En entrevista con Diario La R, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, analizó la aprobación del Presupuesto 2025-2030, resaltando su amplio respaldo parlamentario. A su vez, repasó el primer año de gestión al frente del organismo y detalló los desafíos de ejecución que enfrentarán en 2026.
Presupuesto con amplio respaldo político
Con una votación calificada como “inusitadamente alta”, el Presupuesto Nacional 2025-2030 quedó aprobado con 82 votos en 99 el pasado 9 de diciembre. A partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor abriendo una nueva etapa para la gestión del Poder Ejecutivo.
Para el director de la OPP, el resultado consolida una hoja de ruta fiscal y financiera, al mismo tiempo que envía una señal política fuerte en un contexto internacional atravesado por la confrontación. Destacó que “es un proceso que brinda mucha satisfacción desde el punto de vista del resultado obtenido”, subrayando que el presupuesto aprobado “se mantiene entre los parámetros que fijó el Poder Ejecutivo desde el punto de vista de la proyección financiera del Estado uruguayo. Y a la misma vez prioriza las áreas en donde el Poder Ejecutivo había puesto particular énfasis”.
Arim destacó el trabajo parlamentario y la capacidad de acuerdo, mencionado que “el Parlamento hizo un trabajo muy fino, muy claro, muy preciso de acuerdos que permitió obtener mayorías muy contundentes y simultáneamente fortalecer áreas que son prioritarias para el país”. A su vez, valoró que la ley haya sido acompañada por todos los partidos de la oposición, algo que calificó como “una muy buena noticia”.
“En un contexto de confrontación internacional donde las virulencias políticas se han incrementado (…) es una buena señal que Uruguay logre diferenciarse de ese patrón internacional que parece estar primando estos días”, afirmó.
La experiencia de participar en la creación del proyecto fue calificada como “desafiante y de aprendizaje”. Según explicó, el trabajo se apoyó en un equipo con fuerte trayectoria en la gestión pública y en una coordinación estrecha con el Ministerio de Economía y Finanzas. “Hemos hecho una distinción de tareas que tiene que ver también con esta lógica de mejorar la eficacia y la eficiencia a la hora de ejecutar un plan de gobierno”, agregó.
“El plan de gobierno levanta las principales prioridades que el Poder Ejecutivo estableció: infancia, convivencia ciudadana con seguridad, crecimiento económico con equidad, protección social”.
Además del vínculo con el Parlamento, Arim destacó el trabajo con otros actores como los acuerdos alcanzados a nivel departamental. Consideró que se ha logrado “culminar con éxito esos procesos” pero no dejó de ser algo desafiante el “comprender y entender” algunos procesos políticos, pese a su experiencia en Política Pública desde el área de Educación Superior. “Claramente el espectro de actividades y el espectro de objetivos que uno se establece desde el Poder Ejecutivo es muy distinto de esta materia”.
Consultado sobre las concesiones realizadas durante el trámite parlamentario, Arim entiende que “en eso consiste la democracia” y que el proceso permitió incorporar inquietudes de distintos sectores sin alterar las prioridades centrales del Gobierno.
“El Poder Ejecutivo y también la bancada oficialista” —afirmó— mostraron “versatilidad” para introducir cambios que “no alteran las prioridades del Gobierno y que simultáneamente enriquecen el proyecto original”.
Educación y desafíos de la ejecución en 2026
En base a su doble experiencia, primero desde el ámbito universitario y ahora desde la planificación presupuestaria, Arim reconoció las tensiones existentes en relación con la histórica demanda del 6+1% del PBI para la educación e hizo un llamado para mantener “la ecuanimidad”.
Admitió que en “un presupuesto que es austero (…) no le permite el desarrollo de todos los objetivos de política e instrumentos que requerían los centros autónomos de la enseñanza”. Sin embargo, remarcó que, en términos comparativos, el incremento de recursos es significativo: “El incremento en términos reales es básicamente el doble en promedio entre distintos organismos”.
Para Arim, la educación fue priorizada, aunque reconoció que “queda mucho camino para recorrer”, tanto en recursos como en nuevas políticas que fortalezcan su rol estratégico.
Con el presupuesto ya aprobado, el foco se traslada ahora a la implementación. Arim adelantó que uno de los principales retos será poner en marcha nuevos instrumentos acordados con el Congreso de Intendentes, como el Fondo de Inversiones Estratégicas, dotado con 80 millones de dólares. “Tenemos que ser capaces de incorporar reglas transparentes y claras en la generación de prioridades”, sostuvo.
También mencionó el acompañamiento a políticas clave en seguridad, diálogo social e infancia. Sobre esta última, consideró que “en un contexto de restricciones la infancia y la adolescencia han sido elementos prioritarios para este Gobierno”.
“Tranquilidad de poder avanzar”
Al sintetizar sus primeros nueve meses de gestión, Arim habló de “la tranquilidad de poder avanzar en la planificación de un presupuesto que está aprobado”, pero también de la responsabilidad que implica su correcta ejecución. “Somos humanos y tenemos la obligación de hacer una correcta ejecución de esta política”, señaló.
Finalmente, proyectó los próximos años con un objetivo: “Que sean años de logros para la ciudadanía en general y en particular para la construcción de políticas que atiendan las situaciones de mayor vulnerabilidad del Uruguay y que apuesten también a un Uruguay más innovador y donde el conocimiento sea utilizado en pos de desarrollo económico, pero también en desarrollo social en general”, concluyó.
