El Tribunal Supremo de Brasil ha imputado a otras 250 personas por los hechos violentos del 8 de enero, por lo que son ya 1.
045 el total de los detenidos de aquel día que tienen abiertos procesos penales. Las últimas 250 corresponden a la quinta remesa de denuncias presentadas por la Procuraduría General.
Todos ellos fueron detenidos un día después de los ataques a las sedes de los tres poderes en el campamento que montaron frente al cuartel general del Ejército, en Brasilia, desde el que se reclamaba un golpe de Estado.
Las denuncias están siendo analizadas en dos procesos judiciales distintas. En uno de ellos, se investiga a los autores materiales de los episodios de violencia –de los que han sido denunciadas 239 personas–, mientras que en el otro se engloban los instigadores o autores intelectuales –un total de 1.
390–.
En ese último bloque podría ser incluido el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien a su llegada de Estados Unidos a finales de marzo, tiene ahora por delante una treintena de causas abiertas que podrían inhabilitarle para futuros procesos electorales, como las elecciones presidenciales de 2026.