Este período se caracterizó por un enfoque ejecutivo agresivo, un aumento histórico en las capacidades de ejecución y una serie de medidas que, según análisis de expertos, han alterado los fundamentos del sistema, con efectos humanos y estructurales que perdurarán. Las cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportan aproximadamente 622,000 deportaciones desde el inicio de esta administración. Aunque esta cifra es inferior a las 778,000 del último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden y no alcanza la promesa republicana de un millón anual, el contexto de su consecución es distinto.
Para elevar los números, la administración implementó tácticas como la expulsión de migrantes a terceros países. En este primer año, cientos de personas fueron enviadas a al menos 14 naciones distintas a las de su origen. Incluyendo Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur. El sello distintivo ha sido el nivel sin precedentes de detenciones. Un promedio de más de 73,000 migrantes permanecieron bajo custodia diariamente, la cifra más alta desde la creación del DHS en 2001.
Además, American Immigration Council advierte que el gobierno “está encarcelando a cientos de miles de personas (la mayoría sin antecedentes penales) en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad”. Asimismo, organizaciones como la ACLU y Amnistía Internacional han documentado condiciones denunciadas como inhumanas en estos centros, con reportes de hacinamiento y abusos. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos.
La capacidad operativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se expandió de manera significativa. Según cifras oficiales, su dotación de agentes se duplicó, de unos 10,000 a aproximadamente 22,000. Un número considerable fue desplegado en ciudades con liderazgo demócrata, como Chicago o Minneapolis.
Estas operaciones han sido criticadas por tácticas de confrontación. Al respecto, datos del portal The Trace indican que, desde el inicio del gobierno, agentes federales han disparado contra personas en alrededor de 30 redadas. Los agentes han operado con pasamontañas y en vehículos sin identificación.
Este énfasis en las detenciones ha derivado en arrestos de personas con ciudadanía o estatus legal. Investigaciones de ProPublica señalan que más de 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por agentes migratorios. Además, el ICE trasladó arrestos a cortes de inmigración y oficinas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), deteniendo a migrantes en procesos legales, incluyendo cónyuges de ciudadanos o personas en trámites de naturalización.
La ofensiva se extendió a programas de protección legal. El gobierno movilizó la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países y del “parole” humanitario creado en la administración Biden. Como consecuencia, más de un millón de personas que ingresaron legalmente quedaron en riesgo de deportación. Para abogados de inmigración esta dinámica genera una paradoja, donde sostienen que inconscientemente se están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus. Manifestando que “esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta”.
En la frontera, la eliminación de la posibilidad de solicitar asilo, tanto en puertos de entrada como tras cruces irregulares, provocó una reducción drástica de los cruces y detenciones a los niveles más bajos en 50 años, con un promedio mensual de unos 9,700 eventos. De igual forma, las restricciones impactaron también la migración legal, con la suspensión de visados de migrante a 75 países, la paralización del programa de refugiados y la terminación de la lotería de diversidad y varios mecanismos de reunificación familiar.
Especialistas hacen énfasis en un componente cultural que parte de un discurso oficial. “Cuando entras a la página de USCIS o a sus redes sociales, hay un énfasis en “defender la nación «, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”. El Migration Policy Institute (MPI) destaca el uso intensivo de la acción ejecutiva como herramienta central. Hasta el 7 de enero de 2026, Trump había firmado 38 órdenes ejecutivas sobre inmigración, cerca del 17% del total emitido en su primer año.
El MPI estima que la administración tomó más de 500 acciones migratorias en este periodo. En su análisis, el centro advierte que el gobierno “impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance”, que han hecho a EE.UU. “más hostil” no solo con indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales, con impactos que “se sentirán durante años”.
La materialización de estas políticas se ha visto en operativos de alto perfil. En Minneapolis, el despliegue de miles de agentes del ICE, descrito por su director interino como “la mayor operación de inmigración jamás realizada”. Esto generó protestas continuas, junto a un alto nivel de tensión. Incidentes con uso de fuerza letal por parte de agentes, como el tiroteo que resultó en la muerte de la ciudadana estadounidense Renee Good, han alimentado el debate sobre los protocolos y la supervisión de la agencia.
Funcionarios de la administración, como la secretaria del DHS, Kristi Noem, y el asesor Stephen Miller, definieron las acciones del ICE, argumentando que los agentes operan con “inmunidad absoluta” para cumplir sus funciones. Esta postura ha sido cuestionada por legisladores opositores y expertos legales, quienes advierten que fomenta una percepción de impunidad.
Además, la expansión del ICE ha sido posible por una asignación presupuestaria histórica, que supera los 100,000 millones de dólares hasta 2029. De estos fondos, 30,000 millones están destinados al reclutamiento y entrenamiento de agentes, y 45,000 millones a la red de centros de detención. Esta ampliación ha coincidido con un incremento en el apoyo público a la idea de abolir o reformar la agencia. Una encuesta de CNN reveló que el 51% de los estadounidenses cree que el ICE está haciendo que las ciudades sean menos segura
Sin dudas, el primer año de la segunda presidencia de Trump ha estado marcado por una estrategia migratoria que prioriza la acción ejecutiva. Así como la expansión masiva de la capacidad de deportación y detención, y la restricción de vías legales de entrada y permanencia. Las consecuencias, medidas en cifras récord, litigios constantes y un clima de temor en comunidades migrantes, delinean un panorama donde los efectos de esta reconfiguración política se proyectan a largo plazo, redefiniendo el papel de Estados Unidos como destino migratorio y las dinámicas dentro de sus propias comunidades.
Los arrestos y las deportaciones son ahora, además de ser por nacionalidad, por portación de cara morocha o pinta de latino, afro o asiático. El que no es rubio -tipo ario, para que se entienda- que salga con un bolso con ropa a la calle porque en cualquier momento lo esposan, lo meten en un avión y hasta más ver. Democracia modelo Trump, que le dicen. Venezolanos residentes en EEUU que salieron a festejar la caída de Maduro, los agarraron y los deportaron. A llorar a la iglesia.