El Fondo Monetario Internacional ha anunciado este jueves un acuerdo para refinanciar los 45.000 millones de dólares que le adeuda Argentina. Un mes después de firmar un compromiso básico “de principios”, las partes cerraron finalmente los detalles técnicos de un plan de pagos “pragmático, realista y creíble”, como lo definió el FMI en un comunicado firmado desde Washington. El Gobierno del presidente Alberto Fernández ha superado el principal escollo internacional y ahora deberá hacer lo propio en casa.
Esta misma tarde ha enviado el texto al Congreso, que debe aprobarlo como paso previo a que el directorio del FMI ponga la firma definitiva. Sin embargo, no será un trámite parlamentario más. El kirchnerismo advierte desde hace semanas que no dará su voto a un acuerdo que, considera, incluye condicionamientos, como un ajuste fiscal, justo cuando la economía se recupera de la debacle de la pandemia.
“El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre las políticas económicas y financieras que se apoyarán en un acuerdo de servicio ampliado del Fondo (FEP) de 30 meses”, arranca el comunicado. La suma a refinanciar alcanza los 45.000 millones de dólares, que es lo que recibió Macri en 2018 como salvataje financiero. Un año y medio después de cerrado aquel acuerdo, Argentina ya no estaba en condiciones de cumplir con sus compromisos con el FMI y se encontraba en cesación de pagos con sus acreedores privados. En agosto de 2020, el Gobierno de Fernández acordó con los bonistas una rebaja de intereses del 7% al 3,07% en promedio y vencimientos más largos, lo que supuso un ahorro de 37.000 millones de dólares. Restaba, sin embargo, acordar con el FMI.
Se pensó entonces en una negociación corta, menos compleja que con los fondos de inversión que habían llevado a Argentina al abismo del default. Pero el cambio de Gobierno en EE UU, la pandemia y, sobre todo, las peleas internas dentro de la coalición peronista que gobierna el país sudamericano complicaron las cosas. Se necesitaron casi 19 meses de conversaciones y la amenaza de un nuevo default para que, finalmente, se llegase a un acuerdo. Este año, Argentina debía pagar 19.000 millones de dólares al FMI, y una cifra similar el año que viene. La suma supera ampliamente las reservas internacionales del Banco Central, que están cercanas a cero. El FMI precisó que el acuerdo “tiene como objetivo proporcionar a argentina balanza de pagos y apoyo presupuestario para abordar los desafíos económicos más apremiantes del país”.
El acuerdo supone, en la práctica, un nuevo crédito, como aquel otorgado a Macri en 2018, pero cuyas cuotas serán desembolsadas solo si Argentina aprueba los diez exámenes trimestrales a los que será sometida durante dos años y medio. El primer bloque está dedicado a la reducción del déficit fiscal. Argentina deberá bajarlo hasta el 2,5% del PIB en 2022 (desde 3% con el que cerró el año pasado), al 1,9% en 2023 y al 0,9% en 2024. El FMI pretende que las cuentas públicas de Argentina alcancen el equilibrio en 2025. El sendero de reducción de déficit pactado implica también limitar la emisión monetaria. La asistencia del Banco Central deberá bajar a menos de un tercio este año respecto del año pasado: del 3,5% al 1%. Este recorte obligará al Ejecutivo argentino a buscar vías alternativas de financiamiento.
Otra de las exigencias del FMI para equilibrar las cuentas será reducir los subsidios a la energía, que en 2021 supusieron que el Estado desembolsase más de 11.000 millones de dólares, equivalentes a 2,3% del PIB. Las tarifas de electricidad, gas y agua llevan congeladas desde finales del Gobierno de Mauricio Macri y acumulan un retraso de 180%. Eliminar los subsidios supone una subida en las facturas que llegan a los hogares, con el consiguiente impacto sobre el poder adquisitivo, además de una presión extraordinaria sobre la inflación.
Conscientes de que este punto generará una importante resistencia dentro y fuera del Congreso, las autoridades argentinas habían autorizado un aumento del 20% en la factura eléctrica para 2022. La cifra resultó insuficiente para el FMI y fue uno de los puntos que retrasó el acuerdo. Finalmente, la retirada de subsidios se hará de forma escalonada según el nivel adquisitivo. El 10% de la población con mayores ingresos deberá pagar el 100% del precio de la energía; para los sectores que reciben ayudas estatales el aumento será del 21,36%; para el resto de la población que está entre ambos extremos la subida será del 42,7%.
El acuerdo con el FMI contempla también fortalecer el financiamiento en moneda local. Por un lado, pretende que Argentina ofrezca tasas reales de interés positivas para incentivar el ahorro en pesos en vez de en dólares. Por otro, ha puesto como meta un aumento de 5.000 millones de dólares en las reservas del BCRA. Combatir la elevada inflación, uno de los males endémicos de Argentina —cerró con un 50,9% en 2021—, es otro de los objetivos del acuerdo, pero el pacto no especifica metas concretas. Tampoco se explicita la necesidad de reformas estructurales en el mercado laboral o en el sistema de seguridad social, como temía el kirchnerismo.
Fuego amigo en el Congreso
“Se espera que el Directorio Ejecutivo discuta la solicitud del programa respaldado por el FMI después de que el Congreso Nacional argentino apruebe el programa económico y financiero”, aclaró el equipo negociador del FMI. Este punto puede ser más conflictivo de lo que parece. El Gobierno tiene graves problemas en el Parlamento, por la reticencia de los diputados y senadores del kirchnerismo a dar su voto. En febrero, Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, renunció como líder del oficialismo en Diputados. Criticó entonces con dureza el acuerdo y aclaró que no movería un dedo para sumar voluntades en el recinto. Cristina Kirchner, en tanto, avaló en silencio la salida de su hijo y desde entonces no ha opinado sobre el acuerdo con el FMI.
El Gobierno confía, de todas formas, en que tendrá los votos para aprobar el texto. Cuenta para ello con la oposición, un bloque que también está dividido. Los sectores más duros, alineados tras el expresidente Mauricio Macri, anticiparon que votarán en contra. Los moderados se inclinan por considerarse parte del problema del endeudamiento y darán su voto positivo.
