La Ley 13.728 “Plan Nacional de Viviendas” aprobada en 1968 es la reglamentación que da marco y regula al sistema cooperativo de vivienda en Uruguay. A través de la misma, el Estado posee los instrumentos necesarios para favorecer la construcción de hogares cooperativos.
Una de las herramientas que se creó mediante esta legislación fue un mecanismo por el que el Estado recaudaría el dinero necesario para prestarle a los grupos que soñaban con poder acceder a una casa propia, denominado Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). El mismo se financiaba con dos impuestos, uno que pagaban los trabajadores y otro los empleadores, que debían ser igual al dos por ciento de la masa salarial nacional.
La finalidad de este artilugio, según marca la Ley, era contar con la plata necesaria para fomentar la construcción de moradas, lo que permite que el fomento del acceso a la misma no dependa de la voluntad política de cada Gobierno como sucede en la actualidad.
Esto funcionó tal cual lo marca la norma durante 10 años, producto de que en 1978 el gobierno de facto realizó una reforma tributaria. Posteriormente, durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) se intentó reflotar, aunque pasó a depender de las discusiones presupuestales. Hasta que en 2002, cuando se produjo la crisis económica producto de la insolvencia financiera, el Fonavi tenía en sus arcas 100 millones de dólares que fueron utilizados para “rescatar” a los banqueros. A partir de este hecho, nunca más pudo reconstruirse ni ayudar a abatir el déficit habitacional que hoy ronda las 70.000 viviendas.
Por este motivo, en 2016 la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) comenzó a elaborar un proyecto para reconstruir este Fondo para el que se utilizó el diseño previsto en la Ley 13.728. Daniel Olesker, uno de los técnicos que trabajó en ese diseño, dijo a Diario La R que para ello se calculó el dos por ciento de la masa salarial y se lo comparó con la inversión final de 2017.
“El dos por ciento de la masa salarial eran 140 – 150 millones de dólares superiores a lo que estaba invirtiéndose en promedio en ese quinquenio. Así que ahí definimos la existencia de un Fondo y el monto, pero se dio la discusión de si era lógico mantener la idea del financiamiento a través de un impuesto sobre la masa salarial. Nosotros desechamos esa idea porque Uruguay ya tiene un impuesto, cosa que no había en 1968 ni en 1978, a la masa salarial que es el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) que incluye la masa salarial, pero también incluye utilidades, depósitos bancarios y honorarios profesionales. Por lo tanto, no tenía sentido incorporar un adicional a esa imposición”, recordó.
Luego de mucha discusión, el equipo que trabajó en este boceto concluyó que el Fonavi debía pasar a financiarse con impuestos derivados de las personas que tienen resuelto el problema de la vivienda. Así fue como surgió la idea de gravar el Impuesto al Patrimonio.
De esta manera se llegó a un proyecto que fue presentado en 2017 en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) en el marco del Día Mundial del Hábitat que se celebra el primer lunes de octubre de cada año. “El patrimonio es un impuesto que recauda muy poco. Su recaudación total son 650 millones de dólares en una recaudación un poco arriba de los 14.000 millones de dólares, lo que representa un 4,6 por ciento. En Uruguay el 50 por ciento lo recauda el Impuesto al Valor Agregado (IVA), después viene el IRPF y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), y recién después allá abajo está el Impuesto al Patrimonio”, puntualizó.
En definitiva, el planteo de Fucvam recoge que el Fondo sea independiente, sea equivalente a lo que daría el dos por ciento de la masa salarial -aunque el monto es lo que sería equivalente al dos por ciento de la masa salarial- y se financie con una sobre cuota del Impuesto al Patrimonio más lo que proviene de Rentas Generales.
Desde 2020, con un Parlamento que hacía unos meses que había asumido y la primera etapa de la pandemia del Coronavirus, Fucvam le presentó a las bancadas su proyecto. Así fue como los senadores frenteamplistas Olesker (quien el 6 de diciembre del año pasado renunció a su escaño para pasar a ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Asuntos Sociales del Frente Amplio), Oscar Andrade y Alejandro Sánchez elaboraron un proyecto de ley que en octubre del año pasado ingresó a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la cámara alta.
Andrade, en diálogo con Diario La R, dijo que la creación de este bosquejo de ley fue darle texto a un viejo reclamo de la Federación porque “el presupuesto asignado a vivienda hoy no alcanza el dos por ciento que marca la Ley de 1968”. Además, sostuvo que el problema de la falta de hogares, el hábitat y el ordenamiento territorial son transversales a otras cuestiones y que si bien no es la única área en la que hay que trabajar el tema de los recursos, hay un amplio consenso de que sin recursos más potentes este tema no puede resolverse.
El legislador comentó haber realizado “una estimación en la que el Fonavi pasaría de una ejecución de los 250 millones de dólares a los 420 millones de dólares. O sea, el impacto del punto de vista del porcentaje de incremento de los recursos no es marginal, sino potente”, explicó.
“Nos parece que la medida no genera ningún problema desde el punto de vista de la capacidad contributiva de los sectores a lo que estamos exigiéndoles un adicional porque la aportación del Impuesto al Patrimonio hoy está constituido mayoritariamente por personas jurídicas, esto es empresas que no tributan por el literal L del IRAE. O sea, son empresas que tienen que haber tenido una rentabilidad superior a cuatro millones de unidades indexadas (UI). Claramente, no hablamos de las micro y pequeñas empresas (mypes), sino que el grueso del aporte sería de empresas que tienen una rentabilidad bastante importante y que su tasa de Impuesto al Patrimonio hoy sobre el patrimonio fiscal -que tiene un montón de exoneraciones- iría de un 1,5 a 1,8 aproximadamente”, agregó.
El senador comunista, que además se desempeña como vicepresidente de la Comisión que trata el tema en el Senado, detalló que el comité recibió a una delegación de Fucvam el 3 de mayo para escuchar sus argumentos, organización que desde este año se encuentra en campaña “Por un verdadero Fondo Nacional de Vivienda”.
Respecto al debate que espera, subrayó que no aguardar un reclamo de parte de los contribuyentes al Impuesto al Patrimonio -por más que es un porcentaje mínimo de la población- sería de una gran ingenuidad.
“En su momento, el ex Presidente José Mujica quiso hacer con el Plan Juntos una lógica de decir vengan y aporten voluntariamente. No funcionó. Tengo claro que hay sectores que van a resistir ser parte de la salida a las problemáticas de la vivienda. Ahora, también me parece que la política no avanza sino se enfrentan determinados privilegios. Muchas veces construir derechos es tocar determinadas medidas y en este caso ninguna de las medidas que están arriba de la mesa son medidas que coloquen en riesgo la viabilidad económica ni social, ni son imposibles de defender”, acotó.
Para Andrade, la clave se encuentra en posicionar el tema en la agenda para que se genere una base que haga que el proyecto se vote y apruebe en esta legislatura o para que en la siguiente no sea un tema secundario. Respecto a la posición de los legisladores oficialistas, señaló que aún nadie se ha expresado sobre el mismo. “Depende mucho también de cuánto se acumula socialmente. Nos pasó en la experiencia de proyectos que arrancaron con muy poco respaldo político, cuando debatimos por ejemplo la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial que una cosa era el arranque del debate en frío y otra cosa cuando tenías medio millón de firmas, movilizaciones, debate público general, etc. Todo eso juega. Quizás la parte más importante sea fuera del Parlamento que dentro del mismo”, finalizó.
