Entre la credibilidad y el ruido del periodismo uruguayo

La libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia uruguaya. Está consagrada en la Ley N° 16.099, promulgada en 1989, que proclama: “Es enteramente libre en toda materia, la expresión y comunicación de pensamientos u opiniones y la difusión de informaciones mediante la palabra, el escrito o la imagen, por cualquier medio de comunicación, dentro de los límites consagrados por la Constitución de la República y la ley”.

Entre lo que dice la ley y lo que se vive día a día, hay una distancia que crece con cada intento de deslegitimar el periodismo, de limitar el acceso a la información o de acusar a los periodistas de ser “operadores”.

Hablar de prensa libre en Uruguay implica revisar más que un marco jurídico: implica mirarnos al espejo —como periodistas, políticos y ciudadanos— y preguntarnos cuánto valor le damos realmente a la verdad.

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En nuestro país, la normativa vigente, junto con el derecho al secreto profesional, establece un escenario ideal para el ejercicio libre del periodismo. Sin embargo, informes del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y de Reporteros sin Fronteras muestran un panorama más complejo.

Según CAinfo, “entre abril de 2023 y marzo de 2024 se registraron 59 casos de amenazas, agresiones o restricciones a la libertad de expresión”. Aunque la cifra es menor a la de años anteriores, las agresiones a periodistas se duplicaron. En la era de “X” y “WhatsApp”, los ataques no siempre son visibles: llegan por mensajes, insultos, campañas de desprestigio o silencios estratégicos.

Lo más alarmante es que la mayoría de los casos (un 63%) tiene como origen al propio Estado. Y ahí surge la contradicción más grave: cuando quienes deberían garantizar la libertad de prensa se convierten en sus principales obstaculizadores. ¿Qué nos está pasando, Uruguay?

No solo se registran ataques, también surgen propuestas legislativas que amenazan con criminalizar la difusión de “noticias falsas”, sin definir con claridad quién decide qué es falso y qué es verdadero.

En los últimos años, se ha vuelto habitual escuchar a figuras públicas descalificar a periodistas por sus preguntas o investigaciones. Desde senadores y diputados hasta fiscales y dirigentes, varios nombres se repiten en los informes por sus ataques verbales o su negativa a responder preguntas.

El problema no es solo la agresividad del discurso, sino lo que representa: el intento de instalar la idea de que el periodista que incomoda no informa, sino “opera”. Dejando mal parados a aquellos que realmente buscan un periodismo crítico.

También se han cerrado conferencias de prensa sin permitir preguntas, se bloquean solicitudes de acceso a la información pública o se responde con un simple “no” ante pedidos de entrevista. Son gestos que, poco a poco, erosionan la transparencia.

Por otro lado, Reporteros sin Fronteras advierte que Uruguay, aunque mantiene una sólida tradición democrática, ha perdido terreno en pluralismo y libertad informativa. Son pocos los grupos empresariales que dominan el panorama mediático, y esa concentración limita la diversidad de voces.

Mientras tanto, medios independientes, alternativos o emergentes luchan por sostenerse económicamente y acceder a las mismas fuentes que los grandes. Aun así, demuestran que no se necesita mucho para crear un producto de calidad: bastan capacidad, vocación y una red de contactos.

Pero la sociedad también tiene un rol que termina siendo clave. Si no nos gusta cómo se informa, debemos exigir un cambio. No todos consumimos igual: hay quien lee el diario en papel cada mañana y quien prefiere un video de un minuto. Lo importante es mantener el criterio, no la forma.

Lo que no se dice también comunica

El periodismo uruguayo, pese a sus desafíos, sigue siendo uno de los más profesionales de la región, aunque nos empecinemos en copiar formatos de nuestros vecinos. Pero el contexto se ha vuelto más hostil. Se normaliza que un periodista sea insultado en redes o amenazado por investigar. El problema radica no solo la falta de respeto hacia la prensa, sino la indiferencia social ante esa falta de respeto.

La democracia no se debilita de golpe, se resquebraja cada vez que un funcionario se niega a responder, cada vez que un medio calla por miedo o un reportero no hace la pregunta que realmente quiere hacer o cada vez que una agresión queda impune.

La libertad de prensa no es un privilegio del periodismo, tiene que ser visto como un derecho de la ciudadanía. Informar es servir a la gente, no al poder. Por eso, el trabajo entre periodistas y políticos debería ser complementario, no confrontativo.

El periodista tiene la responsabilidad de investigar, contrastar fuentes y mantener la ética profesional. Pero el político también tiene el deber de rendir cuentas, respetar la labor informativa y garantizar el acceso a los datos públicos. Sobre todo, para aquellos que alguna vez supieron estar del lado de la prensa, no olvidar las dificultades con las que uno se encuentra y desde su nueva labor, tratar de colaborar.

Un espejo que interpela

A título personal, creo que el periodismo nacional atraviesa una crisis de credibilidad, debido al exceso de ruido. Se ha confundido informar con confrontar, opinar con atacar, y la consecuencia es un clima de desconfianza generalizada.

La política, por su parte, no ayuda cuando empieza a buscar enemigos en lugar de interlocutores.

El desafío está en volver a poner en el centro la verdad, el contexto y la ética. La prensa escrita y digital debe encontrar nuevos lenguajes sin perder su esencia: investigar, contrastar y explicar.

Los medios deben abrir espacio a las voces jóvenes, a los proyectos locales y a los periodistas que trabajan con pocos recursos, pero con mucha vocación.

Porque, en definitiva, cuidar la libertad de prensa es cuidar el alma de la democracia. Y esa tarea, aunque muchos lo olviden, nos pertenece a todos.