La Justicia de Córdoba inició un sumario administrativo contra la fiscal Jorgelina Esther Gutiez y tres ayudantes fiscales por presunto “ejercicio negligente” en el tratamiento de las denuncias que involucraban a Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo acusado de asesinar a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio.
Según informó el medio argentino La Voz, la investigación interna encontró “elementos suficientes” para avanzar en el procedimiento disciplinario contra Gutiez y los ayudantes Carlos Ayrolo, Denisa Díaz y María Cecilia Guzmán, quienes intervinieron en distintas fases del caso desde 2023.
El informe atribuye a los cuatro funcionarios acciones que podrían constituir negligencia, falta de responsabilidad laboral y un impacto negativo en el prestigio de la administración de Justicia.
Ayrolo y Díaz no habrían impartido órdenes ni exigido el cumplimiento de directivas “en tiempo oportuno y con la premura del caso”.
Tampoco habrían solicitado a la fiscalía de Gutiez medidas para avanzar en la investigación inicial.
En el caso de Gutiez, se le reprocha no haber dispuesto medidas de instrucción, no derivar las actuaciones a la Fiscalía de Violencia de Género y no advertir los indicadores de gravedad que surgían de la denuncia.
Actuación tras la detención de Laurta en 2024
El sumario también revisa los hechos relacionados con un siniestro vial protagonizado por Laurta el 9 de enero de 2024, que derivó en su detención y un mes de privación de libertad.
El 8 de febrero, Gutiez ordenó su libertad, con condiciones para mantenerla. Sin embargo, el informe sostiene que la fiscal no dispuso directivas ni tomó injerencia para continuar la investigación, pese a que el imputado enfrentaba cargos por desobediencia a la autoridad y violación de domicilio, tras presentarse en casa de la madre de su hijo a pesar de una restricción vigente.
Nueva denuncia de Luna Giardina en 2025
El sumario también aborda lo ocurrido en febrero de 2025, cuando Gutiez fue notificada de una nueva denuncia presentada por Luna Giardina contra Laurta.
Según el documento, la fiscal “no habría impartido directivas ni tomado injerencia alguna” para continuar la investigación, lo que generó un período de inactividad desde el 27 de febrero.
Fuentes judiciales sostienen que las actuaciones ahora cuestionadas ocurrieron más de un año y diez meses antes del doble femicidio, por lo que consideran que no era posible prever un desenlace de tal gravedad.
También señalan que la detención de Laurta en 2024 respondió a una violación de restricción y que no existían señales de alarma que anticiparan la escalada de violencia.
El informe disciplinario concluye que la fiscal Gutiez habría actuado de manera “negligente y carente de responsabilidad”, incumpliendo sus deberes funcionales y sin ajustarse a los protocolos y normativas vigentes para casos de violencia de género.
