Dos oenegés, entre ellas Amnistía Internacional, denunciaron una cifra inquietante para los derechos humanos: Teherán ejecutó, en una sola semana, a 32 prisioneros, y en un único día, a tres mujeres acusadas de asesinar a sus maridos, todas ellas víctimas de matrimonios forzados.
Los enjuiciamientos corresponden a la «ola horripilante» de ejecuciones de Irán de este año, y suponen un «ataque aborrecible» al derecho a la vida, según el comunicado que el Centro Abdorrahman Boroumand para los derechos humanos en Irán firmó junto a Amnistía Internacional.
«Si las ejecuciones continúan a este ritmo, superarán la cifra total de 2021, que fue 314», denunciaron las organizaciones. De momento, en 2022 se han llevado a cabo 251 ajusticiamientos, y 146 han sido por condenas de asesinato.
La cifra, sin embargo, está marcada «por un patrón de juicios injustos»: al menos 86 de los condenados fueron ejecutados por delitos relacionados con la legislación sobre estupefacientes que, «según el derecho internacional, no deberían ser punibles con la pena de muerte».
Además, las organizaciones de derechos humanos señalaron que Irán ejecuta a más mujeres que cualquier otro país, y la mayoría fueron declaradas culpables de asesinar a sus maridos. Tal es el caso de Soheila Abadi, de 25 años de edad, que fue condenada por matar al hombre con el que se casó 10 años antes.
En aquel momento, Abadi era menor de edad, y tenía solo 15 años. Contrajo matrimonio con él por la fuerza. El juzgado que la condenó determinó que el motivo del crimen fue «una disputa familiar».
Otras dos mujeres sufrieron un destino parecido por el mismo crimen, tras juicios descritos como «injustos» por las organizaciones de derechos humanos. Según la BBC británica, grupos de activistas afirman que muchos de los casos de asesinato suceden tras varias denuncias de violencia doméstica, pero los juzgados iraníes no lo toman en cuenta.
«Este aumento de las ejecuciones, especialmente en público, demuestra una vez más que Irán está desfasado con respecto al resto del mundo, mientras que 144 países rechazan la pena de muerte en la ley o en la práctica», lamenta Roya Boroumand, directora ejecutiva del Centro Abdorrahman Boroumand.
