Asistimos a un conflicto que, por momentos, parece un juego de ajedrez y, por otros, el viejo juego del gato y el ratón. De un lado están los aparatos sindicales educativos del Frente Amplio que hoy gobiernan el CFE y la ANEP; del otro, los 27.108 estudiantes inscritos en el Consejo de Formación en Educación (CFE) en 2025 y los 42.000 docentes con cargos efectivos. No ha sido un conflicto aislado ni breve. Ha tenido varios capítulos y, visto en la perspectiva de estos dos años y medio, deja ver con bastante claridad una determinada concepción de la educación y también una forma de hacer política.
La primera etapa estuvo marcada por una verdadera política de demolición de varias acciones del gobierno anterior. El CFE instaló secretarios de departamentos como comisarios designados a dedo, trasladó a numerosos docentes y funcionarios, suprimió un posgrado dirigido a docentes del interior, anuló la Ordenanza de Posgrados, separó directores a partir de falsas denuncias de acoso promovidas por miembros del propio CFE y sin una investigación previa, y contrató a una universidad argentina, de fuerte carga ideológica, para dictar cursos. En ese momento el centro de la ofensiva estuvo puesto en los docentes y en desmontar la política de posgrados existente. Paralelamente, se buscó retomar la cesión de los posgrados a la Udelar, como se había hecho antes del período de la Coalición Republicana.
El siguiente capítulo llegó en noviembre de 2025. El CFE propuso recortar para 2026 entre 222 y 260 grupos de clase, equivalentes a unas 8.000 a 12.000 horas docentes, y al mismo tiempo decidió centralizar en Montevideo la oferta semipresencial que había sido descentralizada durante el período anterior. La reacción fue inmediata. Hubo manifestaciones y ocupaciones de estudiantes y docentes, sobre todo en el interior, y llegaron a mantenerse ocupados simultáneamente más de 15 centros educativos en todo el país. Entre ellos estuvieron la propia sede central administrativa del CFE, el Instituto de Profesores Artigas (IPA), los Institutos Normales de Montevideo y varios Centros Regionales de Profesores (CERP) del interior.
Después de intensas negociaciones y movilizaciones gremiales, el conflicto docente terminó en un acuerdo formal. El recorte quedó reducido a un planillado final de 100 cursos menos respecto de la oferta anterior. A cambio, se habilitó la reapertura y el mantenimiento de más de 160 grupos cuya continuidad había quedado en riesgo en los primeros borradores de la reforma, y se acordó que las clases con más de diez estudiantes se dictaran normalmente. Las vacaciones terminaron por enfriar el movimiento. Sin embargo, cuando comenzó 2026 se abrieron menos grupos de los que se habían acordado.
Pero el conflicto no terminó allí. En febrero de 2026 se conoció otra iniciativa política del CFE que afectaba directamente a los estudiantes: el Plan de Titulación Docente. El mecanismo dispone otorgar títulos a docentes con un mínimo de ocho años de experiencia, un desempeño considerado aceptable y una formación aprobada equivalente al 50 % de la carrera. Más de 6.000 docentes sin título previo quedarían así habilitados para concursar por cargos efectivos. El efecto sobre los recién egresados es evidente: llegan con menos puntaje para competir. También puede afectar a muchos docentes que han obtenido recientemente la efectividad.
El plan había sido aprobado por el CODICEN en octubre de 2025, pero se mantuvo bajo un fuerte secretismo hasta mediados de 2026, cuando comenzó a circular en las salas docentes y se transformó en un detonante político y académico. La intergremial docente cuestionó que recién se la convocara a negociar cuando el proyecto ya estaba en marcha y comenzaba a instrumentarse la entrega de los llamados “títulos de cartón”. La reacción volvió a ser fuerte: ocupaciones estudiantiles y docentes en decenas de los 33 centros educativos del CFE y manifestaciones en la vía pública. El Sindicato de Docentes del CFE realizó una concentración frente a la sede central de la ANEP y montó un puesto simbólico de “entrega de títulos de cartón”. Incluso Fenapes rechazó la idea de que la antigüedad docente pudiera equivaler a un proceso formativo universitario. A ello se sumaron 3.545 personas que presentaron una petición de revocación y reclamaron la eliminación inmediata del plan.
El malestar ya no era solamente estudiantil. También alcanzaba a profesores titulados y mostraba la baja legitimidad que estas decisiones de la ANEP y del CFE tenían entre amplios sectores de la formación docente. Muchos interpretaron la medida como un intento de ganar respaldo entre los docentes no titulados. El conflicto se extendió como reguero de pólvora. En agosto, intentando encontrar una salida, las autoridades del CFE crearon un espacio técnico mixto con consejeros, docentes, egresados y estudiantes. Los centros de estudiantes, sin embargo, rechazaron participar. Consideraron que se trataba de una mesa meramente consultiva, sin capacidad de decisión, y mantuvieron su exigencia de eliminar totalmente la reforma.
En septiembre apareció un nuevo capítulo, ahora con una dimensión política y jurídica más clara. Las autoridades del CFE dispusieron que las asignaturas teóricas de los institutos ocupados por estudiantes debían pasar obligatoriamente a la modalidad virtual. La centralización de la enseñanza semipresencial mostraba entonces otra de sus posibles funciones. Estudiantes e intergremial denunciaron una “virtualización forzada” de cursos en los que nadie se había inscrito bajo esa modalidad y sostuvieron que se trataba, además, de un ataque directo al derecho de huelga y de ocupación. Todo esto, paradójicamente, cuando hoy no hay ningún centro ocupado.
Esta semana, la ANEP aprobó la Resolución 2334. Allí se dispone que el CFE tenga tres meses para realizar un estudio comparado, a escala mundial, sobre la formación docente; determinar cuántos docentes de educación media no tienen título; y elaborar una propuesta formativa excepcional para ese colectivo. Son, justamente, estudios y análisis que debieron hacerse antes de aprobar una política de esta naturaleza. Que se pidan ahora puede ser una señal de que, finalmente, las autoridades de la ANEP y del CFE empiezan a retroceder y a reconocer que hubo un error de origen.
¿Será entonces la hora de que el profesor Orsi mueva finalmente sus fichas en la educación y en el CFE, y coloque cuadros técnicos en lugar de sindicalistas arbitrarios y mal formados?.
El objetivo de los profesores es hacerse obsoletos a sí mismos. Explico. El objetivo no es solo la transmisión del conocimiento. Sinó, principalmente, idealmente, que el alumno aprenda a aprender. Es como enseñar a caminar. Al principio ayudas a dar algunos pasos (ustedes). Hasta que el niño aprenda solo a hacerlo por sí mismo. Entonces irá a donde se le plazca. Sabiendo que puede mantener el equilibrio al mover los pies. ¿A dónde va? Su tema.
El tema es que ese ideal necesita un Sócrates. Alguien que enseñe a pensar sobre cómo pensar. Como es imposible: ustedes. Al menos que transmitan conocimiento de manera repetitiva y que los alumnos puedan replicarlo.
Nivel operativo, le dicen. Abogados, médicos, ingenieros, etc. El otro es el nivel filosófico. Y solo se puede hacer de manera individual.
Cuando llegas a la frontera del conocimiento humano, dejan de haber profesores que te guíen. Estás tú ante lo desconocido. Decí que no es necesario llegar tan alto para que consigan trabajo.
Es una reflexión que no tiene tanto que ver con el artículo. Solo hablo en voz alta.