Fiscalía de Corte sin acuerdo: crece el debate sobre su conducción y autonomía institucional

La falta de consensos mantiene vacante la titularidad de la Fiscalía General, en medio de cuestionamientos, respaldos y propuestas de reforma.

Fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero.

La designación del próximo Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación continúa sin definirse y se ha convertido nuevamente en uno de los principales temas de debate político e institucional del país. Mientras la Fiscalía General de la Nación permanece bajo la conducción interina de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, las diferencias entre oficialismo y oposición mantienen bloqueada la posibilidad de alcanzar los acuerdos parlamentarios necesarios para nombrar un titular definitivo.

La situación no es nueva. Desde hace varios años el Ministerio Público funciona bajo mecanismos de subrogación previstos por la legislación vigente. Sin embargo, recientes decisiones administrativas adoptadas por Ferrero, especialmente algunos traslados de fiscales que investigaban causas de alta sensibilidad pública, reactivaron la discusión sobre la necesidad de dotar a la institución de una conducción permanente.

La Constitución de la República establece que la designación del Fiscal de Corte requiere una mayoría especial de tres quintos del total de componentes de la Cámara de Senadores. Esto implica reunir al menos 23 votos de los 31 integrantes del cuerpo.

La exigencia constitucional obliga a que la designación surja de acuerdos entre oficialismo y oposición. Sin embargo, hasta el momento no existe consenso político suficiente para concretar el nombramiento.

La administración encabezada por el presidente Yamandú Orsi propuso al fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, para ocupar el cargo. Paralelamente, se manejó la posibilidad de que Mónica Ferrero fuera considerada para integrar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), dentro de un esquema más amplio de negociaciones institucionales.

No obstante, la propuesta no logró generar los apoyos necesarios y el proceso permanece estancado. En las últimas semanas el Frente Amplio volvió a insistir en la necesidad de alcanzar un acuerdo político que permita designar un Fiscal de Corte titular.

El presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, sostuvo que el sistema político debería preocuparse por algunas decisiones recientes adoptadas en la Fiscalía General de la Nación, particularmente los cambios de fiscales que investigaban expedientes de relevancia pública. Entre los casos mencionados figura el traslado del fiscal Alejandro Machado, quien se desempeñaba en Delitos Económicos y Complejos y tenía a su cargo investigaciones vinculadas al denominado caso Cardama, la denuncia relacionada con la destrucción de documentación sobre el pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset, además de otras causas de alto perfil.

Para Pereira, la preocupación trasciende el plano partidario y debería ser compartida por todo el sistema político. Según señaló, cuando se producen modificaciones en investigaciones sensibles resulta necesario extremar los cuidados institucionales para evitar cuestionamientos sobre la continuidad y estabilidad de los procesos.

Al mismo tiempo, aclaró que el Frente Amplio no sostiene que se haya cometido ninguna irregularidad ni que se hayan violado normas vigentes, aunque entiende que determinadas decisiones pueden generar incertidumbre en la opinión pública.

El dirigente frenteamplista reiteró que la posición histórica de la fuerza política ha sido impulsar la designación de un Fiscal de Corte con respaldo parlamentario suficiente para fortalecer la legitimidad institucional de la Fiscalía General.

“Desde antes de asumir el gobierno entendíamos que había que designar un fiscal que tuviera mayoría parlamentaria y que no podíamos seguir con subrogancias sucesivas”, expresó.

La exigencia constitucional obliga a que la designación de un nuevo Fiscal de Corte surja de acuerdos entre oficialismo y oposición

Las diferencias sobre Mónica Ferrero

El debate sobre la conducción de la Fiscalía también dejó al descubierto diferencias respecto al futuro de Mónica Ferrero.

Mientras algunos sectores entienden que la actual fiscal subrogante debería continuar al frente de la institución de forma definitiva, otros consideran que resulta necesario promover una nueva figura que pueda reunir mayores consensos políticos.

Pereira reconoció que el Frente Amplio respalda institucionalmente la gestión de Ferrero mientras permanezca en funciones, pero señaló que eso no impide cuestionar determinadas resoluciones que consideran equivocadas o inconvenientes. En ese marco, volvió a mencionar los cambios de fiscales en causas sensibles como uno de los elementos que alimentan la discusión política.

Dentro del oficialismo también surgieron planteos específicos sobre la situación de la Fiscalía. La Dirección Nacional de la Vertiente Artiguista emitió recientemente una declaración en la que manifestó preocupación por la prolongada interinidad en la conducción del organismo. El sector sostuvo que resulta necesario alcanzar acuerdos políticos que permitan designar tanto un Fiscal General titular como su correspondiente subrogante a través de los mecanismos establecidos por la normativa vigente.

Según la declaración, la falta de definiciones genera incertidumbre en una institución considerada fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia. Asimismo, la Vertiente Artiguista expresó inquietud por los recientes traslados de fiscales encargados de investigaciones complejas, advirtiendo que esos movimientos pueden afectar la continuidad de los expedientes y provocar retrasos en procesos de especial relevancia pública.

El sector considera que preservar la estabilidad de los equipos fiscales constituye un elemento clave para garantizar la eficacia de las investigaciones. Además, propuso revisar algunos aspectos de la legislación vigente con el objetivo de recuperar mecanismos de designación de fiscales interinos basados en criterios considerados más objetivos e imparciales.

El respaldo de la oposición a Ferrero

Desde la oposición, en cambio, la evaluación es diferente. El senador nacionalista Pablo Abdala afirmó que para el Partido Nacional la discusión sobre la conducción de la Fiscalía se encuentra cerrada. En declaraciones a Diario La R, el legislador señaló que Mónica Ferrero cuenta con el respaldo y la confianza de su colectividad política. “Entendemos que es una excelente fiscal de Corte y una excelente funcionaria”, sostuvo.

Abdala indicó que actualmente el Partido Nacional no participa de negociaciones para designar un nuevo titular de la Fiscalía General y que el tema no forma parte de eventuales acuerdos institucionales vinculados a otros organismos del Estado.

El senador recordó además que existe un mecanismo legal que asegura la continuidad de la institución mientras no se alcance una mayoría parlamentaria suficiente para efectuar una designación definitiva. A su juicio, la situación actual no genera consecuencias jurídicas ni afecta la validez de las actuaciones del Ministerio Público. Consultado sobre la posibilidad de formalizar a Ferrero como titular permanente, manifestó que el Partido Nacional acompañaría una iniciativa en ese sentido, aunque consideró que esa no parece ser la orientación del gobierno.

Abdala también se refirió a la controversia generada por el traslado del fiscal Alejandro Machado. Según expresó, muchas de las críticas formuladas inicialmente perdieron sustento a medida que se conocieron detalles sobre el proceso que derivó en el cambio de funciones. El legislador sostuvo que atribuir motivaciones políticas a las decisiones adoptadas por Ferrero implica cuestionar su honorabilidad profesional y personal.

Asimismo, recordó que tanto el presidente de la República como otras autoridades del Poder Ejecutivo habían expresado anteriormente respaldo y reconocimiento hacia la labor desarrollada por la actual fiscal subrogante. Por esa razón, consideró que algunos cuestionamientos recientes provienen principalmente de determinados sectores políticos y no contribuyen al fortalecimiento institucional. Desde, el Partido Colorado, el secretario general de esa colectividad, Andrés Ojeda, promovió formalmente dentro de la Coalición Republicana la posibilidad de respaldar la continuidad de Ferrero hasta el año 2030. La iniciativa busca otorgar estabilidad a la conducción de la Fiscalía General y evitar que la discusión continúe prolongándose indefinidamente en el Parlamento.

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