras interrupciones sin ocupación.

Se perdieron decenas de jornadas educativas imposibles de recuperar ya que sería necesario disponer de días adicionales que no existen. Ni alcanzaría extender el calendario, incrementar la carga horaria, utilizar períodos destinados a evaluaciones, sustituir presencialidad por virtualidad o incluso seleccionar contenidos y actividades prioritarios que ni lo ha planteado el CFE. Además, el problema no termina al levantarse una ocupación: deben reorganizarse cronogramas, evaluaciones, prácticas docentes y cursos en medio del caos que ha alterado el calendario escolar. Más allá de las clases perdidas, existen prácticas, didácticas específicas, actividades presenciales, trabajo colectivo y experiencias de aula que es imposible comprimir. Los 219 días-centro y los aproximadamente 400.000 días-estudiante perdidos constituyen un indicador de la ineficiencia institucional de las autoridades que ha llevado a una caída brutal de los aprendizajes. Es una situación que exige evaluar la responsabilidad específica de quienes conducen el CFE desde abril de 2025 que revelan una incapacidad de conducir, negociar, anticipar y resolver conflictos. El tiempo educativo perdido no puede reponerse y los aprendizajes serán menores, y ese es el balance de la actual gestión. El problema no puede medirse solamente por las resoluciones erróneas aprobadas o modificadas: se impone además evitar que se repitan estas orientaciones. En cualquier país, sus responsables deberían renunciar, como reclamaban las pintadas, o su defecto por el amor a la silla, corresponde que sean sustituidas por las autoridades superiores y formular nuevas políticas. El diputado Felipe Schipani planteo un proyecto de Ley para garantizar las clases. Es tiempo de pensar en grande