Empresas de cannabis medicinal esperan reglamentación de ley aprobada en 2019 para desarrollar más el sector

La cámara del sector tiene 25 socios y muchos más esperan para poder ingresar.

La Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal (Cecam) espera nuevas medidas del gobierno para poder ampliar su rango de negocios tanto a nivel nacional como internacional. Así lo aseguró Ricardo Paéz, integrantes de la Comisión de Exterior de la cámara y tesorero de la misma.

En uan entrevista con el portal «Juicy Network» , especializado en al industria del cannabis, se destaca que la Cecam se creó en el 2018 y su lanzamiento coincidió con la fecha de aprobación de la Ley de Cannabis medicinal en Canadá «como una manera simbólica de mostrarle al gobierno uruguayo que las empresas estaban frenadas totalmente y necesitaban apoyo». 

Al evento inaugural fue invitada la embajadora de Canadá en Uruguay para reforzar los vínculos y mostrar que las empresas se estaban empoderando. La cámara se creó con ocho empresas y hoy cuenta con 25. Ricardo Paéz indicó que “hoy hay muchos candidatos que quieren entrar a la Cámara y entendemos que ir reclutando cada vez más gente y poder crecer en el futuro, dependerá de la fuerza de negociación de los miembros. Más cabezas pensando, trabajando en conjunto, creando oportunidades y compartiendo experiencias para poder crecer”. El cannabis medicinal estaba incluido dentro de la Ley 19.172 de diciembre de 2013, pero para los integrantes de la cámara empresarial «la industria no ha conseguido tener un desarrollo óptimo fundamentalmente por el tema regulatorio y el accionar de los distintos sectores que intervienen por parte del estado». En el artículo se destaca el papel del del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). Para Páez, el instituto «debe facilitar al productor y a las empresa cannabicas la entrada rápida al mercado aprobando los proyectos que son necesarios. Además, cambiar y bajar el costo de las licencias, desde las de investigación, cultivo, producción e industrialización, ya que todas son aranceladas y elevadas». 

Uno de los cuestionamientos que se realiza es que «es irreal que se deba pagar por investigar y se debería eliminar el costo ya que el desarrollo futuro de la industria depende de la investigación. En cuanto más investigamos, mejor nos va a ir”. 

Otro punto cuestionable dsdde la Cecam es que se cobra por adelantado. Para sacar una licencia de cultivo se debe pagar una tasa que depende de la cantidad de plantas y la inversión hecha. “Yo creo que el IRCCA debería asociarse en el riesgo a los productores, así el cobro se hace cuando se comercializan los productos y no antes. El cobro se construye sobre un desarrollo y se respalda con un producto y un ciclo completo exitoso. De lo contrario, el productor se enfrenta a una tasa financiera por pagar al IRCAA sobre un producto que no sabe si marchará bien, termina perdiendo dinero y el que lleva todo el riesgo es el productor”. Para este año los producvtores de cannabis medicinal esperan lograr que se regule la Ley 19.847 que declara de interés público acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública mediante productos de calidad controlada y accesibles en base a cannabis. La ley se aprobó a finales del año 2019 y aún no salió el decreto reglamentario.

Ricardo Páez señaló a «Juicy Network» que con esta reglamentación se permitirá ampliar el espectro de productos a registrar y crea un abanico no solo comercializables internamente sino también exportables. En este sentido, la Cecam trabaja con las autoridades con el objetivo de este 2022 propender por la regulación y puesta en marcha de la ley. CVomo hecho destacable, la publicación indica que «actualmente, Uruguay solo puede registrar productos farmacéuticos que tengan un estudio clínico dentro o fuera del país que lo avalen. Además, exporta cannabis para uso industrial a Suiza donde lo usan para consumo directo como sustituto del tabaco, sin embargo, dentro de Uruguay las empresas de cannabis medicinal no pueden venderlo».

Otra inquietud de los productores es la creación de un mercado local para que se vendan productos dentro del país y crear una plataforma conjunta para facilitar la exportación de los derivados de cannabis de carácter medicinal. Paéz explicó la necesidad de de ajusatr estas normativas «ya que existen muchos productores que han quedado relegados, desfinanciados y sin poder acceder al mercado extranjero».

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