En un hecho histórico que marcó un límite inédito en su presidencia, el Congreso de la Nación Argentina le propinó a Javier Milei su primera gran derrota legislativa al rechazar, con una abrumadora mayoría de 63 votos a favor y apenas 7 en contra, su veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La respuesta del Presidente no fue el acatamiento, sino una amenaza cumplida: judicializar la voluntad democrática. Esta decisión, más allá de los tecnicismos legales esgrimidos, expone una concepción del poder que ve en la organización de la dignidad una amenaza a su modelo.
Un veto derrotado, una estrategia confirmada
Desde la Casa Rosada siguieron de cerca la votación y, de inmediato, confirmaron el plan de acción. Fuentes oficiales anunciaron que la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro trabajan en el texto que presentarán ante la justicia en los próximos días. El objetivo es claro y contundente: “dejar sin efecto los aumentos de recursos” que establece la ley y evitar su cumplimiento.
El argumento es un mantra que el Gobierno ha repetido en otros frentes de conflicto: la Ley de Administración Financiera. Alegan que la norma, al implicar gastos, no especifica la fuente de financiamiento. Un tecnicismo que el Ejecutivo esgrime para deslegitimar una decisión parlamentaria de amplio consenso. Como lo había anticipado el propio Milei: “Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”.
El revés ético: coimas vs. prestaciones
La escena adquiere un tinte aún más oscuro cuando se la observa a la luz del escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Audios que involucran al exdirector Diego Spagnuolo y a Karina Milei, hermana del Presidente, en presuntos pedidos de coimas a laboratorios, pintan un cuadro de supuesta corrupción en el organismo encargado de ejecutar las políticas que el Gobierno ahora se niega a financiar.
Frente a esto, la ley reinstalada no es una mera declaración de principios. Contempla actualizaciones de aranceles, regularización de pagos atrasados a prestadores y la compatibilización de pensiones con el empleo formal. Es una red de contención urgente para una población en situación de vulnerabilidad. Judicializarla es, en esencia, blindarse ante el dolor con argumentos contables y negar una deuda estructural.
¿Libertad o autoritarismo? La paradoja libertaria
El modelo que defiende Milei se autopercibe como una cruzada contra “la casta”. Sin embargo, en este caso, la “casta” parece ser el Congreso que vota mayoritariamente a favor de los discapacitados, el sistema de salud que los atiende y las propias personas que exigen sus derechos. La judicialización revela una paradoja fundamental: un presidente que se proclama defensor de la libertad individual busca anular, mediante una herramienta legal la libertad legislativa cuando esta lo contradice.
Esta no es una disputa aislada. Es el quinto veto de Milei en menos de dos años, pero el primero que el Congreso logra revertir. Es también parte de un patrón pues la oposición ya ha anulado cinco decretos de necesidad y urgencia (DNU) que buscaban desarticular organismos clave como Vialidad, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. La judicialización se consolida como la herramienta predilecta de un Ejecutivo que, al carecer de sustento parlamentario, intenta torcer por la vía judicial lo que no puede lograr en el ámbito de la política.
El verdadero modelo de país
La pulseada por la Ley de Discapacidad trasciende lo legal. Plantea una pregunta fundamental: ¿qué país se quiere construir? ¿Uno donde la ley sea un instrumento de cuidado y protección para los más débiles, donde el Congreso delibera y el Ejecutivo acata? ¿O uno donde el poder judicial se convierta en la última trinchera para validar el ajuste, utilizado por un Ejecutivo que no acepta límites a su voluntad?
Con las elecciones bonaerenses de fondo que se celebran este domingo 7 de septiembre y en un clima de creciente volatilidad, Milei busca mostrar un gesto de autoridad. Pero al elegir judicializar la dignidad, el mensaje que envía es el de un poder que busca someter toda resistencia a su lógica única. El costo, una vez más, lo pagan los que menos tienen. Así, se consolida un gobierno al servicio de los ricos y los grandes capitales, nacionales y foráneos, que avanza en la destrucción de jubilaciones, pensiones, salud y educación pública, y cultura, mediante un programa de ajuste que poco tiene de política económica y mucho de timba financiera. Un guion tristemente conocido, que repite las desgracias de Martínez de Hoz, el modelo antipopular del menemismo y el desastre macrista. No hay nada nuevo bajo el sol, solo mayor concentración de la riqueza y más desigualdad y marginación para las clases medias y los trabajadores.
Lo más trágico es que hay quienes le dan la razón a Javier Milei, incluso in tener idea de lo que se está hablando. Y no solamente burros sino políticos de estirpe. Y hablo de nuestro país. Porqee, razonan, si lo hace Milei está bien. El modelo que suspiran por imponer en Uruguay. 63 a 7 es una derrota que no admite ningún análisis. Pero el presidente argentino quiere que se siga jugando ahora, en los tribunales. Esto tiende a resolverse con un golpe de estado de Milei -obvio- o que lo rajen. Por menos de esto en Ecuador sacaron a Bucaram, porque estaba loco.